Más Información
El deficiente sistema penitenciario de Nuevo León ha permitido durante años que los grupos delictivos se coronen como los reyes del control y la integridad de quienes habitan en los centros de reclusión. Al ingresar al Centro de Reinserción Topo Chico, las personas son advertidas del costo: o pagan en efectivo o con su vida.
La entidad tiene tres penitenciarías: el Centro de Reinserción Topo Chico, localizado en la ciudad de Monterrey, y dos ubicados en municipios periféricos: el Centro de Reinserción Apodaca y el de Cadereyta. La vulnerabilidad provocada por la precaria supervisión de los penales, la baja inversión en su operación y la sobrepoblación han dado la oportunidad a las mafias de manejar a su antojo cada espacio y elemento, principalmente de los penales de Topo Chico y Apodaca.
El testimonio de una madre que pide el anonimato, por seguridad, describe cómo desde que su hijo entró a Topo Chico, líderes del grupo de Los Zetas le pusieron una cuota semanal para poder respetar su vida.
El pasado 27 de marzo un amotinamiento en el penal de Cadereyta —que se extendió durante dos días— dejó un saldo de cuatro personas muertas y 29 lesionadas. Quemando colchones que provocaron que diversas zonas del penal se incendiaran, los internos exigían a las autoridades mayor cantidad de comida y que se retire la revisión con rayos X a los familiares que los visitan.
El 15 de marzo circuló un video en las redes sociales, en el que se apreciaba a un grupo de internos siendo abusado por otro en un reclusorio del estado.
Los hombres sometidos eran obligados a limpiar el piso con trapos, vistiendo una diminuta lencería de mujer, a la vez que eran insultados y empujados por el grupo dominante.
Luego se informó que el hecho sucedió en el penal de Apodaca, cuando integrantes de Los Zetas agredían a uno de sus rivales del Cártel del Noreste (CDN), Daniel Valencia Treviño, El Muletas, quien fue detenido el 24 de febrero.
Los centros penitenciarios de Nuevo León han sido escenario de cruentas batallas entre Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG), incluso de miembros del mismo grupo delictivo, quienes pelean el control del dinero obtenido por extorsiones, venta de droga y de beneficios.
En una riña suscitada entre integrantes de Los Zetas y del CDG en febrero de 2012, en el penal de Apodaca resultaron 44 internos muertos y 30 más se fugaron.
En el penal de Topo Chico se encendió la alarma en septiembre de 2015, cuando se registró una disputa en la que se reportó la muerte del líder zeta Mario Alberto Roldán Zúñiga, El Fresa, y 11 internos resultaron heridos.
La violencia regresó al mismo penal el 11 de febrero de 2016, cuando en un enfrentamiento entre bandas rivales de Los Zetas resultaron 49 internos muertos y 12 lesionados.
El 2 de junio de ese mismo año, la disputa por el control del penal llevó a integrantes del CDN a asesinar al líder zeta Javier Orlando Galindo Puente, El Maruchan.
Las autoridades informaron que los miembros del CDN le quitaron la vida a El Maruchan, buscando dejar como líder del penal a Fernando Aguilera Hernández, El Pelón Fantasy.
En el enfrentamiento hubo dos muertos más y 14 heridos. En otro enfrentamiento, en octubre, se reportó un muerto y ocho lesionados.
Fuentes cercanas a la operatividad de los centros de reclusión estiman que alrededor de 20% de los internos forma parte de un grupo del crimen organizado.
Aseguraron que aunque los grupos de la delincuencia se han ido diversificando, son Los Zetas y el CDN los que tienen el control.
En una recomendación emitida el 29 de noviembre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se declara que en Topo Chico predominan deficiencias, “entre las que destacan el autogobierno, privilegios, objetos y sustancias prohibidas, situaciones relacionadas con el insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia, el hacinamiento, la sobrepoblación, la deficiente o nula clasificación de los internos y las condiciones inadecuadas para los hijos de las internas, la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos”.
