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A media tarde del 6 de junio, Salvador Alanís Trujillo, comandante de un frente de policías comunitarias de Chilpancin go, dirigió una incursión armada sobre la población de Xolapa, en Acapulco, controlada por su antiguo aliado y después rival, Ignacio Policarpio Rodríguez. El resultado fue un enfrentamiento que dejó 15 muertos: al menos ocho fueron velados esa misma noche en humildes viviendas.
La suerte de los dos enemigos es opuesta. El cadáver de Policarpio permaneció cinco horas donde lo mataron. Entre sus heridas más visibles están un escopetazo que le abrió un hueco en el pecho y otro que le desintegró la mitad de la cabeza, aparentemente disparados a quemarropa.
Salvador Alanís, en cambio, se mueve con una libertad aparente: el 12 de julio encabezó un foro sobre seguridad al que convocó a la prensa.
Fue un momento de lucimiento público que contrasta con el entierro presidido por la esposa e hijos de Ignacio Policarpio en el cementerio acapulquense de La Garita, un mes antes.
El 28 de junio, el gobernador interino Rogelio Ortega declaró a la prensa: “Ha disminuido la violencia en la entidad”. Cuestionado sobre el origen de esa afirmación, dijo: “Yo me baso en las estadísticas a nivel nacional, las que realizan los observatorios relacionados con los índices de criminalidad”.
Cuatro días después, el 2 de julio, se dio a conocer que Guerrero es el estado más violento de México, que a su vez es uno de los peores países del mundo en ese aspecto al caer del lugar 138 al 144, de 162, según el documento Índice global de paz, publicado ese día.
Si a nivel nacional, entre el primer semestre de 2014 y el mismo periodo de 2015 se registró una baja de 1% en el número de homicidios dolosos, de 9 mil 57 a 8 mil 963, en Guerrero hubo un repunte de 21%, de 780 a 943, según los reportes mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Si los asesinatos en el estado representaban 8.6% del total del país el año pasado, ahora son 10.5%, una cifra tres veces superior a la población guerrerenses, que es de 3.5%.
Los efectos de la inseguridad tienen las alarmas sonando en el estado. El 11 de julio, familiares de tres médicos y un abogado desaparecidos el 19 de junio también en Xolapa, protestaron por la decisión de la fiscalía estatal de dejar de buscarlos una vez que, con base en análisis de ADN, las autoridades asumieron que concidían con cuatro cuerpos encontrados en Santa Bárbara. De los asesinos, razones del secuestro y ejecución de las víctimas, no se sabe nada.
Empresas importantes se marcharon del estado: Coca Cola Femsa cerró en Arcelia, Iguala y Chilpancingo; las automotrices Volkswagen, Seat y Canteras de México, se retiraron de Iguala. En abril, el dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Trasformación (Canacintra), Rodrigo Alpízar, declaró que mil 300 compañías han cerrado en Guerrero desde que en la noche del 26 al 27 septiembre de 2014 se registraron en Iguala los asesinatos de seis personas (más otra que tiene muerte cerebral) y la desaparición de 43 estudiantes.
De manera similar, la matrícula de la Universidad Autónoma de Guerrero ha disminuido. “Quiero decirles que es por el índice de violencia”, dijo el rector Javier Saldaña al dar cuenta de que, hasta el 25 de junio, había 29 universitarios secuestrados.
Guerrero es también la zona del país donde los periodistas están más amenazados, con 38 agresiones entre enero y junio de 2015, de un total nacional de 227, de acuerdo con un informe de la organización internacional Article 19, presentado en Londres el 6 de julio.
La violencia de la noche de Iguala dio lugar a un discurso unificado entre los candidatos a la gubernatura guerrerense que se presentaron a la elección el día siguiente de la masacre de Xolapa: la impunidad “es responsable de la destrucción de la sociedad”, aseveró Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, el 21 de mayo; “hoy Guerrero es sinónimo de impunidad”, denunció el priísta Héctor Astudillo, el 24 de mayo; “hay que cerrarle paso a la impunidad”, proclamó la perredista Beatriz Mojica el 1 de junio.
“Si voy, me matan”
En Xolapa, Daniel Gallegos, de 23 años, pide protección para su familia. Está de pie frente a los cadáveres de su padre, Melchor Gallegos Abarca, de 47 años, y de su hermano Omar, de 20, y a un lado de su madre, quien llora en silencio. Lo suyo es dolor, indignación, ansia de venganza, pero se detiene en un pensamiento para Nacho Policarpio, “él que nos vino a ayudar, él que estaba con nosotros… lo dejamos solito allá abajo, no lo levantamos. Cada familia corrió a llevarse sus muertos y nadie se acordó de él. Quedó ahí como un perro”.
