Inunda narco mexicano cárceles de EU

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Son los primeros días cálidos del año después de una tormenta invernal digna de un desierto como en el que se ubica Ciudad Juárez. El hombre, vestido con pantalones caqui, camisa azul y zapatos negros, viaja junto a su esposa y su hija de tres años. La menor aprieta el cordón de un globo en su mano derecha. La mujer va muerta por tres disparos de arma de fuego en el asiento del copiloto.

Arthur pisa el acelerador a fondo. El asesino de su mujer lo sigue en paralelo. Justo frente al puente internacional que conecta hacia El Paso, Texas, recibe un disparo en la cabeza y dos en el pecho. El auto con la niña a bordo se detiene al impactarse con otro vehículo que hace una luz roja.

Arthur y Leslie Redelfs eran empleados federales estadounidenses; él era custodio en una prisión de Texas y ella empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Fueron asesinados en marzo de 2010.

A dos años del homicidio, en el verano de 2012, las autoridades de México y la Unión Americana anunciaron la extradición de Arturo Gallegos Castrellón, presunto líder de la pandilla binacional Barrio Azteca —brazo armado del Cártel de Juárez—, por haber dado la supuesta orden de asesinar a la pareja.

Su juicio se llevó a cabo en El Paso, ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas. Gallegos Castrellón fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Su juicio fue apenas uno entre una ola de casos relacionados con el narcotráfico en México que terminaron en las cortes texanas.

Las estadísticas del Buró Federal de Justicia de Estados Unidos consultadas por EL UNIVERSAL muestran en rojo los números de delitos vinculados al narcotráfico llevados a la corte en Texas, particularmente en la ciudad fronteriza de El Paso.

Desde 2012 y como consecuencia de la guerra contra el narco, que alcanzó su punto más alto en 2010, cuando Ciudad Juárez registró más de 3 mil 100 asesinatos, las cortes en EU no se dan abasto.

En todo el país, el Distrito Oeste de Texas —que incluye Austin, Del Río, El Paso, Midland, Pecos, San Antonio y Waco— ha sido el más activo en el último lustro.

Tan sólo en el año fiscal 2015, este distrito recibió 5 mil 371 casos criminales relacionados con narcotráfico, 2 mil 133 de ellos en El Paso, Texas. El segundo lugar lo tiene Del Río, con mil 456 casos, seguido por San Antonio, 601; Pecos, 448; Austin, 299; Midland, 242, y Waco 192.

De todos los casos llevados en El Paso, más de 4% fueron entregados directamente por la Agencia Antidrogas de EU (DEA), con lo que se ha convertido en el distrito con mayor índice de arrestos por la agencia en todo el país.

Camino a la universidad

“Te toca irte a la universidad. Tú eres jefe. Tú diste la orden. A ti te dicen Farmero, Benny, 51 y Arturo”, le dijo el agente Lorenzo Ortega, director de esta operación para el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuando viajó a la Ciudad de México para encontrarse con Gallegos Castrellón y llevarlo a la universidad, la prisión en Estados Unidos.

En junio de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón aprobó su extradición y ese mismo mes fue trasladado a una prisión en Anthony, Texas, la misma donde laboraba Arthur Redelfs. Desde 2012 y hasta 2014 Arturo estuvo en aislamiento, con sólo una hora al día de sol.

A pesar de ser una de las más vistosas para ambos gobiernos, la extradición de Arturo Gallegos Castrellón fue la última antes de que los procesos se volvieran a retomar.

Las estadísticas del Departamento de Estado obtenidas por EL UNIVERSAL muestran que el número de extraditados por las autoridades mexicanas para ser juzgados en EU alcanzó el récord más alto en 2012, con 115. Un año antes fueron trasladados 93 y en 2012, 94.

Desde el primer año de la actual administración federal este número se redujo a 54, de acuerdo con las mismas estadísticas.

En el reporte de la dependencia estadounidense, que examina el impacto en las extradiciones de mexicanos a Estados Unidos, se explica que este drástico descenso en los envíos de mexicanos para ser juzgados al otro lado de la frontera se debe a que el gobierno “busca legitimar el sistema de justicia mexicano”.

El documento indica: “El gobierno mexicano está intentando demostrar que el sistema de justicia, el cual está siendo reformado, es capaz de arrestar, enjuiciar y condenar a narcotraficantes, incluyendo a [Joaquín] El Chapo Guzmán”.

