Más Información
periodismo.investigacion@ eluniversal.com.mx
A Alicia Valencia la atrajeron los cantos femeninos que se esparcían la tarde del 18 de octubre en el Parque Revolución. Se acercó a las jardineras a observar a decenas de mujeres sentadas en círculo que entonaban una canción dedicada a las víctimas asesinadas: “Vivas nos queremos”. Mientras tanto, las personas que transitaban leían las pancartas: “No voy a ser la siguiente”.
Después la señora Alicia, de 60 años, dijo con voz grave, frente a las jóvenes: “El sistema no nos quiere oír”. Esto sucedió como parte de la #EmergenciaNacional debido a la secuela de feminicidios en el país.
Jalisco se ha posicionado como una de las cinco entidades con más asesinatos de mujeres en el país, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
El brote de la epidemia sigue latente. El pasado 17 de septiembre apareció una mujer no mayor de 30 años con huellas de violencia en Zapopan; 10 días atrás hubo un doble crimen: en Tlajomulco de Zúñiga, el llamado “tiradero de chicas”, hallaron a una de 25 años; la otra, de 27, estaba en La Barca. Ambas fueron ultimadas a golpes. La Fiscalía General del estado no transparenta los casos, por lo tanto se desconocen datos básicos de las víctimas, de acuerdo con una consulta en sus registros de difusión.
El vaticinio de las organizaciones sociales era que si no se implementaba la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM), seguiría la espiral de crímenes. Ahora, a nueve meses de haber sido anunciada por el gobernador Aristóteles Sandoval, 10 organizaciones sociales denuncian que “no existió el decreto” y “no hay voluntad política […] para atender la grave situación de feminicidios, violencia sexual y desapariciones de mujeres en la entidad”, de acuerdo con un documento difundido por esas organizaciones.
Nunca se puso a funcionar, sostienen, a pesar de que el anuncio oficial destacaba que Jalisco se convertía así en el primer estado de la República en usar el mecanismo de alerta establecido en su legislación local.
Los balances publicados por autoridades jaliscienses capitulan las actividades diarias que los funcionarios están obligados a realizar, independiente de la AVM. En los reportes no hay datos nuevos ni detallados, denuncian las organizaciones sociales.
Vía ley de transparencia, EL UNIVERSAL obtuvo tres oficios del Instituto Jalisciense de las Mujeres, del despacho del gobernador y de la Secretaría General de Gobierno que confirman la inexistencia del documento oficial del decreto. Sólo incluyen la minuta de la tercera sesión extraordinaria del 8 de febrero, la cual no corresponde a la forma jurídica de un decreto, señala en entrevista el abogado Rodolfo Sánchez, del OCNF, quien revisó el documento.
Tampoco apareció publicado en el Periódico Oficial de Jalisco. Las tres instancias señalaron que no se encontró el documento solicitado. En una búsqueda hecha por este diario tampoco se localizó algún oficio.
“Nunca hubo decreto. Fue un anuncio mediático”, dice en entrevista Guadalupe Ramos Ponce, autora de Estudio del feminicidio en Jalisco, publicado por la Universidad de Guadalajara (UdeG). “Ni siquiera tienen mapas de los municipios y zonas en las que hay más riesgos para las mujeres”, asegura Patricia Ortega Medellín, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
“Fueron una pérdida de tiempo estos nueve meses. Reuniones de desgaste y falta de voluntad política […] Es una trampa. Si te vas por cada una de las 15 medidas, no hay nada. Es muy grave porque esto está aumentado los feminicidios y las desapariciones en Jalisco. Si no hay un decreto, ¿cómo va a formalizar el trabajo en los municipios?”, cuestiona María de la Luz Estrada, titular del OCNF.
A solicitud de este diario, Érika Loyo Beristáin, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), responde a la denuncia de las ONG sobre la inexistencia de dicho decreto: “El posicionamiento del gobierno del estado, el propio Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno es que la existencia o no existencia de un decreto no invalida la Alerta de Violencia contra las Mujeres.