El documento detalla que dichos factores han propiciado ambientes de violencia que afectan las condiciones que permiten garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en febrero de 2016 el penal de Topo Chico, cuya capacidad es 3 mil 635 personas, contaba con 3 mil 984 internos, entre ellos, 480 mujeres. En esa ocasión había en servicio 49 elementos de seguridad para todo el centro y sólo tres directamente en la zona de conflicto.
En marzo de ese año la plantilla de custodios aumentó a 310 distribuidos en tres turnos, conformado de la siguiente manera: tres oficiales, 11 suboficiales, 11 policías custodios primero, 17 policías custodios segundo, 22 policías custodios tercero y 246 policías custodios.
El organismo describió que en esa fecha los servidores públicos en la institución eran los siguientes: un alcaide, un subdirector jurídico, dos subinspectores, un representante de la Subdirección de Reinserción Social, un coordinador administrativo, 46 abogados, nueve analistas, tres asistentes, 22 auxiliares, ocho capturistas, cuatro choferes, un consejero de la Sala Superior, ocho criminólogos, un dentista, cinco encargados, 22 enfermeros, 16 jefes de departamento, 12 médicos, tres sicólogos, dos siquiatras, un recepcionista, 17 secretarias, tres supervisores técnicos operativos, un técnico radiólogo y cinco trabajadoras sociales.
“Tomando en cuenta el promedio de internos de la población total del centro, entre uno y otro evento, Topo Chico debía contar con 759 elementos aproximadamente, lo que evidentemente no sucedió, afectándose el adecuado [funcionamiento]”, señaló el reporte.
La CNDH registró que en abril de ese año la población interna disminuyó a 3 mil 625: 3 mil 197 hombres y 428 mujeres.
El 3 de junio de 2016, indicó el organismo, seis internos fueron llevados al Cefereso de Almoloya de Juárez, Estado de México; 15, al de Hermosillo, Sonora; 15, al de Ocampo, Guanajuato, y 13, al de Miahuatlán, Oaxaca, por lo que la población en Topo Chico bajó a 3 mil 610 reos.
No existen cifras exactas por parte del gobierno estatal, pero el informe de la CNDH precisa que el Centro de Reinserción Social Apodaca tiene capacidad para mil 522 internos y alberga a mil 958, mientras que el penal de Cadereyta cuenta con mil 992 y da cabida a 2 mil 13.
A nivel nacional, la CNDH tiene registrada una población penitenciaria de 251 mil 512 personas en 389 centros penitenciarios: 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres.
De éstos, existen 80 mil 677 procesados y 122 mil 549 sentenciados por delitos del fuero común; también hay 24 mil 800 procesados y 23 mil 486 sentenciados por delitos del fuero federal.
En 17 centros federales hay 24 mil 620 internos, mientras que en 372 administrados por autoridades locales se albergan a 226 mil 892.
Martín Sánchez Bocanegra, director de RENACE, organización dedicada a brindar apoyo integral a los internos en la búsqueda de la reinserción social, aseguró que en los penales del estado impera el autogobierno.
“Quien controla los reclusorios son los internos, y esto genera situaciones de inseguridad, al personal, pero sobre todo a los internos. Una inseguridad, que es lo más importante que se debe evitar y más básico en un centro penitenciario, y aquí no está garantizada la vida”, indicó.
Sánchez Bocanegra consideró que la problemática del sistema penitenciario viene arrastrándose desde hace más de 20 años. “Los gobiernos han mantenido una tendencia al descuido de los centros penitenciarios y a bajar la inversión de cada administración”, dijo.
Los penales están prácticamente abandonados, añadió Sánchez Bocanegra, al no contar con infraestructura adecuada para la función que deben de cumplir, principalmente el de Topo Chico. Dijo que otro factor importante es el poco personal de seguridad, puesto que pocas personas ven atractivo emplearse en un lugar donde no se tienen las condiciones profesionales, “de pago e incentivos que motiven a la gente a contratarse”.
En un comunicado de prensa emitido el 9 de diciembre de 2016, la CNDH lanzó un llamado a las autoridades estatales con el título Las imperantes condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e insuficiencia de personal penitenciario derivaron en hechos de violencia en que perdieron la vida 52 internos en Topo Chico, Nuevo León.
