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La cifra de cadáveres sin identificar va en aumento en Guerrero. En el panteón privado La Paz, un camposanto nuevo al poniente de Chilpancingo, se estrenó en diciembre pasado el Cementerio Forense Estatal con la inhumación de 58 cadáveres, todos salidos de la morgue capitalina, donde hasta diciembre de 2016 había 547 cuerpos, sin cabida para uno más, 41% más que el año anterior, 2015, que cerró con 388 cadáveres desconocidos.
Mientras, hasta el cierre del mes de marzo de 2017 se registraron 266 cuerpos más en el frigorífico del Semefo. Es decir, que cada día llegan un promedio de 2.9 cadáveres que no pueden ser identificados.
Por eso en la morgue no hay lugar para un cuerpo más. A decir del director general del Servicio Médico Forense (Semefo) de Guerrero, Ben Yehuda Martínez Villa, en los tres refrigeradores que tienen en las instalaciones caben poco más de 100 cuerpos y aunque meten tres por gaveta no se dan abasto.
—Son tres refrigeradores en los que caben unos 100 cuerpos —dice en entrevista con este diario, sin poder precisar la cifra, en su oficina de Chilpancingo.
Cuando se le pregunta cómo los embalan si la cifra quintuplica la capacidad, dice que de dos a tres cuerpos por gaveta.
Hasta diciembre del año pasado había en la morgue capitalina 547 cadáveres sin identificar hasta que se llevaron al cementerio forense a 58. Sólo dos en esos días fueron reclamados.
Hasta 2013, la cifra de cadáveres desconocidos no tenía mayor importancia. No hay, de hecho, registro documental en el Semefo. Hay, dice el director general, averiguaciones previas por cada caso, y para dar con el número de cadáveres desconocidos se tendría que ir a cada una de ellas y hacer el recuento.
Hay, sí, número total de asesinatos desde 2011. Dice Ben Yehuda: en 2011 hubo 2 mil 511; en 2012, 2 mil 577; 2013 cerró con 2 mil 186, y 2014 con 2 mil 11. El dato cobró relevancia en el último trimestre de 2014, septiembre, cuando se entendió, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 26 y 27 de ese mes en Iguala, la magnitud de la tragedia.
Y aun entonces no se registró del todo la cifra. En 2014, dice Ben Yehuda Martínez, empezaron a aparecer cientos de cadáveres en Iguala y muchas partes del estado, pero no se llevaba un registro. O no lo tiene a la mano para consulta inmediata, porque cuando se le solicita llama al antropólogo forense Leonid Arreaga Martínez para que lo consiga. Leonid pide un momento, pero pasadas cinco horas no fue proporcionado.
Lo que sí tiene el director del Semefo son los datos de 2015, 2016 y lo que va de 2017. Están anotados en un pizarrón frente a su escritorio. Dice Ben Yehuda Martínez: “Mire, 2015 cerró con 388 cadáveres sin identificar; 2016 con 547, contando los 60, menos dos, que se fueron al cementerio forense. Y en lo que va de este 2017 tenemos 266”, dice, y trata de darle sentido a los datos anotados.
Son sólo números, sin cara ni nombre. Pero cada uno se refiere a personas cuyos cuerpos aparecieron cercenados, sin cabeza o molidos a golpes o sin alguno de sus miembros. Si acaso una media filiación que dice su estatura, alguna seña particular y, de un tiempo para acá, un registro genético.
Los datos de 2014 tampoco fueron registrados —el médico Ben Yehuda no supo proporcionar la cifra— y 2014 fue un año que marcó, no a Guerrero, sino a México en lo que se refiere a los cadáveres sin identificar, su tratamiento e inhumación, la mayoría de las veces en fosas comunes, por la desaparición, búsqueda y hallazgo de cientos de cuerpos en fosas clandestinas que permanecen sin ser identificados.
