“Me siento muy orgulloso de que, cuando invierto, otros inversionistas me siguen. Invierten en mí, en lo que yo construyo”. Donald Trump habla a la cámara con esa mirada de ojos entrecerrados, el cabello rubio peinado hacia atrás, traje oscuro, corbata azul marino. El video, producido en 2006 para atraer compradores a un proyecto inmobiliario en Baja California, combina espectaculares vistas oceánicas, tomas interiores de un departamento de lujo y el testimonio del exitoso Trump. ¿Qué podía salir mal?
A mediados de noviembre de 2013, un arreglo confidencial puso fin a una demanda por fraude en contra de Donald Trump, su hijo Donald, su hija Ivanka y la Organización Trump, presentada por cerca de 200 personas que perdieron más de 20 millones de dólares al invertir en los departamentos que durante 2006 y 2007 el magnate y sus hijos promovieron como una oportunidad sin igual.
“Una de las cosas que más amo de este proyecto es el hecho de que esté en Baja [California], México, y Baja es uno de los lugares verdaderamente de moda. Baja está ahora donde Cabo [San Lucas] estaba hace 10 años, y ya saben qué le pasó a Cabo”, dijo el ahora presidente de EU en uno de los videos promocionales.
Trump Ocean Resort Baja Mexico fue planeado como un desarrollo de tres torres con 526 unidades, en un momento en el que las ventas de bienes raíces estaban en su apogeo en la costa de Baja California y la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos flotaba en lo alto. Los compradores pusieron como depósito, en promedio, 160 mil dólares por cada departamento (unos
3 millones 200 mil pesos), por un total de 132 unidades. La empresa a cargo de desarrollar el proyecto fue Irongate Wilshire LLC, fundada en 2003 y con sede en Los Ángeles.
En 2008, cuando el mercado de bienes raíces de EU se desplomó, el proyecto perdió el financiamiento para la construcción del resort. Para entonces los desarrolladores habían gastado 32 millones de dólares, que incluían los depósitos de los compradores, y la obra se detuvo. En 2009, Trump dio por terminado su acuerdo con Irongate, argumentando que la compañía falló en el cumplimiento de los términos del acuerdo de licencia. El proyecto fue abandonado.
Lo que siguió fue un calvario de cuatro años y medio para quienes habían confiado en el nombre de Trump para hacer su inversión. En una entrevista con el diario The San Diego Union-Tribune en 2006, el magnate dijo que su participación económica en el proyecto era “significativa”. Pero una vez que empezó el litigio, sus abogados negaron que él fuera uno de los desarrolladores. Argumentaron que la Organización Trump no tenía responsabilidad económica en el asunto porque ésta sólo otorgó la licencia del nombre y estableció algunos estándares de operación. Los compradores se quedaron solos.
El nombre como marca
Cuando se hizo pública la disputa legal, ampliamente cubierta por medios del sur de California, donde se presentó la demanda, el abogado de uno de los demandantes argumentó que los vínculos del empresario con el proyecto fueron la clave para que su cliente decidiera invertir. Un video promocional grabado en 2007, cuando iniciaba la venta de la segunda torre, incluye el testimonio de una pareja que acababa de comprar un departamento: “El nombre de Trump es algo muy importante para nosotros”.
En julio de 2015, un par de años después de que el asunto quedara saldado tras un arreglo económico entre los demandantes y el grupo de Trump, el diario The Washington Post tuvo acceso al acuerdo de colaboración entre el desarrollador inmobiliario y el empresario. En él se establece que el magnate no tuvo que hacer ninguna inversión inicial, y que recibió casi un millón de dólares de anticipo por las ganancias que habría recibido si el proyecto hubiera sido exitoso. Se establece que Trump podría abandonarlo en ciertas circunstancias, pero señala, de manera clara, que el magnate y sus hijos tendrían que hacer visitas —con los gastos cubiertos por el desarrollador— para impulsar el éxito en las ventas. En efecto, la marca Trump fue su inversión en el negocio.
El desarrollo inmobiliario estaría ubicado en Punta Bandera, en el municipio de Tijuana, en un terreno de unos 16 kilómetros frente al mar. A los compradores se les aseguró que las empresas de Trump estaban supervisando el proyecto.
En el video promocional de la segunda torre, Ivanka Trump aparece diciendo que ella misma compró uno de los apartamentos. A su lado, Jason Grosfeld, uno de los dos socios fundadores de Irongate, habla de las magnífica oportunidad que representa invertir en un proyecto que lleva la marca Trump.
En octubre de 2012, tres años después de presentada la demanda, Irongate accedió a pagar 7.25 millones dólares para arreglar la parte que le correspondía en el caso. Trump presentó un par de apelaciones para evitar pagar su parte. Al final pactó en un acuerdo privado y confidencial.
