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Humberto Vázquez Quintanilla tiene una cicatriz que va desde la vena yugular en el cuello hasta el músculo trapecio, arriba del hombro. Se la hicieron unos policías con un cuchillo o navaja cuando intentó defender su mercancía y a su esposa embarazada, Ana Patricia Moreno, quien había sido golpeada en el rostro y pateada junto con su hijo de seis años en un operativo de granaderos en la calle de Apartado en La Lagunilla, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ese mismo día, 12 de agosto de 2016, fueron golpeadas otras comerciantes. Guadalupe Montes explica que estaban vendiendo y los policías llegaron arrebatando la mercancía.
“Nosotros preguntamos por qué y nos dijeron que porque no habíamos dado el dinero que les teníamos que dar y defendimos mucho la mercancía. A mí, por cuestionar que se llevaran mi mercancía, me golpearon. A mi hija también y nos llevaron detenidas. Yo estuve arrestada toda una noche, privada de mi libertad, acusada de golpear a no sé cuántos policías”.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), este tipo de maltratos es algo habitual para el trabajo informal en espacios públicos. Durante enero de 2013 hasta agosto de 2014, recibieron 333 denuncias por detenciones arbitrarias, retiro de puesto con violencia y sin reubicación, robo de mercancía, cobro de tarifas por trabajar, agresiones físicas y sicológicas.
Esta cifra no es el total de agresiones pues no todas son denunciadas por miedo a que sufran represalias por los policías que se mantienen operando en las mismas calles, expertos estiman que en la CDMX hay poco más de 2 millones de ambulantes.
El informe El trabajo informal en el espacio público de la CDMX. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, aún sin publicar y al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, expone los problemas que hay por falta de regulación en la capital del país: “Si bien en la Ciudad de México existen esfuerzos para regularizar este tipo de actividades a través del otorgamiento de permisos y espacios de trabajo, lo cierto es que a través de la documentación de casos, la Comisión de Derechos Humanos ha observado que la normatividad vigente no se encuentra actualizada al contexto presente, tampoco contempla todo el conjunto de actividades laborales que se desarrollan en la vía pública, lo que implica una falta de seguridad jurídica para las personas que desempeñan estas actividades y las hace vulnerables a violaciones de sus derechos humanos.”
La CDHCDMX entrevistó a 43 personas para profundizar en dichas circunstancias. De la mayoría de las personas que optaron por este autoempleo, seis de cada 10 buscaron un trabajo formal antes de optar por el ambulantaje, sin embargo, enfrentaron salarios demasiados bajos a cambios de largas horas de trabajo o fueron rechazados por su edad, tener alguna discapacidad o no contar con los estudios suficientes. El 80% considera que su forma de vivir es honrada, sólo 7% de los entrevistados para el análisis dijo no sentirse digno, lo que puede responder al predominio de prejuicios sociales
Todos los comerciantes de la vía pública tienen derecho a pedir un permiso o licencia para regularse, pero el marco normativo es insuficiente y abre la puerta a muchos abusos, en especial, cometidos por las delegaciones, cuyas autoridades hacen acuerdos verbales que pocas veces respetan.
La comisión documentó casos en que funcionarios públicos exigieron entre 12 y 40 mil pesos para obtener un permiso, incluso, para evitar el decomiso de sus productos. Ocho de cada 10 trabajadores ambulantes han enfrentado este o algún otro delito, la mayoría de ellos en mercados públicos o el Metro, especialmente los localizados en la delegación Cuauhtémoc.
Al menos 100 personas han sido detenidas sin motivo y 14 de ellas lucharon contra la fabricación de un delito creado por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Por ejemplo, un hombre comerciante señala haber sido acusado de vender drogas y subido a una camioneta por policías, éstos le pidieron 100 mil pesos haciéndole saber que si no contaba con ellos debía robarlos y ante la negativa del comerciante, éste fue golpeado, desnudado, se le quitaron sus pertenencias en la calle y de la madrugada”, registra el informe.
En el documento se detalla que tienen 60 quejas que narran agresiones físicas en contra de los trabajadores informales, como es el caso de dos policías auxiliares que vaciaron sobre una vendedora de elotes y sus dos hijos, de 17 y 16 años, una de las ollas con agua caliente y, a pesar de las quemaduras, la comerciante y sus hijos, fueron detenidos sin recibir atención médica.
Otro testimonio documenta cómo un conjunto de policías golpearon y patearon a un joven de 16 años, supuesto vendedor en el Metro, además de que recibió descargas eléctricas en la espalda, se lee en el registro de la CDHCDMX.
En un caso más, explican cómo una joven de 18 años, con ocho meses de embarazo, fue presuntamente descubierta por policías de la SSP capitalina vendiendo en vía pública —la denunciante afirma que fue golpeada en el vientre y advirtió que el Ministerio Público (MP) no quiso tomarle declaración contra los policías. Otra comerciante denunció que fue herida con arma punzocortante por dos servidores públicos de una delegación.
Si la población se desempeñara en el sector formal o si existiera un mecanismo que permitiera que cotizaran para acceder a seguro médico, 14 % de ellos contarían con alrededor de 780 hasta mil 196 semanas cotizadas, lo que les permitiría acceder a seguro de enfermedades y maternidad. El 16% de los entrevistados ya habrían sobrepasado las mil 250 cotizaciones semanales establecidas como mínimas para acceder al retiro, cesantía y vejez. Entre los entrevistados por la comisión, 23 llevan entre cuatro y 10 años laborando, 10 personas entre 11 y 20 años y siete más con 20 y hasta 38 años.
El organismo de derechos humanos confirmó que el informe especial, El Trabajo Informal en el espacio público. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, se está trabajando en el área de investigación y que se publicará en los primeros meses de 2017 y explicó que lo que tiene EL UNIVERSAL es un borrador del mismo. Mientras que la SSP de la CDMX no dio una postura al respecto sobre las quejas realizadas por comerciantes ambulantes en contra del cuerpo policíaco por violentar sus derechos humanos.
Contrastes de la regulación en el mundo
El trabajo informal en espacios públicos es un tema de interés mundial, en algunos países llevan la delantera en el manejo de políticas públicas que beneficien a los comerciantes sin perder el control de los trabajadores.
La Suprema Corte de la India aprobó, en 2014, la Ley de Protección de los Medios de Subsistencia y Reglamentación de la Venta Ambulante, que reconoce y garantiza derechos y obligaciones a los comerciantes ambulantes. Las autoridades locales contemplan a los vendedores en la planificación de las ciudades donde se realiza un plan que acomode a los vendedores ambulantes.
Por cada ciudad, 2.5% de la población puede obtener certificados de venta ambulante. Dichos permisos son dados por un comité local de venta ambulante que está integrado por representantes de los comerciantes, gobierno municipal y organizaciones no gubernamentales. Además, cuentan con un mecanismo de resolución de controversias para resolver quejas presentadas por los trabajadores.
El gobierno de Colombia contempla programas de recuperación del espacio donde se debe prever planes de reubicación u otras alternativas, como la capacitación o el acceso a crédito, para que esto garantice que los comerciantes expulsados no queden a la deriva, entendiendo que las personas que se dedican a esto no tienen muchas más opciones.
En Nueva York la organización civil, Ubran Justice Center, ayuda a personas en situaciones inestables, la cual creó el proyecto Street Vendors (vendedores en calle) que busca garantizar el acceso equitativo a los espacios públicos para la venta ambulante, promover la actividad económica y ver la venta como parte del equipamiento público para utilizar mejor los espacios de la ciudad.
