David tiene 12 años y no habla. No dice “tengo hambre” o “me duele”. No expresa lo que siente o lo que quiere. A David le dijeron que si hablaba lo matarían y desde entonces se quedó mudo. Sucedió hace seis años, cuando acompañaba a su padre, quien vendía discos piratas en la plaza del ejido Francisco Villa, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Ahí vio cómo un grupo de hombres armados lo acribilló. Llegaron en seis camionetas, descendieron tranquilamente y mataron a su padre.
A David le advirtieron que si hablaba le pasaría lo mismo. El niño enmudeció.
San Fernando se ha convertido en la cuna de cientos de niños huérfanos que han quedado bajo cuidado de familiares que no siempre pueden brindarles la atención y las condiciones de vida necesarias. La mayoría de ellos esperan recibir apoyo de instituciones oficiales orientadas a su protección.
La estadía por más de cuatro años de los cárteles de la droga y el crimen organizado, con su lucha por la plaza, no sólo cobró la vida de sus sicarios. También murieron o desaparecieron ciudadanos que nada tenían que ver con el narcotráfico. Algunos de sus habitantes optaron por marcharse.
La disputa inició con un fuerte enfrentamiento a las 6:00 horas del lunes 31 de marzo de 2010, día en que Los Zetas arrebataron el dominio de la zona al Cártel del Golfo.
Durante más de cuatro años las pugnas, los secuestros y extorsiones, dentro y fuera de este municipio, fueron el principal padecimiento de los ciudadanos y de quienes transitaban por las carreteras cercanas.
Al inicio de esta guerra entre los cárteles, en 2010, San Fernando contaba con 57 mil 220 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para 2015 registró 55 mil 981, es decir, su población disminuyó 5.6%.
La lista nominal del Distrito que incluye a San Fernando, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, en 2010 documentó 125 mil habitantes, y en 2016, 118 mil.
La ruta del miedo
San Fernando tiene 333 localidades y decenas de brechas que tienen una importancia geográfica para la operación y el trasiego de droga.
En la carretera 97, que conduce a San Fernando, destaca el color rojo carmín de los plantíos de sorgo, pero también múltiples cenotafios y pequeños e improvisados panteones que flanquean el camino. Sin contar las fosas improvisadas que han sido descubiertas con cuerpos atados y mutilados.
El miedo sigue vivo y hay muchos desaparecidos cuyas familias todavía no han hecho una denuncia oficial por el temor de correr la misma suerte.
Martha Jiménez Salinas, fundadora de la asociación civil Unidos por un San Fernando Vivo, relata que ha atendido al menos a 200 niños huérfanos de ese municipio, como a David, quien vio cómo mataban a su padre.
“David no entendía, no comprendió, y entonces dejó de hablar. Lo recibimos, le dimos terapia sicológica y ahora el pequeño ha avanzado mucho”, relata.
Un conteo realizado por el DIF municipal registró mil niños en situación de orfandad, de padre, madre o ambos, como resultado de la violencia, dice la también ex diputada del PRI. El listado se elaboró cuando ella impulsó un programa de ayuda a niños que detectó que estaban en esa situación a causa de la violencia (homicidios y desapariciones) entre cárteles.
“Al principio era un terror tremendo, nadie quería hablar. Y ese conteo sólo se hizo en escuelas, con apoyo de los profesores, por lo mismo, pero habría que hacer un registro casa por casa o a través de los centros de salud. Muchos niños no están en la escuela o se salieron; otros todavía no tienen edad porque son bebés, ellos quedaron fuera”.
Aunque ahora la percepción de inseguridad es menor, la mayoría de los pobladores no se atreve a pedir apoyo para los niños.
Más o menos 30% del pueblo se fue. Unos regresaron, otros desaparecieron.
Según la asociación civil, cuando menos mil ciudadanos han sido asesinados o desaparecidos de 2010 a la fecha, de acuerdo con el registro de personas que atiende.
Testigos silenciosos
En agosto de 2010, 72 migrantes fueron asesinados en una bodega localizada en una de las múltiples brechas de San Fernando, por negarse a trabajar para Los Zetas. En abril de 2011 fueron descubiertos 193 cuerpos enterrados en fosas en La Joya, cerca de la cabecera municipal.
En esa época, frente a una tienda de autoservicio de la calle Ruiz Cortines, los integrantes de Los Zetas, encapuchados y portando armas largas, detenían los autobuses y obligaban a los pasajeros a descender. Sin distinción de sexo y edad, los subían a las patrullas de la policía municipal, escoltados por los sicarios. Los llevaban a sus campos de entrenamiento y asesinaban a quienes se negaban a trabajar para ellos o a quienes consideraban sospechosos. Otras escenas repetidas de la violencia y poco visibles, como esos hechos, han afectado a la población infantil de San Fernando.
Son pocos los deudos que han recurrido a la asistencia social. La abuela de Luz, una niña de pocos meses de edad, también recibe el apoyo de Unidos por un San Fernando Vivo.
