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Los Ángeles, California
Es difícil saber si Donald Trump está molesto o lo está disfrutando. El ceño fruncido, los ojos empequeñecidos de mirada filosa y el mentón apretado se han vuelto su sello personal. Sin embargo, aparenta estar auténticamente enojado cuando interrumpe al periodista Jorge Ramos durante una conferencia de prensa en Iowa: intenta acorralarlo y, en lugar de responderle, lo ataca.
En el atropellado intercambio registrado el pasado 25 de agosto entre Ramos, reportero de la cadena Univisión, y el aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, se alcanza a escuchar este diálogo:
—A nivel nacional, 75% de los latinos tiene una opinión negativa sobre usted— le dice el reportero.
—¿Sabes cuántos latinos trabajan para mí?— revira Trump.
—Pero lo desprecian. Usted lo sabe.
—¡Me aman! — clama Trump contundente.
Más allá del discurso retórico de Trump, cifras recientes indican que Ramos no está equivocado: en al menos un par de encuestas nacionales, tres de cada cuatro estadounidenses rechazan las ideas planteadas por Trump en su plataforma de campaña, como la deportación masiva de inmigrantes y la eliminación del derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Pero este rechazo no se queda sólo en los números: la comunidad latina organizada ha empezado a construir una estrategia a largo plazo para responder a Trump con algo más que palabras, y para dejar claro que no lo quieren.
El voto como estrategia
En una reunión cumbre celebrada del 10 al 12 de agosto de este año en la ciudad de Las Vegas, 243 líderes de las principales organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos, agrupados bajo la coalición FIRM (Fair Immigrant Reform Movement), discutieron a puerta cerrada el punto más relevante de la agenda: los ataques racistas por parte de los aspirantes a la candidatura republicana y la estrategia para responderles. Al final de los tres días de reuniones salieron con un acuerdo bajo el brazo: la respuesta llegará en forma de voto latino.
“Quienes estuvieron ahí manifestaron su preocupación por el lenguaje de Donald Trump y de otros candidatos del Partido Republicano, un lenguaje ofensivo, antiinmigrante y hasta xenofóbico”, relata Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición de Los Ángeles por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), una de las organizaciones proinmigrantes más activas dentro de FIRM.
“Este es un lenguaje que hace mucho tiempo no escuchábamos de políticos que aspiran a la presidencia, aunque sí hemos visto más de 134 propuestas de ley antiinmigrantes que el Congreso, liderado por los republicanos, ha tratado de aprobar durante estos últimos cinco años”, recuerda Cabrera.
“No es extraño que como parte de un partido político que ha mostrado su verdadera postura en contra de la comunidad inmigrante, un candidato a la presidencia también se muestre claramente antiinmigrante. Pero más allá de las ofensa que le ha hecho a nuestra comunidad, tenemos que pensar en el daño que una presidencia Trump ocasionaría a nuestro país como nación multicultural. Por eso nuestra respuesta como movimiento va en dos sentidos: no dejarnos intimidar por las acusaciones, pero ir más allá del enojo, de la ira; nuestro verdadero poder en contra de esta ola antiinmigrante se tendrá que ver en las urnas, tanto en las elecciones primarias de los partidos como en las de noviembre del próximo año”, dice.
Esta decisión no es poca cosa. Las organizaciones que integran la red FIRM van desde organizaciones activistas de base hasta la influyente ACLU (American Civil Liberties Union) y las grandes centrales sindicales del país.
El músculo electoral de estos grupos se ha manifestado con fuerza en el pasado. Una adhesión a cualquier candidatura por parte de las centrales sindicales como AFL-CIO, que representa a 12.5 millones de trabajadores de las industrias metalúrgica, hotelera, aeroportuaria, del sector restaurantero y educativo, entre otros, puede ser tan efectiva como su rechazo.
El 27 de agosto, Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, emitió un comunicado acusando a los candidatos republicanos de incitar a la violencia y la división de manera intencional, cuestionando sus discursos “que atacan latinos y vuelven chivos expiatorios a todos los inmigrantes, como antiestadounidenses”.
“Son puntos de vista llenos de odio y racismo, y no son un accidente: tienen toda la intención de degradar y dividir”, dijo Trumka.
De acuerdo con Cabrera, la estrategia acordada por las organizaciones que integran FIRM rumbo a las elecciones incluye una campaña de naturalización, para que la mayor cantidad de residentes que cumplan con los requisitos para hacerlo se conviertan en ciudadanos y puedan votar, así como una cruzada para ampliar el número de votantes registrados.