Así se hizo, por ejemplo, con 43 de los 55 cuerpos hallados en 2010 en un respiradero de una mina en Taxco que no fueron reclamados. Esos 43 cadáveres fueron depositados también en el cementerio La Paz, apilados en una fosa común y apenas el 3 de febrero pasado exhumados para hacerles estudios de genética y tenerlos preparados para verificarlos con quienes anden en busca de sus desaparecidos.
El cementerio forense está en dirección poniente de la capital, en medio de cerros y no más de una docena de casas construidas a lo largo del camino de terracería por donde se llega. Son 240 gavetas distribuidas en tres bóvedas, separadas por tres de las siete regiones del estado: Acapulco, Centro y Norte, dentro del camposanto privado La Paz, que no tiene muchos clientes. Por ahora, el número de cuerpos salidos de la morgue sin identificar supera a los difuntos que han sido enterrados en La Paz desde mediados de 2014, cuando fue inaugurado.
El proyecto, dice el director del Semefo, es que en el cementerio forense haya cabida para mil 500 cuerpos, por eso están construyendo más gavetas. Mil 500 cuerpos que nadie reclamará o que nadie habrá logrado identificar. Mil 500 cuerpos a los que nadie llevará flores. Todos, eso sí, dice, con su respectiva averiguación previa, su media filiación y su estudio de genética por si en los próximos ocho años es reclamado por alguien.
De lo contrario, dice el director del Semefo, de todos modos se exhumarán y se guardarán las osamentas en una osteoteca (espacio para colocar los huesos), que se está proyectando para estos fines aunque aún no tiene fecha definida, con el fin de que no se pierda el registro de ningún cuerpo.
Ben Yehuda Martínez muestra una placa de las que se colocan en la gavetas del cementerio forense recién ocupadas. Dice: averiguación previa TAB/ZAP/03/0203/2015, y se entiende que se trata de un homicidio ocurrido el 2 de marzo de 2015 en Acapulco. Muestra, también, desde su teléfono las fotos de las inhumaciones hechas en diciembre de 2016. Y luego saca un Protocolo de Estambul de su escritorio, un Protocolo para el Tratamiento de Identificación Forense, y dice que son tratados que ahora sí se respetan para el tratamiento de cuerpos. El Protocolo de Estambul es vigente en otros países desde hace 17 años.
En Chilpancingo, dos asesinatos diarios
La enfermera Jeany Rosado, 42 años; su esposo Nicéforo Cabrera Rojas, 43, y su hijo, un chico de apenas 13, Daniel Cabrera Rosado, no estuvieron más que un par de días en el Semefo, luego de ser asesinados a balazos en su casa en la zona poniente de Chilpancingo, tras un supuesto asalto el domingo 8 de enero. En una ciudad donde matan un promedio de dos hombres a diario —en 2016 ocurrieron 658 crímenes, según cifras del Semefo—, no deja de quitar el sueño un asesinato de esta naturaleza. No sólo lo muestran los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en enero mediante la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), donde Chilpancingo aparece como la segunda ciudad más insegura del país.
De acuerdo con la Ensu 2016 en Chilpancingo 96.2% de sus pobladores mayores de 18 años se sienten inseguros en las calles. La capital de Guerrero sólo se coloca por debajo de Villahermosa, Tabasco, donde la percepción de inseguridad es de 97.5%. El temor de los ciudadanos no sólo se refleja en los datos del Inegi. En la colonia Recursos Hidráulicos, donde vivían Jeany y su familia, es común ver viviendas de bardas altas y alambrados de cuchillas de navaja, propios de los muros de las cárceles. O casas con bardas altas y alambrados electrificados.
La casa de Jeany, donde el 8 de enero por la noche hombres armados entraron sin apuros, dispararon contra su esposo y su hijo y a ella se la llevaron para asesinarla en las afueras de la ciudad, tiene estas medidas de seguridad.
El silencio es otro signo del temor. Un vecino de Jeany asegura, por ejemplo, que no oyó nada. Dice que no se hubiera enterado del crimen si no fuera porque en la mañana del lunes le habló un amigo para preguntar qué había pasado al lado de su casa. Él respondió que no sabía. Entonces le dijeron que habían matado a una familia completa, la de Jeany Rosado Peña.