“La razón fundamental es que el día 8 de febrero hubo una sesión que funcionó como órgano colegiado. De acuerdo con esto, en el pleno de esta sesión el gobernador activó la alerta” en los ocho municipios.
La postura oficial, reitera Loyo, no coincide con las denuncias, “porque no necesitamos una publicación en el Diario Oficial” para validar la Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Acusan falta de voluntad política
Del año pasado a lo que va del actual se contabilizaron 230 asesinatos de mujeres, 80 de ellos ocurridos en 2016, de acuerdo con las bases de datos de la doctora Ramos Ponce.
En el Estudio del Feminicidio en Jalisco la experta detalla que en el periodo 1997-2015 se registraron mil 344 casos.
“En los últimos cinco años ha existido un crecimiento exponencial. Una de las consecuencias de la impunidad en este delito es el mensaje que se envía a la sociedad: ‘La violencia contra la mujer es tolerada’, lo que promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno’”, se lee en el estudio.
Por otra parte, la fiscalía estatal reportó mil 675 desapariciones de mujeres. “Este dato no está claro. Sabemos que hay un problema de desaparición vinculado a 15 modus operandi. Puede estar vinculado a formas de trata y otras modalidades del crimen organizado”, comenta María de la Luz Estrada, del OCNF, quien agrega: “Se la pasan haciendo Protocolos Alba, pero ni siquiera han investigado el fenómeno en los municipios. ¿Cómo las están buscando?”.
Cuando la Alerta de Violencia contra las Mujeres se anunció se manejó a nivel nacional como uno de los estados con “voluntad política”. En marzo pasado la doctora Érika Loyo, titular del IJM, dijo a este diario que no sólo había voluntad, sino convicción por parte de la administración para combatir “un problema con raíces socioculturales muy fuertes”.
El grupo de organizaciones civiles acompañó a finales de octubre a una niña de 15 años que había sido violada para hacer válida la interrupción legal de su embarazo, basada en la Norma 046, pero hubo atropellos. “Se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Tiene responsabilidad tanto el personal como el secretario de Salud”, afirma Ortega.
En el documento Guía de Interrupción Legal del Embarazo por Causal de Violación (Norma 046) señala que “todas las personas que pueden gestar; es decir, mujeres, niñas, adolescentes y hombres transexuales tienen derecho a la interrupción legal del embarazo cuando éste se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica”.
Como en este caso, las otras 15 acciones urgentes en el informe no han tenido un avance, debido a que no hubo un decreto formal como lo confirmaron las organizaciones. “Sin el decreto nos dejan en la orfandad”, dice Estrada.
Las 10 organizaciones sociales denunciaron que han proporcionado al gobierno estatal documentos, experticia de especialistas en la materia, propuestas y estrategias para el cumplimiento de medidas de protección, asistencia técnica, asesoría, acompañamiento y evaluaciones; no obstante, el gobierno local, de extracción priísta, “no permite la implementación de acciones para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres jaliscienses”.
La respuesta ha sido —según las ONG— un retardamiento de implementación de acciones, incumplimiento de acuerdos y cancelación de reuniones, lo que muestra falta de voluntad política e interés para atender “la grave situación feminicida”. Por ello las activistas se levantaron de la mesa de trabajo con el gobierno de Jalisco, para enviar “comunicaciones urgentes” al Comité CEDAW, la Relatoría de Violencia contra las Mujeres, Derecho de la Salud y el Comité de los Derechos de las Niñas y Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La solicitud formal de dos Alertas de Violencia de Género, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado, por existir una política pública que transgrede los derechos humanos de las mujeres y niñas, señala el documento.
María de la Luz Estrada, del OCNF, concluye: “Lo que me preocupa es que suceda como en el Edomex: el problema lo dejaron agrandar y las medidas tienen que ser de mucho más largo tiempo. Se agudiza porque no hay medidas para erradicar la violencia feminicida”.