A su hija la mataron cuando cargaba en brazos a la niña. La abuela, una mujer que es adulta mayor, quedó a cargo de la menor.
La historia de Nicole es más estremecedora, a ella la dejaron dentro de una caja de madera sobre la carretera.
Su madre, quien atendía un puesto de pollos asados y la sostenía en sus brazos, fue secuestrada por un grupo armado. Colocaron a Nicole en un contenedor para verduras y ahí la dejaron. A su mamá nunca la volvieron a ver.
“Hemos atendido aproximadamente a 200 niños, que son nada más de unas cuantas colonias de aquí de San Fernando, no de todo el pueblo. Empecé a atender a la gente en el ejido Francisco Villa y vieron que además de tener dos sicólogas, les llevaba zapatos, mochilas, uniformes y me venían a buscar aquí”, dice Martha Jiménez Salinas, al frente de Unidos por un San Fernando Vivo.
Ante la falta de recursos, la asociación civil no brinda apoyo a todos los niños del municipio, pero parte del proyecto tendrá continuidad con la próxima inauguración de un centro de atención para menores huérfanos, que pretende albergar al menos a 200.
El pasado 13 de junio, el alcalde, Mario de la Garza Garza, dio a conocer la construcción de la Casa Hogar del Niño, con una inversión de más de 42 millones de pesos, que será inaugurada en agosto próximo.
El lugar contará con un edificio para albergar a jóvenes y señoritas, otro para niños y niñas, así como una casa-cuna para atender a bebés.
Jiménez Salinas, coordinadora de Unidos por un San Fernando Vivo, considera que en la localidad más de 500 familias pudieron haber sido afectadas por la inseguridad, pero es una cifra imprecisa por la falta de denuncias.
“Desaparecieron tantos empleados de las empresas que le trabajaban a Pemex y hay gente que ni siquiera ha puesto una denuncia porque tiene miedo y no ha cobrado su seguro de vida”, detalla la ex diputada.
Existían 25 empresas que daban servicio a Petróleos Mexicanos y generaban 2 mil empleos; de éstas sólo quedaron dos.
Durante años, el sorgo ha significado una de las principales fuentes de sustento de las familias de San Fernando.
Sin embargo, en los años álgidos de la inseguridad la producción se colapsó, cuando la delincuencia secuestró y saqueó las tierras, otras fueron abandonadas por sus propietarios.
La sicosis que había hasta hace un año ha disminuido considerablemente, afirma el sacerdote Hilario, de la parroquia de San Fernando.
El impacto en la comunidad ha resultado muy fuerte, admite: “Si antes, en una semana había 10 muertes de los pobladores, ahora cuando hay un accidente, éste ocasiona el mismo impacto, por ejemplo. Es el miedo...”.
Recuerda que con descaro los delincuentes caminaban por el pueblo, vestidos de militares y portando armas largas.
Ante la situación de inseguridad y violencia los lugareños cambiaron sus costumbres, pusieron rejas y bardas en sus casas, escondieron a sus hijos, y quienes pudieron los enviaron a vivir a otras ciudades.
La afectación llegó al grado de que escuelas y centros de salud cerraron. Dejó de llegar agua y leche embotellada que era traídas de Matamoros, y algunos servicios se suspendieron.
Al padre Hilario le tocó “blindar la fe” de los habitantes de San Fernando, labor que, dice, creyó casi imposible. “¿Cómo cerrar los ojos a toda esta realidad? ¿Cómo decir que las cosas están bien cuando se ve el desaliento? Ahorita está mejor, ha cambiado, pero la gente quedó dolida y busca la paz y forjar valores”.
Las voces de sus pobladores lo confirman. La nieta de Laura no olvida cuando los empistolados se llevaron de su casa a su padre y a dos tíos. Amenazaron a su tía con cortarle la lengua si decía una palabra sobre lo ocurrido.
“La niña lloraba y les decía que no se los llevaran. Estaban encapuchados y vestidos de soldados y uno se quitó la capucha y le dijo a mi hermana: ‘Mira bien, perra, si hablas vengo, te corto la lengua y te mato’.
“¡No pidieron rescate, no los dejaron salir, no los aventaron muertos, ¿se los tragó la tierra? Quiero saber dónde están!”, exige Laura. Su búsqueda no cesa, tampoco su esfuerzo para proveer de lo necesario a su nieta.
La funeraria La Paz llegó a “levantar” hasta ocho muertos diarios. En días menos sanguinarios iba por cinco a la semana.
“Éramos tres funerarias y cuando siguió la matazón, Funerales González ya no quiso y después se fue Funerales del Recuerdo”, cuenta la dueña del velatorio. El trabajo se intensificó cuando había que recoger los cuerpos en las fosas. En El Arenal fueron como seis camionetas de gente, como 15 cuerpos en cada una”.
La esperanza regresa a cuentagotas a San Fernando. Hay paseantes en la plaza principal y los comercios van levantando sus cortinas de hierro. Los feligreses acuden a misa.
Pero los huérfanos de San Fernando quedan como testigos silenciosos de lo que la violencia puede crear.