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El caso de la llamada Chapodiputada local panista, Lucero Guadalupe Sánchez López —presuntamente ligada al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán—, reabrió el debate sobre flexibilizar la figura del fuero, que dificulta abrir un proceso penal contra funcionarios acusados de algún delito grave. La iniciativa está por cumplir tres años en la congeladora en el Senado.
Una revisión documental realizada por EL UNIVERSAL muestra que al menos 43 diputados federales y senadores de las últimas tres legislaturas del Congreso de la Unión han enfrentado señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, pero sólo uno ha sido desaforado: Julio César Godoy Toscano (PRD), quien hoy sigue prófugo de la justicia.
Víctor Alarcón Olguín, maestro en Gobierno por la Universidad de Notre Dame, dice que “es valioso [que se retome la iniciativa sobre el fuero], pero ya no es suficiente, porque hay otros elementos que inhiben la denuncia y hacen que las organizaciones sociales estén seriamente intimidadas por el crimen organizado”.
La modificación constitucional —que forma parte de los acuerdos del Pacto por México— consistiría en permitir que los funcionarios sean “sujetos a proceso penal”, aunque bajo esa circunstancia “el servidor público podrá seguir en el cargo”, lo que permitiría que los presuntos responsables de algún delito rindieran cuentas o, en su caso, limpiaran su nombre.
Alarcón Olguín, también investigador de la UAM-Iztapalapa, señala que el Pacto por México ya no es referencia. “En esta Legislatura está muerta, no va a pasar nada porque ya todo está dentro de la lógica de la sucesión presidencial”.
La senadora Pilar Ortega (PAN), secretaria de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, considera una obligación de la Legislatura federal retomar la discusión.
Explica que el fuero constitucional debe proteger exclusivamente las opiniones de los parlamentarios. “No debe haber restricción alguna que impida a la justicia mexicana sancionar cualquier delito en el que incurra un legislador o un funcionario público”.
El esquema legal vigente enturbia incluso más la atmósfera de sospecha e incertidumbre en la que se destruyen prestigios con la misma facilidad con que se ocultan auténticos vínculos oscuros, considera la senadora panista. “A la hora de la discusión, el tema se esfuma, se queda en tentativa, sale de la negociación y ya no queda en nada, nunca llegamos a la conclusión. Tenemos la obligación de continuarlo frontalmente”.
Las acusaciones sobre los 43 legisladores federales han surgido desde instituciones policiacas nacionales y de Estados Unidos, de órganos partidistas, de personajes públicos, de la prensa nacional o extranjera, de testigos protegidos, de delincuentes mismos o han derivado de encuentros que se han hecho públicos entre personajes ligados al crimen con parlamentarios.
Situación legal, desconocida
El ex diputado panista Jorge Iván Villalobos Seáñez (periodo 2012-2015) dice no tener responsabilidad en la nominación de Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local panista presuntamente ligada al líder del Cártel de Sinaloa. Eso manda a decir a este diario. Rechaza entrevista con este medio, pero responde a través de su staff: “El doctor Villalobos no estaba en ninguna de las instancias encargadas de procesar el nombramiento de los candidatos a diputados en Sinaloa en 2013. La Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Directivo Estatal y la Comisión de Selección de Candidatos eran los encargados de recibir, procesar y verificar las candidaturas de las alianzas”.
Aclara que la diputada no tenía antecedentes penales en la fecha de su postulación, y si falsificó una identificación para visitar en prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, eso fue en 2014 o 2015. “El partido no puede asumir responsabilidades. Ella tendrá que responder por dichos actos de manera individual, así como la PGR deberá explicar qué protocolos fallaron (…) en un penal que se supone es de alta seguridad”.
Formado a la sombra de Gustavo Madero, de quien ha sido secretario particular y asesor en las cámaras federales, Villalobos era delegado del comité panista en Sinaloa durante la nominación de la hoy llamada Chapodiputada. Fue un año después, en junio de 2014, cuando presidió el Comité Estratégico de Elecciones del Comité Nacional panista. Le han atribuido desde tráfico de influencias en dependencias federales y promoción de nombramientos de altos funcionarios fiscales, hasta la gestión de permisos para casinos. Pero el tema más sensible ha sido el de su relación con Edelmiro Sánchez Hernández, la última persona que vio con vida al ex diputado panista neoleonés, Hernán Belden Elizondo, quien fue asesinado el 11 de noviembre de 2012.