Entre los extraditados más recientes y juzgados en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas se encuentran José Antonio Acosta Hernández, alias El JL, acusado de ser el líder de La Línea en Ciudad Juárez y de haber asesinado a más de 800 personas en la misma frontera; Miguel Ángel Nevárez y Joel Abraham Caudillo, involucrados con Gallegos Castrellón en el homicidio de la pareja estadounidense de empleados federales.

Además, autoridades de EU están requiriendo la extradición de El Chapo y de Rafael Caro Quintero. Estos dos casos podrían resultar significativos para las relaciones binacionales: de ser enviados a ese país, el gobierno mexicano estaría reconociendo su incapacidad para juzgar y encarcelar a narcotraficantes, mientras que saldaría una deuda con la nación vecina.

En la última década, de acuerdo con el Departamento de Estado, 922 delincuentes mexicanos han sido enviados a EU. De diciembre de 2006 a septiembre de 2015 el gobierno de México recibió mil 253 solicitudes de extradición, de las cuales se concedieron 922.

¿Dónde están los jueces?

En un estudio del Centro para el Progreso de América (Center for American Progress), titulado Texas. ¿Dónde están los jueces?, publicado en 2015, se afirma que los asuntos sobre narcotráfico han saturado a los pocos juzgadores disponibles en ese distrito. “El archivo de delitos para estas cortes está inundado de casos sobre drogas”, indica el documento. Esta situación se agravó a partir de 2012, cuando se comenzó a llevar a juicio a los arrestados durante hechos ocurridos en México en la cúspide de la guerra contra el narco en 2010.

Tan sólo en los distritos texanos Este y Oeste atendieron 14 mil 561 asuntos criminales relacionados con narcotráfico, un promedio de 671 casos por juez. Esto, si las 52 plazas para juez de Distrito estuvieran ocupadas; sin embargo, hasta ahora hay siete vacantes en ambos distritos que no han sido llenadas.

El reporte agrega que en los dos distritos hay un fuerte rezago en los casos criminales y civiles —más de 30 mil en total— con unos 10 mil 450 expedientes pendientes hasta 2014.

“Si estos puestos no se llenan y la situación continúa, para el próximo año habrá al menos 13 vacantes en estas cortes. El resultado de estas vacantes es el retraso de más de 12 mil casos [pendientes] en Texas”, se lee en el texto.

El juez Fred Biery, ex director de la Corte de EU para el Distrito Oeste de Texas, afirma que “la sobrecarga de casos es enorme.

“Nos caería bien algo de ayuda, estamos pedaleando tan rápido como podemos en una bicicleta que va cada vez más rápido”, dijo Biery a EL UNIVERSAL.

En 2010, el presidente de EU, Barack Obama, destinó más de 600 millones de dólares a la seguridad fronteriza, incluyendo agentes, equipamiento, entrenamiento y artículos, pero no recursos para conseguir más jueces.

De acuerdo con un juez federal que pide el anonimato, Texas necesita 40 millones de dólares para abastecer el sistema judicial. “Más patrullas y más agentes significan más arrestos y más casos enviados a las cortes de Distrito, pero no se destinan recursos a esta parte del proceso”.

Dos años en la congeladora

Arturo Gallegos Castrellón abandonó la fe católica y está en el camino del judaísmo. En una carta enviada a EL UNIVERSAL, El Farmero asegura que ha tenido suficiente tiempo para reconsiderar acerca de su religión. “Ahorita estoy explorando el judaísmo y me está interesando”, dice en la carta enviada desde Anthony, Texas. “Tuve dos años de nada que hacer más que esperar, en lo que llegaba mi Corte”.

Desde su arresto hasta que su caso fue llevado a la Corte pasaron dos años, debido al rezago de jueces y a la enorme cantidad de juicios pendientes relacionados con el narcotráfico.

El proceso de Gallegos Castrellón fue acelerado y aun así tomó 24 meses. Su juicio duró dos semanas continuas, incluyendo fines de semana, hasta ser declarado culpable en un lapso de dos horas.

Su abogado, Randy Ortega, considera que la Fiscalía texana aceleró el proceso para no dar tiempo a una apelación. Sin embargo, también reconoce que la sobrecarga de trabajo de los jueces es considerable.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil llevar este caso desde que los jueces lo que quieren es terminar un expediente y cerrarlo rápido. Este caso tardó más de dos años en llegar a la Corte y se resolvió en dos horas”, explica en entrevista con este diario desde El Paso, Texas.

Pero hay otros que no corren con la misma suerte: en promedio, un acusado puede pasar en el congeladora, es decir, esperando su fecha de Corte, hasta cuatro años.

Después de ese lapso se decide si es culpable o inocente, en la mayoría de los casos mediante un juicio acelerado y con horas extra de trabajo.