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Un grupo de policías estatales vestidos de civil lo detuvieron el 11 de septiembre de 2014, en Ciudad Obregón, Sonora. “No supieron qué hacer conmigo. Me trajeron horas paseando en las camionetas de la policía. De repente quisieron llevarme a Hermosillo por carretera, pero los habitantes de mi comunidad, Vícam, bloquearon el paso. Después de mucho dar vueltas los policías decidieron llevarme vía aérea”, dice Mario Luna Romero, secretario de la autoridad tradicional de ese pueblo y vocero de los indígenas en defensa del agua de la cuenca del río Yaqui.
No tuvo acceso a un abogado, ni al Ministerio Público, ni al juez. Al bajar del avión lo trasladaron directamente al Centro de Readaptación Social número 2 de Hermosillo, Sonora, catalogado de alta seguridad. Le imputaron dos delitos: privación ilegal de la libertad agravada y robo de vehículo.
Desde 2011, los yaquis luchan legal y políticamente contra el Acueducto Independencia, que busca trasladar anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua (volumen equiparable a ocho veces el lago más extenso del país, el de Chapala) de la cuenca del río Yaqui hacia la del río Sonora.
Los yaquis están asentados en una zona desértica. La escasez del líquido es un problema grave. En la comunidad indígena muchas viviendas no tienen agua potable ni drenaje y se abastecen de los canales del río. Según el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación Consulta a la Tribu Yaqui, en las últimas tres décadas gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras en Sonora.
La construcción del megaproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) viola un decreto que data de 1940, firmado por el presidente Lázaro Cárdenas, que en su segundo resolutivo dice que la tribu podrá “disponer cada año agrícola, hasta de la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras”. Aun así, a la fecha se sigue llevando a cabo el traslado del líquido.
Tras un proceso legal coordinado por los yaquis y varias organizaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó en 2013 una sentencia que ampara a la comunidad indígena y ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia porque no se le consultó sobre la construcción del mismo y por ende, por el uso del agua que les pertenece, según el decreto presidencial aún vigente.
Después, la SCJN hizo una aclaración de sentencia en la que aseguró que sí se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero como el acueducto ya estaba en operación, podía seguir funcionando, y sólo podrán suspender la extracción del líquido si advierten un riesgo irreparable para los yaquis, el cual, según organizaciones de la sociedad civil y especialistas, existe desde el momento en el que les quitan ese recurso natural a una comunidad indígena que vive en medio del desierto.
“En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos”, dice Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien desde hace años trabaja en estos temas.
Detenciones arbitrarias
El de Mario Luna no es un caso aislado. El Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), con apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, elaboraron una base de datos que contabiliza 80 agresiones entre 2014 y 2016 relacionadas con megaproyectos en contra de comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores.
Esta base de datos sólo registra y clasifica las agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios que iniciaron un proceso penal contra los megaproyectos o que han denunciado públicamente los ataques. Cada una de esas agresiones fue confirmada por los reporteros.
Dicha base documenta también ataques contra 30 comunidades y 50 defensores, que van desde la violación al derecho a un medio ambiente sano (21) o a la consulta previa, libre e informada (8), hasta detenciones arbitrarias (30), como en el referido caso de Mario Luna.
Además de Luna Romero, el 23 de septiembre de 2014 fue detenido y acusado de los mismos delitos otro integrante de la tribu, Fernando Jiménez. Asimismo, se giró una orden de aprehensión contra Gerónimo Flores y Tomás Rojo.
Un año después, el indígena fue liberado por no haber suficientes elementos para procesarlo. Del expediente se colige que los jueces esperaban hasta el último momento para dar trámite a una prueba, admitir un testigo o firmar un oficio. Andrea Cerami, abogado del área de defensa y de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización que acompañó su defensa, dice que dicha autoridad lo hacía con la intención de extender el proceso y retener al defensor el mayor tiempo posible. Al final, la jueza Alba Lorenia Galaviz Ramírez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Quinto Circuito de Hermosillo, Sonora, dictó la siguiente resolución (Amparo 1421/2014): “Auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de Mario Luna Romero al quedar desvirtuadas las pruebas”.
Ninguno de los cuatro yaquis imputados estaba presente cuando ocurrieron los hechos y ningún testigo dio fe de que ellos dieran la orden de detener a Francisco Antonio Delgado Romo, miembro de la tribu que los acusaba de secuestro y robo de vehículo. Cuando Luna salió del penal, Fernando Jiménez tenía unas semanas de haber sido liberado en los mismos términos.
De los 30 casos de detención arbitraria de defensores registrados en la base de datos de Cencos y Periodismo CIDE, únicamente en 11 se dictaron autos de formal prisión; es decir, los acusados pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses, pero al final de largos procesos penales fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que les imputaban.
Edomex y Colima lideran agravios
Según la base de datos de Cencos y Periodismo CIDE, de 2014 a 2016 los estados con más agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios como consecuencia de la construcción de megaproyectos son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).
Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; le siguen la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12.
El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).
Según los datos, regularmente los proyectos hidroeléctricos violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades (10); mientras que los mineros echan mano del desprestigio de defensores e intimidación a los habitantes (11).
El Cemda tiene registrados 82 casos de agresiones en contra de defensores ambientales entre enero de 2013 y abril de 2014, “muchas de ellas en comunidades indígenas, lo que significa un aumento de 100% de los que había registrado la organización entre 2011 y 2012”.
Andrea Cerami, abogado del Cemda, dice que a veces las empresas que implementan los proyectos también son engañadas, pues el gobierno licita, da los permisos, pero en realidad los habitantes nunca fueron informados de ellos.
En el caso de los yaquis, el 12 de julio de 2014, después de que el Juez Octavo de Distrito en Ciudad Obregón ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, que lleva agua principalmente a Hermosillo, David Contreras Camou, director de Agua de la capital sonorense, dictó una conferencia en la que anunció que debido a esa resolución, los habitantes de la ciudad se quedarían sin el líquido. “Ante este hecho, se declara a Hermosillo como zona de emergencia. Todos salimos perdiendo, nos quitan el agua que no le faltaba a nadie, sólo a nosotros”, declaró.
La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, formada por varias organizaciones y especialistas para mediar entre el gobierno de Sonora y los yaquis, consideró que se realizaba una “campaña discriminatoria” y que se intentaba confrontar a los habitantes de Hermosillo con los indígenas.
Pero no sólo en Sonora elevan la voz contra este tipo de agresiones. El pasado 10 de abril, 179 pueblos, comunidades, barrios, colonias y organizaciones de ocho regiones del país presentaron la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, con el objetivo de visibilizar y unir sus luchas contra los megaproyectos.
“NOSOTR@S somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio. No sólo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos por el deber que tenemos de dejarle a nuestr@s hij@s la misma casa común que nos heredaron nuestr@s abuel@s”, dice su comunicado.
EL UNIVERSAL, la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) presentan, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, esta investigación. Coordinación y coedición: Carlos Bravo Regidor y Homero Campa.
