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Cuando la puerta de la sala 14 A se abrió, tomó su tiempo: caminó a paso lento y lanzó una mirada circular a la audiencia. Vestía el uniforme naranja de los reos, pesaba unos 50 kilogramos y la piel del rostro se le había llenado de manchas blancas.
Eduardo Arellano Félix, El Doctor —líder del Cártel de Tijuana, uno de los más sanguinarios de los últimos tiempos—, sonreía. Aquel 24 de febrero de 2013 en la Corte del Distrito Sur de California, en la ciudad de San Diego, recibiría sentencia. Aun así, los pocos segundos que miró de frente lo hizo con una sonrisa.
Tres años antes había sido extraditado a Estados Unidos por el gobierno de Felipe Calderón. Durante su traslado, las autoridades mexicanas previeron que en aquel país podría enfrentar una condena ejemplar por crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas.
El juez Larry Alan Burns inició la audiencia a las 10 de la mañana, con un discurso en el que hacía énfasis en los devastadores efectos causados por la familia Arellano Félix en la sociedad en México y Estados Unidos.
Desde el banquillo destinado a pocos medios de comunicación podía verse a un Eduardo de perfil, que seguía sonriendo. Unas semanas antes había alcanzado un acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos: él se declararía culpable, accedería a entregar 50 millones de dólares al gobierno estadounidense y el juez lo exoneraría de cinco cargos por narcotráfico.
A Eduardo Arellano Félix, intermediario entre los cárteles colombianos y responsable de la entrada de toneladas de cocaína a México, pactar le resultó ventajoso. Sabía que libraría cadena perpetua y sólo pasaría 15 años en prisión.
Una investigación realizada por EL UNIVERSAL revela que en la última década 922 delincuentes mexicanos —principalmente narcotraficantes de alto perfil— han sido extraditados a EU, país en el que a cambio de grandes sumas de dinero y confesiones se les rebajan las penas.
Documentos, transacciones y archivos obtenidos a través de solicitudes de información al gobierno mexicano y fiscalías estadounidenses revelan que los tres hermanos Arellano Félix cedieron a la administración encabezada por Barack Obama un total de 200 millones de dólares, que sirvieron para que Benjamín Arellano pagara una condena de 20 años, a pesar de que, se dijo, estaría condenado a cadena perpetua.
En el caso de Francisco Javier Arellano, a quien en principio se aseguró que sería condenado a pena de muerte, pasará en prisión sólo 23 años, y Eduardo Arellano 15 años, con posibilidades de reducción en su condena.
Peticiones
De diciembre de 2006 a septiembre de 2015 el gobierno mexicano recibió mil 253 solicitudes de extradición, de las cuales se han concedido 922, es decir, 73% del total.
Durante la presidencia de Felipe Calderón se registraron 994 peticiones, es decir, 165 por año, y de éstas se concedieron 676 (68%).
En la actual administración de Enrique Peña Nieto, que está por cumplir tres años, se han registrado 259 solicitudes (86 por año) y 246 han sido concedidas, es decir, 94%. En 2013 fueron extraditadas 98 personas; en 2014, 84, y en lo que va de este año, 64.
En conclusión, la administración de Enrique Peña Nieto ha recibido la mitad de las solicitudes de extradición que Felipe Calderón; sin embargo, aprueba una cuarta parte más.
Dinero perdona cadena perpetua
Eduardo Arellano —56 años, médico de profesión— fue el tercero de los hermanos en ser extraditado por el gobierno mexicano a EU, antecedido por Benjamín y Francisco Javier.
El Señor, como le llamaban a Benjamín, fue el cerebro financiero y operativo del cártel desde la década de los 80. Tras nueve años en el penal de El Altiplano, fue solicitado por la Fiscalía del Distrito Sur de California en 2011.
En ese entonces, la fiscalía aseguró que Benjamín “podría pasar toda su vida en prisión” —140 años—. Pero tras un año de negociaciones, El Señor pactó con Estados Unidos la entrega de 100 millones de dólares y una sentencia de “toda la vida” se redujo a 20 años.
Sin embargo, el pacto más notorio de la familia Arellano Félix es el de Francisco Javier, alias El Tigrillo. Fue extraditado por las autoridades mexicanas en 2007 e inició un proceso judicial en California.
Sobre el menor de los hermanos pesaban cargos por transportación y compra de droga desde Colombia, asesinato y secuestro de enemigos del cártel; sobornos sistemáticos a funcionarios mexicanos y a miembros del Ejército, e introducción de 150 toneladas de cocaína a EU.
Autoridades de ese país informaron que pedirían la pena de muerte para el menor de los hermanos Arellano. Pero después de meses de negociaciones con el gobierno estadounidense, la entrega de 50 millones de dólares y un yate llamado Dock Holliday, fue condenado a cadena perpetua el 5 de noviembre de 2007 y se eliminó la petición de pena de muerte.
El pasado 19 de junio, el caso de Francisco Javier volvió a dar otro giro: un juez decidió reducir toda una vida en prisión por 23 años de cárcel. En un documento en poder de este diario, autoridades de EU explican que fue beneficiado a cambio de delatar a narcotraficantes.