Sánchez Hernández, detenido en 2004 por posesión de 87 kilos de marihuana, efectuó una primera declaración en calidad de testigo respecto al caso Belden, pero cuando la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) lo citó para la segunda comparecencia, el hombre se esfumó. El 13 de noviembre de 2012 la PGJNL solicitó auxilio a las procuradurías estatales y a Interpol para localizarlo. No han tenido éxito.
El testigo evadido había sido señalado como un operador informal del Comité Nacional del PAN en Nuevo León. El entonces diputado Villalobos negó esa versión y advirtió que no solaparía a nadie. Mientras Interpol lo buscaba, Edelmiro Sánchez reapareció en enero de 2014 en una famosa fiesta de diputados panistas en Puerto Vallarta, cuya videograbación fue difundida en agosto. En ella se encontraban los legisladores Luis Alberto Villarreal, Martín López Cisneros, Máximo Othón Zayas y el ex legislador Alejandro Zapata Perogordo. Al fondo, Villalobos aparece charlando animadamente con el testigo de la PGJNL. Al parecer, nadie reportó la localización de Sánchez Hernández a las autoridades.
El miembro del staff de Villalobos justifica: “El doctor no tenía conocimiento del estatus legal de la persona que estaba en Vallarta”.
¿Cuánto cuesta blanquear el nombre?
El 2 de octubre de 2008, Carlos Lomelí Bolaños, empresario farmacéutico jalisciense, estaba en un restaurante con otros ejecutivos. Habían pasado dos años desde su candidatura a senador de la Coalición Por el Bien de Todos, que postuló en los comicios presidenciales a Andrés Manuel López Obrador, y a Marcelo Ebrard para el GDF. Ahora estaba concentrado en su empresa, Lomedic, que 28 días atrás obtuvo, tras vencer a cuatro monstruos del sector, uno de los contratos más codiciados de la temporada: 700 millones de pesos por proveeduría a las instituciones de salud del GDF, ya con Marcelo Ebrard.
De pronto, sus acompañantes indicaron a Lomelí que mirase la televisión.“¿Pues qué es?”, preguntó. “Eres tú —le dijeron—, te están vinculando con un cártel”. El diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC) recuerda su incredulidad frente a la noticia: La Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU (OFAC, por sus siglas en inglés) etiquetaba a Lomedic dentro de “una red” de empresas mexicanas que, presumía, lavaban dinero del Cártel de los Amezcua.
En entrevista con este diario, cuenta su primera reacción: comprar planas enteras en todos los diarios de circulación nacional para pedir al entonces presidente Felipe Calderón e instituciones federales “ser investigado y que de alguna manera se limpiara mi nombre”.
Lomedic envió tres furgonetas llenas de documentación contable al Departamento de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR. No fueron menos los trámites que el diputado efectuó ante la OFAC. “Fue devastador sentar a la familia y explicarles que no teníamos absolutamente nada de qué avergonzarnos”. Sus hijos sufrieron acoso y rechazo. Algunos proveedores cancelaron el contacto y perdió contratos. “Tuve que hacer un recorrido con todos los gobernantes para decirles ‘oigan, yo no me dedico a eso, déjenme terminar mi contrato’”. En noviembre de 2011, OFAC le envió una carta, de la que tiene copia este diario, anunciándole que saldría de su lista. Un mes antes, según el diputado, la entonces subprocuradora Marisela Morales le informó personalmente que nada había en su historial que fuese materia de sanción, y le habría extendido un papel en el que estaban escritos algunos nombres: “Son las personas que nos pusieron a trabajar”.
El legislador asegura que eran empresarios farmacéuticos. “Se pagó para que la información se subiera a la OFAC”.
—¿Cuánto gastó en las gestiones para limpiar su nombre?
—Sólo en Estados Unidos, más de 2 millones y medio de dólares…
Indagaciones truncas
El ex alcalde priísta de Sahuayo, Alfredo Anaya Gudiño, ha presidido el Consejo de Administración de Consorcio Alfa Omega —fertilizantes, petroquímica, minería, mercado inmobiliario, seguros, transporte, servicios financieros, hotelería—, y también accionista principal de Fertilizantes de Guadalajara, empresa que en 1992 compró Roca Fosfórica Mexicana (Rofomex), entre otras.