El organismo nacional emitió una recomendación a Rodríguez Calderón para que se atiendan las deficiencias señaladas y se desarrolle una estrategia penitenciaria que favorezca el pleno respeto de los derechos humanos y prevenga su vulneración.
De nuevo apuntó las carencias en el penal de Topo Chico, como son la existencia de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, y destacó la pobre cantidad de custodios para garantizar la seguridad entre la población penitenciaria.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de 2015, Nuevo León resultó con una calificación de 5.66; el Centro de Reinserción Social Apodaca obtuvo 5.85; el de Cadereyta 5.9, y Topo Chico 5.24.
El reporte mostró un comparativo de 2006 a 2015, que muestra que los penales de Nuevo León pasaron de una calificación de 7.27 a 5.66.
En un estudio del gobierno del estado realizado en 2014 para apoyar el Programa Administración Penitenciaria y Reinserción Social se describe que la sobrepoblación es “el problema como origen de que la entidad se caracterice por un ambiente de inseguridad y reincidencia delictiva, asociado a un sistema penitenciario que no puede garantizar la custodia segura y reinserción social de los internos”.
Manifiesta que la población interna del sistema penitenciario se caracteriza porque la tasa de internamiento es de 218 vinculados por cada 100 mil habitantes, lo que representa, de acuerdo con la capacidad institucional establecida, una sobrepoblación de aproximadamente 50% —6 mil 108 camas contra 9 mil 170 internos—, con una tendencia de crecimiento anual de 25%, que significa más de 3 mil procesados al año, con una temporalidad de estancia, en promedio, de un año y seis meses.
“Tal problema de fondo genera, a su vez, que la infraestructura penitenciaria presente problemas de deterioro, insalubridad, obsolescencia, hacinamiento y sobrepoblación; y la utilización de las instituciones penitenciarias se encuentre determinada únicamente por la necesidad de albergar internos, sin mostrar una visión sistémica que privilegie el trabajo en equipo, la clasificación, la disciplina, el control y gobernabilidad institucional.
“Estas situaciones también tienen consecuencias que representan las causas ‘inmediatas’ del problema central que se pretende resolver a través del programa: se dificultan las acciones de vigilancia, custodia, clasificación y tratamiento para la reinserción social; y se dificulta el cumplimiento de mandatos judiciales de privación de libertad”, indica el escrito.
La presidenta de la Asociación Promoción de Paz, Consuelo Bañuelos, consideró que un factor importante por el que en el Centro de Reinserción de Cadereyta existen menos hechos violentos es la prohibición del manejo de dinero en el interior: “Porque no hay dinero, el punto es el dinero, creo yo. Sin embargo, no han podido meter el sistema en los otros dos penales, aunque ya están listos, pero los internos promueven amparos contra la prohibición del uso de efectivo al interior, para que no les pongan ese sistema de tarjeta”.
El 1 de marzo se nombró como director del penal del Topo Chico a Ricardo Tejeda de Luna, quien anteriormente había sido cuestionado en su desempeño en otros penales del país.
El director de RENACE señaló que el actual gobierno no cumple con la Ley de Ejecución de Sanciones, que obliga a brindar comida, servicio médico, de educación y recreativo.
“Entendíamos, cuando llegó el gobierno del estado, que le habían dejado las cosas totalmente destruidas, pero pasó un año y cuatro meses y las cosas siguen igual”, criticó.
La Ley de Egresos del gobierno estatal define que para 2017 se ejercerán 675 millones 290 mil 484 pesos en los centros penitenciarios.
Sánchez Bocanegra indicó que esa inversión es aproximadamente 30 millones menos que la de 2016. “Se necesita un rediseño total de los reclusorios e invertir, y claro, pedir el apoyo de la Federación para poder cambiar eso, pero si no le invierten ellos [el gobierno estatal], ¿con qué cara van a pedirle a la Federación que le invierta?”, comentó.