Un proyecto similar creado tras las marchas proinmigrantes de 2006, llamado “Ya es hora, ¡ciudadanía!”, logró aumentar en un millón el número de votantes latinos registrados rumbo a la histórica elección presidencial de 2008, cuando 10 millones de latinos fueron a las urnas. Como referencia, en ese año Barack Obama ganó sobre John McCain con una diferencia de 10 millones de votos, y la de 2012 contra Mitt Romney con 5 millones de votos más.
“Debemos asegurarnos de que al momento de votar volvamos a mostrar nuestro poder, que se escuche el rugir de nuestra comunidad y no solamente nuestro rechazo verbal a este tipo de retórica”, agrega Cabrera. “Que en estas elecciones dejemos un sello: los inmigrantes latinos, los asiáticos, rechazamos con nuestro voto este tipo de campaña que divide”.
Al tiempo que las organizaciones latinas trabajan en su estrategia, la reacción de otros grupos, de los think tanks progresistas, e incluso de algunos periodistas y medios de comunicación, ha sido inmediata y contundente. Tras las primeras declaraciones de Trump en contra de los inmigrantes mexicanos, acusándolos de “asesinos” y “violadores”, decenas de organizaciones de derechos humanos y civiles emitieron comunicados rechazando este discurso, y varias empresas anunciaron la suspensión de sus relaciones de negocios con el magnate, incluida la poderosa televisora NBC —que transmitió por años el reality show titulado The Apprentice, protagonizado por el propio Trump— que siguiendo el ejemplo dado por la cadena Univisión, dio por terminado su contrato para transmitir el certamen Miss Universo, propiedad del magnate.
Otros latinos se sumaron también al boicot: Lupita Jones, ex reina de belleza mexicana, anunció que las contendientes de este país se retiraban de la competencia; el cantante colombiano J Balvin canceló su actuación en el evento, así como la actriz boricua Roselyn Sánchez y el actor Cristian de la Fuente, quienes fungirían como conductores. El cantante Ricky Martin anunció que rompía su convenio con Trump para realizar el torneo anual de golf de la fundación de Martin en las instalaciones del millonario en Puerto Rico.
En días pasados, el American Immigration Council, un think tank especializado en inmigración y políticas públicas, emitió un comunicado retomando los resultados de algunos de sus estudios sobre el poder económico de los inmigrantes latinos y asiáticos. Un botón de muestra: si los 8.1 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos —5.1% de la fuerza del trabajo del país— fueran deportados, ese país perdería 1.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual, una suma de 2 mil 600 billones de dólares en un plazo de 10 años.
Otro punto controversial de la agenda de Trump es el que propone retirar el derecho a la ciudadanía estadounidense a los nacidos en este país que sean hijos de inmigrantes indocumentados, a los cuales se ha referido con el término anchor babies [bebés ancla], bajo el argumento de que los padres usan a sus hijos para obtener privilegios en ese país.
En una de las respuestas venidas desde el periodismo, USA Today, uno de los diarios nacionales con mayor circulación, expone en su artículo editorial del 20 de agosto que este esquema no contribuye “a la búsqueda de soluciones a los problemas del país (…) y automáticamente crearía una subclase de niños sin Estado, sin posibilidad de ir a la escuela o sentir lealtad hacia el país en el cual viven”.
El 24 de agosto, Mekahlo Medina, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en EU, hizo un llamado a los candidatos a la presidencia y a los medios de comunicación para que se abstengan de utilizar el término anchor baby, debido a que “denigra a estos niños y desata odio y amenazas contra sus padres”. A cambio, sugiere el uso de “hijos estadounidenses de padres inmigrantes indocumentados”.
Lo que Estados Unidos quiere
Los números de las recientes encuestas en materia de inmigración también refuerzan la postura antiTrump: la mayoría de los estadounidenses está por la búsqueda de una solución práctica a los problemas de inmigración y considera que la presencia de inmigrantes es positiva para Estados Unidos.
Un reporte de finales de agosto publicado por el Pew Research Center (PRC) arroja que 72% de los estadounidenses —incluidos 80% de los simpatizantes del Partido Demócrata, 76% de los independientes y 56% de los republicanos— consideran que debería permitirse a los inmigrantes indocumentados permanecer legalmente en el país si cumplen con ciertos requisitos. Y una encuesta realizada entre junio y julio de este año por la empresa Gallup, encontró que sólo 19% de los encuestados apoyan la deportación masiva, en tanto que 65% apoya que los inmigrantes se queden y se conviertan en ciudadanos. El mismo sondeo encontró que 73% de todos los encuestados considera que la inmigración es un factor positivo para el país.
Y mientras que los editorialistas y politólogos debaten sobre el impacto de la estrategia de Trump, Jonathan Chait, analista político de New York Magazine, hace una revisión de estos números y concluye con un titular publicado el 26 de agosto: “Donald Trump va a perder porque está loco”.
