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El 3 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) montó un operativo auxiliada por el Ejército, la Armada y la Policía Federal en la ciudad industrial de Iguala, Guerrero. En una bodega ubicada sobre la calle Industria de la Transformación se logró incautar un vasto arsenal de armas que supuestamente pertenecía al cártel Guerreros Unidos.
Para rastrear las armas, la PGR envió el oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-C/12587/2014 al agregado de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de la embajada de Estados Unidos en México. Los datos de éstas se asientan en la versión pública del expediente sobre el caso Iguala que integró la Procuraduría.
Entre las armas aseguradas hay dos lanzagranadas M203, calibre .40, procedentes de Estados Unidos, considerados por la ATF como “aparatos destructivos”, cuyo fabricante, de acuerdo con la agencia, es USA Military Surplus; no obstante, la versión pública del expediente no permite distinguir el número de serie de las armas.
Este tipo de lanzagranadas ha sido utilizado por las fuerzas militares estadounidenses en guerras como las de Vietnam, Irak y Afganistán, tiene un alcance efectivo de 150 metros y puede disparar entre cinco y siete tiros por minuto. Se puede adaptar a distintas armas; en el caso de México, se acopla con fusiles G3 de la empresa alemana Heckler & Koch. En ese país su uso es exclusivo de las fuerzas armadas; sin embargo, en Estados Unidos cualquier ciudadano la puede conseguir pagando un impuesto adicional de 200 dólares al precio establecido, debido a la naturaleza destructiva del arma.
La PGR también encontró seis rifles Mini 14 calibre .223 fabricados por la empresa Ruger. Además, dos escopetas Remington calibre .12, un rifle Bushmaster calibre .223 y un fusil M1 calibre 30 de Plainfield Machine Co, todas ellas empresas estadounidenses.
No sólo armas de Estados Unidos fueron suministradas a Guerreros Unidos. Entre lo decomisado destaca una ametralladora calibre .50 de la empresa Browning, fabricada en Bélgica. Se trata de la principal ametralladora pesada utilizada por las fuerzas militares en las operaciones de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y es empleada contra blancos pesados, como vehículos y embarcaciones con ligero blindaje, y contra aviones en vuelo rasante.
Asimismo, se confiscó un rifle SKS 762, de procedencia china, fabricado por Norinco, el mayor productor de armas militares en esa nación y uno de los principales en el mundo. También una pistola calibre 9 mm, modelo Uzi, fabricada por Industrias de Armas Israelíes, que provee equipo militar a las fuerzas armadas de ese país.
De igual modo, se localizó una ametralladora italiana modelo PM12S, fabricada por la empresa Pietro Beretta. Dicho modelo es la versión mejorada del subfusil oficial del ejército italiano y tiene una capacidad de 550 disparos por minuto. Por su poder de fuego es usada también por la OTAN.
También se hallaron siete ametralladoras sin registro de país de procedencia ni fabricante: cuatro de calibre .762, dos de calibre .45 y otra sin calibre especificado.
Cartuchos útiles
El operativo coordinado por fuerzas federales, con el que se detectó el arsenal, se realizó aproximadamente a 100 metros del lugar del segundo ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, sobre las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte, en el que fallecieron dos alumnos; así como a menos de 60 metros de donde posteriormente se halló el cuerpo de estudiante Julio César Mondragón.
Ahí, de la misma forma, la PGR decomisó 20 mil 866 cartuchos para arma de fuego calibre .380 WIN/7.62 N de casquillos latonados, y balas de puntas normales y diversas. Asimismo, 14 mil 739 cartuchos calibre .223 REM/5.56 mm.
Guerreros Unidos también contaban con 4 mil 643 cartuchos para armas de 9 mm y al menos 3 mil 179 cartuchos de calibre .38 Super Auto, entre otros, algunos cuyo cuerpo fue fabricado en material sintético, algunos con puntas expansivas y otros con cobrizadas.
Además, se localizaron cerca de 200 cargadores para portar los distintos cartuchos que se localizaron. La PGR no reportó ningún detenido por el operativo.
Tráfico ilegal a México
De acuerdo con datos de la ATF y del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados por la Oficina de Inteligencia Estratégica e Información, obtenidos mediante el Sistema de Rastreo de Armas de Fuego de aquel país, en 2014 se recuperaron y presentaron en México 15 mil 397 armas de fuego, de las cuales 8 mil 200 fueron fabricadas en Estados Unidos y 2 mil 861 en otro país, pero importadas de allá; es decir, durante el año pasado casi dos de cada tres armas decomisadas en México provenían del vecino del norte, 71% del total.
No obstante, ha habido una disminución paulatina en el número de decomisos. Mientras que en 2009 la cifra llegó a 21 mil 783, en 2010 bajó a 9 mil 672. Un año después, en 2011, se incautaron 22 mil 595; en 2012 fueron 19 mil 682, y en 2013, 15 mil 721. El porcentaje de las armas aseguradas en México que llegan de Estados Unidos se ha mantenido entre 76% y 67% en los últimos cinco años.
Cuauhtémoc Contreras, analista político y especialista en temas de seguridad e internacionales, explica que el porcentaje tan alto de armas ilegales que llegan de Estados Unidos a México es debido a que las mafias mexicanas aprovechan la laxitud de las leyes domésticas estadounidenses, mismas que permiten a prácticamente cualquier persona adquirir un arma de grueso calibre, que después será enviada a México a través de redes minoristas de contrabando.
“A pesar de la fallida operación Rápido y furioso, la legislación sobre la adquisición de armas no cambió en aquel país, incluso algunos sectores de la derecha estadounidense se oponen a un acuerdo internacional contra el tráfico de armas porque les resulta benéfico para fines político-electorales.
“Recordemos que incluso la CIA y el Pentágono han tenido en la transferencia de armas una herramienta política importante para apuntalar golpes de Estado, por ello se requiere un acuerdo en la ONU que vincule a los Estados a emitir leyes acordes para combatir el contrabando de armas y municiones, ya que el comercio de éstas sigue siendo un área sin control en el mundo”, señaló.
Son varias las organizaciones y colectivos en todo el mundo que se han pronunciado contra el tráfico de armas a países en conflicto. A principios de octubre pasado, en el marco del primer aniversario de los hechos de Iguala, donde seis personas perdieron la vida y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa continúan desaparecidos, activistas ingleses protestaron en la embajada mexicana de aquel país. Acusaron a su nación de suministrar armas a México.
Los manifestantes exigieron detener el tráfico ilegal de armas a nuestro país para evitar hechos como la “brutal masacre en Iguala”.
Activistas de la Campaña contra el Comercio de Armas señalaron que el uso de la tortura es generalizado por la policía y el Ejército, y que a pesar de que “la guerra en México causa estragos, el gobierno inglés sigue ofreciendo armas a la milicia mexicana en ferias mundiales”.
