Más Información
periodismo.investigacion@eluniversal.com.mx
Desde 2006, cuando inició el gobierno de Felipe Calderón y emprendió la lucha contra el crimen organizado, las incidencias en los penales federales del país han ido en aumento: pasaron de 98 en el año que asumió la Presidencia de la República, a mil 261 en 2014, el segundo año de la presente administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, crecieron casi 12 veces.
Durante cada año de la administración del ex presidente panista las incidencias fueron en aumento: en 2007 se registraron 104, mientras que para 2008 hubo 174 y en 2009 crecieron a 271. En 2010 la cifra se elevó aún más, a 376, y en 2011 ya eran 531.
En 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón, se potenció el incremento en las incidencias, al llegar hasta 640 registros de diversas irregularidades dentro de los penales, indican cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, entregadas a EL UNIVERSAL.
El concepto de “incidencias” agrupa las distintas anomalías registradas en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), como motines, riñas, homicidios, intentos de fugas y evasiones consumadas, suicidios, huelgas de hambre, agresiones a terceros y autoagresiones, entre otras.
La avalancha de conflictos en los penales federales no ha podido ser controlada con el cambio de gobierno. En 2013, el primer año de Peña Nieto, se incrementó a mil 62, y para 2014 se elevó aún más, a mil 261.
Para Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente especializado en temas de justicia penal, el incremento de problemas al interior de los centros penitenciarios federales se debe a la sobrepoblación y al hacinamiento por el que atraviesan.
“[La incidencia] aumenta con la cantidad de presos, y se exacerba o se aumenta más que proporcionalmente cuando los reos están hacinados”, expone el especialista.
Esta sobrepoblación en los penales federales se debe a que a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico” comenzaron a construirse más cárceles, debido a la cantidad de personas que eran detenidas y recluidas, la gran mayoría de éstas iban a prisión preventiva por delitos de posesión de narcóticos con fines de venta, es decir, eran presos sin condena que saturaban los reclusorios del país.
Una muestra de ello, explica el experto, es que mientras que en 2006 alrededor de 4 mil personas fueron condenadas por jueces federales con sanciones mínimas por delitos de narcomenudeo —en muchos casos la droga era para consumo personal—, en 2012 esta cifra se elevó a 14 mil detenidos, quienes fueron a parar a las cárceles para cumplir penas de por lo menos un año de prisión.
Peleas, a la orden del día
En poco más de nueve años —de enero de 2006 a marzo de 2015— se han registrado 4 mil 826 incidencias, siendo las riñas las más abundantes: hubo 3 mil 367 peleas en los 17 penales a cargo del gobierno federal. En estas agresiones han participado 5 mil 515 internos y han resultado heridos 171.
Además, se han registrado 351 ataques a terceros, donde han estado involucrados mil 544 reclusos. También 245 internos han participado en autoagresiones.
En estos poco más de nueve años, sólo han ocurrido ocho motines, y todos se registraron durante 2013. Los internos involucrados en estos incidentes fueron 453.
Uno de estos motines ocurrió la mañana del 2 de febrero de 2013 en el complejo penitenciario de Islas Marías, donde los presos prendieron fuego a colchonetas y muebles, agredieron a custodios y comandantes en protesta por los servicios deficientes que se les brindaban en el penal federal.
Por la tarde de ese mismo día, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) envió un comunicado donde informó que el problema fue “una protesta”, y que en total participaron 650 internos y cuatro custodios resultaron heridos.
Pese a que la misma CNS informó que fueron 650 los reos involucrados, el hecho quedó registrado en las estadísticas del sistema penitenciario como un incidente donde participaron 439 internos y un saldo de cinco heridos.
Pocas evasiones
Antes de la más reciente evasión de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el pasado 11 de julio, sólo había sucedido una fuga, en la que escaparon dos personas. Ésta, según los documentos, ocurrió en marzo de 2014, en el Cefereso Número 9 Norte, ubicado en la salida de Ciudad Juárez, Chihuahua. La noche del 14 de marzo del año pasado, cinco reos federales brincaron la barda del penal por la torre número 8, utilizando cuerdas y ganchos. Tras una persecución, personal de custodia del centro carcelario logró la recaptura de tres de los cinco presos que se habían fugado.
Posteriormente, en abril de 2014, se logró detener al cuarto prófugo en un hotel de Ciudad Juárez, mientras que el quinto y último reo que quedaba libre fue reaprehendido en junio de ese mismo año por elementos federales en Gómez Palacio, Durango.
Además de esta fuga, nueve internos han tratado de escaparse, pero no lo han logrado. Cuatro de ellos lo intentaron en 2013 y los otros cinco en 2014.
Decesos
Desde 2006 han ocurrido decenas de muertes al interior de los penales. De acuerdo con las estadísticas entregadas por el OADPRS, tres personas fueron asesinadas y hubo siete intentos de homicidio. Además, 20 presos se han suicidado y otros 19 han intentado quitarse la vida en cautiverio.
A los homicidios y suicidios hay que agregarle una tercera estadística: los decesos, ya sea por accidentes o muerte natural. En dicho rubro se han contabilizado 181 fallecimientos en estos poco más de nueve años.