“El señor Arellano proporcionó información veraz. La información que aportaba era como un sueño hecho realidad”. Otorgó datos significativos que ayudaron al gobierno a identificar y actuar contra otros traficantes de droga a gran escala y contra funcionarios corruptos en México y Estados Unidos.
Acuerdos secretos
Una de las extradiciones más representativas de la última década fue la de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. En 2007 fue trasladado a Texas para enfrentar 12 cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
Inicialmente, las autoridades mexicanas declararon que podría enfrentar cadena perpetua por amenazar de muerte a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Durante más de dos años nada se supo del capo.
Fue hasta la mañana del 24 de febrero de 2010 cuando reapareció a puerta cerrada en la Fiscalía de Texas. Había firmado un acuerdo con autoridades de EU, del que poco se sabe porque fue clasificado como confidencial de por vida.
Sin embargo, a través de una transcripción del día que le fue dictada sentencia —proporcionada cinco años después a EL UNIVERSAL— se sabe del pacto que el narcotraficante hizo con las autoridades de ese país.
La juez Hilda G. Tagle externaba la molestia que le causaba acatar el pacto que el capo firmó con el gobierno de Barack Obama, donde Cárdenas sólo pasaría en reclusión 25 años, a los que se le restarían los cuatro que pasó en una prisión mexicana y los tres que duró su juicio en EU.
“Porque la ley no me permite participar en las negociaciones, he tenido que confiar en el juicio del fiscal, en su evaluación de las acciones en este caso”, dijo entonces la jueza Tagle.
A Osiel Cárdenas sólo le imputaron cinco cargos y entregó 50 millones de dólares derivados de las ganancias del narcotráfico. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de EU han asegurado que Osiel Cárdenas brindó información sobre la estructura y operatividad del Cártel del Golfo.
El narcotraficante está recluido en alguna prisión de Estados Unidos, su ubicación permanecerá en secreto hasta el 1 de noviembre de 2028, día en que recuperará su libertad.
Se delatan entre criminales
El día que lo detuvieron, Vicente Zambada Niebla vestía impecable: un saco negro de terciopelo se amoldaba a su cuerpo. Aparecía ante los medios con una camiseta a rayas en colores pastel, el primer botón desabrochado, pantalón de mezclilla y zapatos bien boleados.
El Príncipe Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, estaba bien vestido. Cinco horas antes se había reunido con autoridades de la DEA en el hotel Sheraton de la ciudad de México. Había acordado brindar información completa sobre las operaciones de su grupo criminal y organizaciones delictivas rivales.
Aunque ya lo hacía parcialmente: a través de un abogado de nombre Humberto Loya Castro, proporcionó información a la DEA sobre importantes cabecillas del narcotráfico en México.
Un año después, el hijo del fugado narcotraficante Ismael El Mayo Zambada era extraditado a un centro de detención en Chicago, Illinois. Las autoridades estadounidenses lo recibieron con un expediente donde se valuaba que debía entregar al gobierno de Estados Unidos 500 millones de dólares, producto de la venta y distribución de droga.
Pero Zambada y sus abogados jugaron la carta que los agentes de la DEA les proporcionaron en el hotel Sheraton: denunció que, aunque existía un pacto de inmunidad entre él y las agencias de seguridad, no había sido respetado. El narcotraficante logró negociar.
Por la complejidad del caso, su sentencia ha sido postergada; sin embargo, la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois ya fijó el decomiso de sólo un millón 373 mil 415 dólares.
En la transcripción proporcionada por la fiscalía federal se expone que a Zambada Niebla le será tomada en cuenta la información que ha proporcionado para fijar una sentencia menor.
Los narcotraficantes continúan pactando y haciendo transferencias a las autoridades estadounidenses. EL UNIVERSAL cuenta con dos recibos de transacciones que realizaron dos miembros del Cártel de Sinaloa.
Serafín Zambada Niebla, hermano de Vicente, fue extraditado a San Diego en noviembre de 2013. El pasado 4 de febrero realizó una transferencia de 250 mil dólares.
Otro es Rodrigo Aréchiga Gamboa, El Chino Ántrax, brazo armado del cártel sinaloense. Fue detenido en Ámsterdam, Holanda, y extraditado a mediados de 2014 a San Diego, California. El 10 de septiembre de 2015 el narcotraficante depositó en las arcas del gobierno de Estados Unidos un millón de dólares.
El más reciente grupo de extraditados por Enrique Peña Nieto estuvo integrado por 13 delincuentes, entre los que destaca el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
El capo —que rió ante los medios de comunicación el 30 de agosto de 2010, día de su detención— fue extraditado a Estados Unidos el pasado 30 de septiembre, acusado por la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Este 10 de octubre se presentó ante el juez William S. Duffey, declarándose inocente.
El proceso contra La Barbie comenzó: ya se armó de un despacho de abogados especializado en casos de narcotráfico y lavado de dinero, Maloy Jenkis y Parker.
En las siguientes semanas se dará a conocer si la fiscalía federal le ofrecerá alguna clase de negociación para reducir su sentencia, a cambio de la información que el narcotraficante posee sobre las actividades criminales de sus asociados y enemigos.