El terreno hoy está como lo dejaron en 2009: con cimientos construidos y un vigilante que impide el paso y explica a quien se acerca que el sitio es propiedad del señor Trump.
¿Y los permisos? ¿Y los impuestos?
El 29 de octubre de 2016, el ex diputado mexicano Jaime Martínez Veloz presentó una denuncia federal contra Donald J. Trump, por los delitos de fraude y defraudación fiscal en México mientras estuvo involucrado en el desarrollo del Trump Ocean Resort Baja Mexico.
En el documento, presentado en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana, Martínez Veloz, quien reside en esa ciudad, solicita que se tomen las acciones penales pertinentes en contra del acusado, toda vez que no existe evidencia de que se hayan tramitado los permisos para la construcción del proyecto inmobiliario, ni que se haya hecho el pago de derechos correspondiente.
En el expediente, Martínez Veloz, quien también ha sido director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, presenta una serie de evidencias, incluido un documento fechado el 28 de septiembre de 2016, en el cual el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana, Roberto Sánchez, informa que en los archivos físicos y digitales de la Dirección de Administración Urbana no se encontró evidencia de trámite alguno correspondiente a licencias de construcción o permisos de urbanización bajo el nombre Trump Ocean Resort Baja. Otro reporte, del 18 de octubre, firmado por la misma oficina, señala que en los archivos no hay documento relacionado con la empresa constructora Irongate de Los Ángeles o Irongate.
“Durante 2006, la gente de Rosarito comentaba la presencia de Trump en una inversión frente a las playas, con la idea de que sería un detonador de la inversión para el turismo”, explicó Martínez Veloz a EL UNIVERSAL.
Cuando se hizo pública la información del fraude, el ex diputado acudió al sitio para ver la cimentación incipiente e inició la revisión del caso. Descubrió que no había evidencia de ningún trámite legal bajo los nombres registrados en el proyecto.
Martínez Veloz considera que, de haber sido solicitado, el permiso habría sido negado porque el terreno se ubica junto al desagüe mayor de aguas negras de Tijuana.
En los años posteriores al caso Trump Ocean Resort Baja, el gobierno de Baja California hizo modificaciones a la ley que busca formalizar el mercado de bienes raíces. A partir de 2010, los agentes deben registrarse en una base de datos del estado, y desde 2015 se les pide que tengan una licencia para practicar.
Martínez Veloz considera que sería pertinente revisar si Trump y sus asociados contaban con una visa para hacer negocios en territorio mexicano. De acuerdo con la Ley General de Población, “requiere una visa para realizar actividades de negocio en México aquel extranjero que se interna en el territorio nacional con el objeto de conocer diferentes alternativas de inversión, hacer una inversión directa o supervisarla, representar a una empresa extranjera, o efectuar transacciones comerciales”.
“Nadie puede venir sin papeles aquí a hacer lo que le dé la gana, menos si es el presidente de EU”, afirma categórico. “Creo que este es un instrumento que tiene el Estado mexicano para aplicar la ley, porque además el señor ha sido claro en su discurso: lo que menos le importa es tener una relación respetuosa con nosotros”.
Según la última comunicación sobre el caso, el expediente está en manos de Gilberto Higuera, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
Farol de la calle…
Aunque los comentarios de Trump sobre la falta de patriotismo de quienes realizan inversiones fuera de EU han sido comunes desde su campaña por la presidencia, éstos son particularmente duros cuando se refiere a empresas que invierten en México.
El caso más notable es el de Ford Motor Company, empresa a la que amenazó con la aplicación de un impuesto mayor a 30% si intentaba internar a EU autos hechos en México. El 3 de enero, Ford anunció que cancelaba la instalación de una planta en suelo mexicano, una inversión de mil 600 millones de dólares.
Resulta contradictorio que el empresario no haya tenido reparo en aprovechar los beneficios del mercado global cuando de inversión inmobiliaria se trata. Además de su proyecto fracasado en México, país contra el cual ha lanzado las más graves denostaciones, la página de internet de la Organización Trump muestra un listado de 12 hoteles en la colección del magnate, de los cuales seis están fuera de Estados Unidos, en países como Panamá, Brasil o Azerbaiyán. En su página de bienes raíces, la firma tiene desarrollos en venta en India, Uruguay, Filipinas y Corea del Sur, entre otros.
Un reporte publicado por la revista Fortune en mayo pasado, señala que empresas como Nabisco o Carrier Corp., criticadas por Trump por tener plantas en México; o Apple y Disney, a las que también acusó por manufacturar sus productos fuera de EU, tienen algo en común: todas han tenido como inversionista a Trump, con ganancias que van desde los 15 mil dólares por Nabisco, hasta 2 millones y medio por Apple.
Tal vez la contradicción más interesante es la que aparece en la página 46 de su reporte financiero personal: con un valor de entre 500 mil y un millón de dólares, en la lista de sus inversiones aparece Ford Motor Credit Company.