En cuanto a violaciones, sólo se tiene el registro de un incidente de este tipo, ocurrido en julio de 2014 en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz, donde participaron cinco internos.
Huelgas de hambre
En el periodo en mención se tiene el registro de 37 huelgas de hambre. El año con el mayor número de estos incidentes fue 2014, cuando ocurrieron 14, nueve de éstas en el Cefereso Número 12 de Ocampo, Guanajuato.
En 2011 hubo seis huelgas de hambre. Una de ellas fue protagonizada por Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, quien protestó de esta manera por los “malos tratos” que se le daban en el penal de El Altiplano, según declaró Abel Valdez, hermano del narcotraficante, a un medio de Estados Unidos.
El 13 de octubre de ese año, a través de un comunicado, la entonces Secretaría de Seguridad Pública informó que Valdez Villarreal se había negado a ingerir alimentos desde el 3 de octubre, debido a que se le negó la visita conyugal a su pareja.
En El Altiplano, seguro hay conflictos
El penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, no ha sido la excepción en el crecimiento de incidencias. El ex presidente Felipe Calderón lo tomó con 17 hechos en 2006, y para 2012, al final de su sexenio e inicio del de Peña Nieto, el número había crecido a 27.
El cambio de gobierno no representó mejoras en el sistema penitenciario, los problemas siguieron creciendo. En el penal donde estuvo encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, y en el que permanecen criminales como La Barbie; Servando Gómez Martínez, La Tuta; Héctor Beltrán Leyva, El H, o Miguel Ángel Treviño, El Z-40, entre otros, hay registro de 45 problemas durante 2013, y en 2014 aumentaron aún más, para llegar a 60.
Hasta marzo de 2015 los incidentes sumaron 19, lo que indica que de continuar esta tendencia el número de problemas rebasará a los acumulados durante 2014.
En la sumatoria de los primeros 14 meses, de casi 17 que duró el cautiverio de El Chapo, se alcanzaron 70 incidencias: 44 riñas, 10 agresiones a terceros, 13 autoagresiones, dos huelgas de hambre y un deceso. Los diversos problemas por los que atraviesa El Altiplano no sólo han sido registrados por el OADPRS, también han sido advertidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A pesar de que este Cefereso fue el quinto mejor calificado (7.53, en un promedio de 6.61) en el estudio Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2013, realizado por la CNDH, tiene notables problemas en los rubros de integridad física y moral del interno, de estancia digna, de condiciones de gobernabilidad y de reinserción social. También hay deficiencias con grupos que tienen requerimientos específicos, como los adultos mayores, las personas con VIH o con alguna adicción.
El centro, desglosa la CNDH en su informe de 2013, tiene una capacidad para alojar a 894 internos, pero mantenía una población, hasta el día de la visita, de mil 267, lo que indica sobrepoblación y hacinamiento.
Además, muestra deficiencias en la separación de internos y actividades, los servicios para mantener la salud de los presos, el registro de incidentes violentos, las acciones para la prevención de la tortura y/o maltrato, el procedimiento para la remisión de quejas por violación a los derechos humanos y en la atención a internos en condiciones de aislamiento.
Otros problemas documentados por la CNDH son las inadecuadas condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a los internos, insuficiente personal de seguridad y custodia, indebido proceso de imposición de sanciones disciplinarias: por ejemplo, en el derecho de audiencia y certificación de integridad física la sanción contempla la suspensión de la visita familiar e íntima, suspensión de la comunicación telefónica, trato indigno durante el cumplimiento de la sanción e inexistente notificación de trabajo social a los familiares del interno que se encuentra sancionado.
Hay registro de actividades ilícitas con la presencia de objetos y sustancias prohibidas, internos que ejercen violencia o control sobre otros. También cobros por parte de reos por protección y para la asignación de estancia o plancha para dormir, entre otras irregularidades.
Derechos humanos, letra muerta
Guillermo Zepeda Lecuona recuerda que hace una década los presos federales se hallaban en las prisiones de los estados y casi no había registros de incidencias, pero hace unos años, principalmente tras la construcción de nuevos penales federales, fueron trasladados a éstos. Ahí comenzó la sobrepoblación.
Por ejemplo, y hasta sus últimos registros, el Cefereso 1 de El Altiplano se encuentra a 130% de su capacidad, mientras que el de Puente Grande está a 174%.
Zepeda afirma que cuando se rebasa 100% de capacidad de un centro ya se considera un conflicto en derechos humanos, y cuando supera 120% se califica como un trato cruel.
Un problema grave que provoca esta sobrepoblación en los penales federales son las riñas, que se originan debido al ocio, al hacinamiento, a la falta de espacios en los reclusorios, y a la insuficiencia de custodios para vigilarlos, comenta el investigador.
Una solución para disminuir las incidencias es despresurizar los penales y la clave para ello está en tener un adecuado proceso jurídico, agrega Zepeda Lecuona.
Una esperanza es el nuevo sistema de justicia penal, explica el especialista, que ya ha dado muestras importantes en el estado de Baja California, donde se ha logrado reducir la cantidad de personas en prisiones a través de mecanismos alternativos, en vez de dictar una sentencia.