Su hijo, Alfredo Anaya Orozco, actual diputado federal, es vicepresidente del consejo de administración del grupo. En junio de 1996, la PGR investigaba a su padre por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Un oficio (407/996) elaborado por Guillermo Nava Ramírez, oficial de la extinta Policía Judicial Federal, destacado entonces en el distrito de Jacona, Michoacán, lo vinculó con Francisco Sahagún Baca (EL UNIVERSAL 9/11/2001), ex director de Investigación para la Prevención de la Delincuencia de la Policía del Distrito Federal bajo la gestión de Arturo Durazo Moreno, jefe policíaco capitalino involucrado con bandas delincuenciales en los años 70 y 80.
Anaya Gudiño confirmó en 2001, como candidato al gobierno de Michoacán, que Sahagún fue su amigo muchos años: “Pero hace como 15 que no lo veo”. También ha aceptado que nunca declaró por el asunto del “lavado de dinero”.
En 2008 un juez de Jalisco giró orden de detención en contra suya por un fraude de 144 millones de pesos contra Industrializadora de Maíz S.A. de C.V. Obtuvo suspensión del proceso por amparo del juez federal Luis Núñez, con lo que también frenó el juicio de procedencia que se preparaba en el Congreso michoacano.
En julio de 2014, el cabecilla templario Servando Gómez, La Tuta, difundió un video en el que asegura que Anaya Gudiño lo buscó para exponerle su pretensión de ser gobernador interino, ante la inminente caída de Fausto Vallejo. Gudiño respondió que de pretender el cargo habría buscado al presidente Peña Nieto, no al templario.
Por juntarse con malosos
Muchas acusaciones provienen de presunciones, algunas incluso han sido cerradas. La mayoría ha relacionado a los presuntos culpables con las siguientes organizaciones criminales:
La Familia Michoacana o Caballeros Templarios: Federico Quinto (PRI), Salomón Fernando Rosales (PRI), Rodimiro Barrera Estrada (PRI) y Humberto Benítez Treviño (PRI); así como Iris Vianey Mendoza (PRD), Julio César Godoy Toscano (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) y José Céspedes (PT), entre otros.
Cártel de Sinaloa: Juan Antonio Ixtláhuac (PRI), Ernesto Ruffo (PAN), Rodolfo Dorador (PAN), Armando Ríos Piter (PRD). Cártel de los Beltrán Leyva: Guillermo Anaya (PAN) y Ricardo Villarreal (PAN). Cártel de Juárez: Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Héctor Murguía (PRI).
Los Zetas: Miguel Ángel Yunes (PAN), Javier López Zavala (PRI), Darío Badillo (PRI), Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) y David Monreal Ávila (PT), candidato al gobierno de Zacatecas.
Cártel del Golfo: Francisco Cabeza de Vaca (PAN) y Baltazar Hernández (PRI), candidatos a gobernador de Tamaulipas; El Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, Ulises Ramírez (PAN), entre otros. Edelmiro Sánchez, testigo evadido en el caso del homicidio del diputado neoleonés Hernán Belden, Luis Alberto Villarreal (PAN), Jorge Villalobos (PAN), Martín López Cisneros (PAN) y Máximo Othón Zayas (PAN). Cártel de los Amezcua: Carlos Lomelí (MC). Los Rojos: Rabindranath Salazar (Morena).
Cártel de los Arriola: Alejandro Cano Ricaud, Ascensión Orihuela (PRI), ex candidato al gobierno de Michoacán, relacionado con cuatro grupos: La Familia, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Beltrán Leyva; Samuel Gurrión con Gregorio El Greg Sánchez, presunto lavador de dinero; Alfredo Anaya Gudiño con Francisco Sahagún Baca, policía implicado en narcotráfico. Alejandro Cano Ricaud (PRI) con el grupo delictivo Los Arriola y Hugo Héctor Martínez (PRI), de Coahuila, según denuncias anónimas que derivaron en una averiguación oficial.
La naturaleza diversa de las instituciones y personajes acusadores, en consideración de registros de foto y video, previene ante la tentación de conclusiones apresuradas respecto al grado de certeza o verosimilitud de las imputaciones.
