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La llamada guerra contra el narco, declarada por el ex presidente Felipe Calderón, acumuló miles de homicidios dolosos, producto de un ataque frontal a los cárteles de la droga. Sin embargo, capos y sicarios de esas organizaciones criminales no resultaron afectados cuantitativamente durante su administración, tampoco en lo que va de la de su sucesor, el presidente Enrique Peña Nieto.
En ese contexto, los rifles de asalto como AR-15, AK-47, M-16 y otros calibres potentes como Barret calibre .50 (antiaérea), así como granadas, sólo representan 11.1% de los decomisos desde hace 16 años, según registros de la Procuraduría General de la República (PGR), en oficios obtenidos por EL UNIVERSAL vía Ley de Transparencia.
En el periodo 2000-2016 los aseguramientos de armas largas corresponden sólo 22.3%; es decir, 44 mil 948, frente a los 201 mil registros. No obstante, sólo 11.1% corresponden a los de alto calibre que ocupa habitualmente el crimen organizado, de acuerdo con el folio de respuesta a la solicitud de información de este diario, 0001700296916, de la PGR.
Gráfico comparativo. Armas decomisadas
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, considera que no se puede asegurar si hubo un relajamiento en los decomisos en los años recientes, pero destaca: “Lo que parece es que no hay una estrategia de combate. Debería haber acciones que traten de retirar las armas de calibre pesado a la delincuencia. Hay estrategias, pero no efectivas”.
A pesar de que aparecen numerosos registros de armas largas, se trata de rifles de caza y escopetas. Sólo 22 mil 379 armas son de alto calibre. Por ejemplo: 11 mil 232 distintos calibres de balas para cuernos de chivos; todo lo demás aparece en menores proporciones: 25 ejemplares calibre .50, cuatro AR-15 y una M-16.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar en armas largas, le siguen Michoacán y Tamaulipas, entidad que en granadas y cartuchos de balas ocupa la segunda posición.
El informe Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, publicado en 2014, señala que las organizaciones mejor armadas son, por orden de relevancia: Los Zetas, Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa, los Arellano Félix, entre otros.
2016: más violencia, menos decomisos
Miles de armas de fuego de todos los calibres inundaron el país en los últimos tres sexenios. Se traficaron vía aérea o terrestre.
Los usos son diversos en la actualidad, entre ellos: criminales involucrados en robos, cárteles haciendo frente a las autoridades, ciudadanos frente a hampones o peleas entre civiles. Y mientras el flujo de las armas continúa por las fronteras desde Estados Unidos, durante los primeros cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los decomisos de armas ilegales (cortas, largas y granadas) descendieron 80.2% en comparación con el mismo lapso del gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Es decir, poco más de 25 mil frente a las más de 146 mil desde que inició la llamada guerra contra el narco.
El año pasado fue el que tuvo menos aseguramientos de este tipo desde 2001, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, en la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) número 0001700296916. Los tres primeros lugares del pódium son ocupados por la Ciudad de México, Baja California y Jalisco.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2016 fue el año más violento —en lo que va de este sexenio—, con 12 mil 806 denuncias al Ministerio Público en todo el país por homicidio doloso con arma de fuego, además de 6 mil 709 lesiones intencionadas producto de impacto de bala.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), explica que el crecimiento de la violencia tiene que ver con este tráfico, pero se habla de otras constantes también: “Son varios factores, no sólo es el tráfico de armas, que sí tiene un papel importante. En el ONC hemos insistido en que no hay una eficiencia a la hora de establecer políticas públicas que atiendan el problema de fondo”.
“México es un punto geográfico estratégico: nuestro país tiene de vecino a un gran productor de armas y nosotros tenemos un mercado muy apetecible encabezado por el crimen organizado. No sólo es tráfico de drogas, también son las armas”, señaló la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez Juárez, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, quien afirma que un problema medular es la omisión de los tres órdenes de gobierno.
Decomisos y homicidios dolosos
Desde 2009 los operativos para decomiso de armas tuvieron un incremento abrupto, ello en gran parte por la guerra contra el crimen que el entonces presidente Felipe Calderón comenzó. Ese año fue en el que más armamento se confiscó, cerca de 98 mil 432 piezas; es decir, 48.9% del total de los últimos 16 años. Desde el año 2000 han asegurado más de 201 mil armas, de las cuales 21.9% son largas, 35.9% cortas, 2.9% granadas y el resto no está especificado.
El oficio detalla que las pistolas de calibre .22 son las más traficadas, con 11 mil 581 en 16 años. Le siguen las armas tipo carabina y rifles de tiro y caza .22 long, con 8 mil 919 piezas. En tercer lugar se vuelven a situar las armas cortas calibre 9 mm, con 6 mil 916.
Durante estos cuatro años de la actual administración se han retirado 14 mil 16 armas cortas, 11 mil 86 de alto calibre y 242 no especificadas. En el mismo lapso, pero de la gestión de Calderón, se decomisaron 146 mil 52 piezas. Es decir, descendieron los decomisos al mismo tiempo que se elevó la violencia cometida con armas de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el incremento de homicidios de 2015 a 2016 ha sido alarmante: de 17 mil 34 subieron a 20 mil 789, situándolo como el tercer año más agresivo, sólo detrás de 2011, con 22 mil 852 casos, y 2012, con 21 mil 736.
Del armamento decomisado hace 12 meses, según el SSNSP, casi 2 mil armas cortas y largas fueron relacionadas con delitos como el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El especialista Francisco Rivas afirma que aunque se trate de un tema que es en gran parte responsabilidad del gobierno federal, la importancia que se aplica corresponde directamente a los calibres de los equipos decomisados, ya que cuando se trata de calibres cortos se vuelve más de importancia local y pierde fuerza al momento de trazar las campañas de desarme al crimen organizado: “Existen campañas de desarme, pero en realidad están dirigidas a gente que no va a cometer delitos, muchas de las armas que entregan son armas que incluso no sirven”.
La diputada Claudia Sánchez señala que “muchas autoridades locales se escudan en una serie de resquicios jurídicos para no intervenir en el tema de delincuencia organizada”.
Radiografía
De 2000 a 2016 la Ciudad de México se posicionó en el primer lugar de decomiso de armas, con 100 mil 610, entre cortas y largas. Le siguen Baja California, con 8 mil 348, y enseguida Jalisco, con 7 mil 456.
Después aparecen, por orden de importancia, Michoacán, Guerrero, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. Todos ellos con incidencia delictiva alta.
Las entidades que registraron menos de mil ejemplares fueron Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.
“Podemos tomar algunos casos que se consideraron de ‘éxito’ como Baja California, Chihuahua, Nuevo León: entidades que redujeron de manera sustantiva sus índices de delitos, pero en el último año han crecido. Esa sensación de que las cosas se habían resuelto en zonas del país quedó atrás”, explica Rivas.
En este contexto, afirma el especialista, hay dos vertientes: la primera obedece al decomiso a la hora de traficar las armas y la segunda al levantamiento de armamento al momento de comercializarlas ilegalmente.
“Combatir el comercio ilegal significa que tú sabes que entraron armas ilegales al país e incluso sabes dónde se comercializan.
“Los decomisos fronterizos tienen que ver con el ingreso al país y las posibilidades de la misma estructura que permite evitar. No se ven acciones para combatir las que ya entraron al país”, señala el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Rivas va más allá y considera que debería haber una responsabilidad compartida entre México y el vecino del norte: “Estados Unidos debería tener una corresponsabilidad en el tema, no sé si exista... tampoco si tenga un real interés por ella”.