Asegura que la familia de Jeany era de lo más común: el marido, médico, venía cada fin de semana porque trabajaba en Iguala. Salían en familia y él se volvía el lunes muy temprano. Sólo que ese día no regresó.
Un alcalde bien resguardado
La colonia Mirador está en las afueras de Chilpancingo. Se creó a finales de 2015 por damnificados cuyas casas fueron arrasadas por las lluvias del huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013. Hay dos modos de entrar y salir de ella: por la Autopista del Sol o por la colonia Vicente Guerrero, pasando curvas y curvas sobre brechas despobladas propias de caballos.
A las 19:00 horas los choferes de transporte público decidieron ya no entrar porque los han asaltado muchas veces. Y este martes 7 de febrero están esperando al alcalde Marco Antonio Leyva Mena para decirle que si no pone seguridad no prestarán el servicio a los pobladores después de esa hora.
El alcalde llegará muy puntual, faltando pocos minutos para las 17:00 horas. Los pobladores le lanzarán fanfarrias y él preguntará qué necesidades tienen. Los habitantes, la mayoría empleados empobrecidos que vivían en los márgenes del río Huacapa antes de que la creciente del agua arrastrara sus casas en 2013, le dirán que agua y el carretón de la basura, y la pavimentación de la calle principal que en tiempos de lluvias se hace barro. La inseguridad que los tiene preocupados porque nomás oscurece y los de las combis no quieren subir.
El edil dirá que desde el próximo jueves habrá una patrulla de policías vigilando el acceso, y zanjará el asunto con una pregunta: ¿qué más? Los transportistas que allí se quedarán cuando Leyva se retire, después de no más de media hora, en su Suburban blindada y con cuatro guaruras de la Fiscalía General del Estado bien armados atrás de él, dirán que no le creen al alcalde porque siempre les ha dicho lo mismo.
En el acto, mientras le colocan collares de flores de cempasúchil al edil, sus guaruras forman un perímetro de seguridad en torno a él.
—¿Se siente seguro usted, alcalde, en esta ciudad? —se le preguntará al término del acto a propósito de la encuesta del lnegi.
—No tengo más guardias que los que ves, y esta camioneta blindada heredada de la administración anterior.
—Y su familia, ¿cómo anda?
—No tienen ningún tipo de seguridad extra, hacen la menor vida pública posible y toman todas las precauciones requeridas.
Con un pie arriba de la camioneta con motor encendido, Leyva atiende llamadas que sus secretarios le pasan. Se le recuerda que en cuanto entró a la alcaldía —finales de 2015— recibió llamadas de la delincuencia para exigirle parte del presupuesto y que por ese motivo interpuso una denuncia ante la PGR por extorsión. Dice que sí, que la investigación sigue su curso.
Aquella ocasión, mañana del 13 de enero de 2016, Leyva Mena fue entrevistado al salir de la PGR. Allí dijo que por motivo de la inseguridad y las extorsiones recibidas había pedido reforzar su seguridad y la de su familia. En cambio, acá en la colonia Mirador, la tarde del 7 de febrero dijo a pregunta expresa que para reforzar la seguridad de la capital se echaría a andar una vez más el proyecto Vecino Vigilante, que no es otra cosa que los propios colonos vigilen sus calles armados con escobas y maderos.
—¿De dónde viene esta inseguridad? —se le pregunta.
—Son pleitos de bandas del crimen.
—¿Esa respuesta no es un lugar común?
—Sí, pero, ¿qué otra cosa se puede decir si eso es?
—¿De allí que la gente se sienta insegura?
—Así es, viene de una serie de hechos que sí, que son reales y lamentables, pero es producto de esta lucha entre grupos de la delincuencia.
—¿Hasta el asesinato de la familia de la universitaria Jeany Rosado Peña en la colonia Recursos Hidráulicos?
—Esa respuesta no la tengo yo —dice y termina de subirse a la camioneta.