Funcionarios del gobierno estatal y de la comisión local de derechos humanos han visitado las casas donde cuatro familias velan a sus muertos. Son ocho, además de Policarpio. Prometen apoyos para el entierro. Y justicia. Un ofrecimiento que Daniel, como sus vecinos, recibe con escepticismo. Él y uno de sus compadres son dos de los cuatro afortunados miembros de la policía rural de Xolapa que no estaban en la “comandancia” cuando ocurrió el ataque.
Están seguros, sin embargo, de que quienes asesinaron a sus nueve compañeros querrán volver por ellos. Victoriano Sánchez, subsecretario de Gobierno estatal, le pide a Daniel que declare. Pero la oficina está en Tierra Colorada, a 10 kilómetros al norte y de donde son originarios varios atacantes. “No voy a ir a meterme a la ‘boca del lobo’”, replica. Sánchez ofrece ordenar que lo visite un secretario de actas. “Que venga”, insiste el joven, “porque si voy, me matan”.
Homicidios y secuestros
Durante los primeros meses después de la noche de Iguala, la tragedia y las protestas que despertó no parecieron tener un reflejo en un cambio en las cifras de homicidios dolosos en Guerrero, que se mantuvieron, de septiembre a diciembre, entre los 118 y los 126 mensuales.
El nuevo año, con el inicio de las tensiones preelectorales, marcó una veloz escalada que empezó en enero, con 138 asesinatos; subió en marzo a 155, alcanzó cumbre en abril, con 194, y se mantuvo en las alturas en mayo, con 175. El fin del proceso, que se celebró el 7 de junio, coincidió con un leve descenso de la violencia, aunque siguió siendo superior al promedio reciente, con 141 homicidios dolosos en ese mes. En junio de 2014, por contraste, la cifra fue de 103.
La desproporcionada presencia del estado en los índices de homicidios dolosos se repite en el caso de los secuestros, otro delito de alto impacto: si en el primer semestre de 2014 hubo 61 casos en el territorio, que equivalen a 6.3% del total nacional (957), un año después los raptos en el país cayeron a 686, pero los ocurridos en Guerrero se elevaron a 68.
Ahí fue capturada una de cada 10 víctimas en México, según el SNSP. Febrero de 2015 registró un pico de 27 secuestros, contrastante con los 11 de enero y los cinco de marzo. Pero la estadística oficial sólo marca cuatro secuestros en abril de este año, que fue uno de los meses más duros de la historia para la ciudad de Chilapa.
Durante seis días, entre el 9 y el 14, fue tomada por medio millar de campesinos organizados por la banda Los Ardillos, que pretendían expulsar a Los Rojos. Habitantes aseguran que se llevaron al menos a 30 ciudadanos. La procuraduría estatal registró denuncias de 16 secuestrados con nombres y apellidos. Todavía no aparecen.
Aquí nadie paga
Los atacantes de Xolapa venían de Tierra Colorada, el pueblo donde Daniel Gallegos pensaba que lo matarían si se acercaba a declarar, de El Ocotito y de Xaltianguis. Todas esas son poblaciones de Chilpancingo donde Salvador Alanís comanda la agrupación de policías comunitarias Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Ignacio Policarpio estaba al frente de la organización en el norte del municipio de Acapulco, donde se ubica Xolapa. Los choques entre Policarpio y Alanís habían venido agudizándose en semanas previas. Según la Fiscalía estatal, Alanís habría intentado infiltrar a su gente hacia el municipio de Acapulco, vía Xolapa, y al vecino pueblo de Galeana; Policarpio se oponía.
Alanís, quien encabezaba la partida de un centenar de hombres que incursionó en Xolapa y perdió a cuatro de ellos, aseguró que sus opositores dispararon primero. Los pobladores relatan que el grupo de Alanís sorprendió al de Policarpio cuando éste se encontraba en la comandancia, que los superaban en número 10 a uno y que los ejecutaron con tiros de gracia.
¿Por qué se atrevería Alanís a ordenar una acción tan violenta que atraería la atención sobre él? “Es Guerrero”, insiste Daniel Gallegos. “Aquí nadie paga”.
Cinco semanas después, Alanís y su FUSDEG convocaron al foro Seguridad comunitaria: la alternativa social del siglo XXI, en El Ocotito. Llega la prensa, hay fotos. Nadie viene a detenerlo.
jram
