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Emmanuel G. (cuyo nombre fue modificado porque su juicio está en proceso) llegó a trabajar en 1999 al ISSSTE. Su primera labor fue sacar copias. Diez años después logró ascender a ejecutivo de cuenta, puesto que le trajo una de las peores experiencias. En agosto de 2010 fue acusado de fraude por 236 mil pesos contra ese instituto. “Me dijeron que me fuera de la ciudad por mi propia seguridad”, ese fue el único consejo que recibió de su representante frente al sindicato.
El organismo quiso levantar un acta administrativa en su contra, pero se comprobó que las atribuciones de Emmanuel no le permitían hacer operaciones con recursos del ISSSTE. Esos días estuvieron llenos de intimidaciones. El miedo se apoderó de él y lo convencieron de que la mejor salida era firmar su renuncia.
Cuando el panorama comenzó a aclararse, Emmanuel se dio cuenta de que había tomado una decisión errónea y decidió interponer una demanda laboral en contra del ISSSTE por motivo de reinstalación de trabajo. Pasaron seis años desde que comenzó su travesía por los juzgados y el proceso parece no tener fin.
Su caso es uno de los miles de expedientes que siguen abiertos en la Junta de Conciliación y Arbitraje (JFCA). De 2012 a 2016, esta instancia recibió 419 mil 390 nuevas demandas individuales. Cada año, en promedio, 83 mil 800 trabajadores entablaron un pleito contra sus empleadores. Aunque la JFCA ha redoblado esfuerzos y cada año, en promedio, resolvió 98 mil demandas, el atraso que se tiene es difícil de completarlo a corto plazo, explica Joyce Sadka, especialista del ITAM en Derecho Laboral.
Hasta febrero de 2017, la JFCA tiene el registro de 303 mil 103 expedientes en espera de una resolución, de acuerdo con datos del propio organismo. “Puede que cada año termines unas miles de demandas extra, pero eso está lejos de terminar con el rezago”, asegura Sadka.
“En términos generales, todos los órganos jurisdiccionales estamos rebasados. Esto tiene un origen natural en una situación de índole presupuestal”, explica José Alberto Zorrilla, presidente de la JFCA, quien afirma que los juicios laborales se extienden debido a la amplia carga de trabajo que existe.
Los juicios en contra de instancias federales son los más lentos que hay debido a la burocracia y la falta de organización de los expedientes, asegura Siria Guzmán, especialista en Derecho. “En general, un juicio laboral tarda un año en resolverse. El problema es ejecutar la resolución, ya sea obtener la reinstalación o el pago de salarios caídos. El tiempo que pueden tardar los patrones en atender esas resoluciones puede aumentar el proceso a más del doble”.
Tiempos imposibles
Meses después de que el ISSSTE lo acusara de fraude y de que firmara su renuncia, Emmanuel demandó a la institución para que le devolvieran su trabajo. En la primera audiencia parecía que todo se resolvería en unos meses. “Nos entrevistamos con un licenciado que nos dijo que esto era para ellos como una piedra en el zapato y que lo mejor era reinstalarme en mi trabajo”, relata. Pero el segundo encuentro fue todo lo contrario: el ISSSTE decidió no conciliar y el proceso se alargó por dos años más.
“Cuando se demanda a una dependencia de gobierno es probable que los juicios demoren más, esto es por su propia política jurídica. Está casi prohibido que concilien”, afirma Sadka. Esto a pesar de que es una táctica que significa una pérdida de recursos públicos, puesto que mientras el juicio esté en proceso, las dependencias deben pagar los salarios caídos de los trabajadores que los acusan, explica la especialista.
El procedimiento para interponer una queja como trabajador consta de seis pasos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo: presentación de la demanda, notificación al patrón de que es demandando, celebración de audiencia de conciliación, desahogo de pruebas, formulación y aprobación de la demanda y resolución. Este proceso debe llevar entre dos o tres meses, explica la abogada Siria Guzmán. La única razón por la que se tendría que ampliar es si alguna de las partes no está de acuerdo.
De las más de 300 mil demandas individuales que están en espera de una resolución, 63%, es decir, 190 mil 773, apenas están en el paso dos. Es decir, los patrones aún no están enterados. El plazo para que se lleven a cabo estas notificaciones es máximo de cinco días hábiles, de acuerdo con la ley, pero en la realidad es muy distinto, puesto que los encargados de notificar en ocasiones no encuentran los domicilios o los patrones modifican su razón social. Estos son los motivos que suelen alargar la realización de las audiencias y como consecuencia la resolución de los conflictos.
“Es un tema de institucionalidad e infraestructura débil, tanto en las juntas como en los tribunales; es humanamente imposible cumplir con los plazos que fija la ley, que son demasiado optimistas”, argumenta Joyce Sadka.
En 2012 llegó la primera sentencia en el caso de Emmanuel: la junta había fallado a favor del órgano de salud. El siguiente recurso fue un amparo. La justificación de sus abogados fue que nunca lo sometieron a pruebas sicológicas para evaluar si había tenido secuelas emocionales por las intimidaciones que recibió para convencerlo de que firmara su renuncia.
Tanto la JFCA como el ISSSTE, a través del Hospital 1 de Octubre, le realizaron pruebas sicológicas. La junta determinó que Emmanuel sí mostraba rasgos de daño emocional. Los peritajes del ISSSTE nunca llegaron. A finales de 2013, el Primer Tribunal en Materia de Trabajo emitió un nuevo fallo e instó al ISSSTE a que lo reinstalara en su puesto.
Pero una resolución a favor no quiere decir que el proceso terminó y tampoco que se cumplirá el mandato. Han pasado seis años desde que interpuso la demanda y su reinstalación aún no ocurre. En octubre de 2015 le fueron repuestos sus sueldos caídos hasta esa fecha, y está en espera de que le paguen el resto.
Mientras va y viene a los juzgados, este hombre de 44 años toma cualquier empleo, desde despachador en gasolineras hasta ayudante general en una fábrica de bolsas. Su sueldo no llega a los mil pesos semanales y en el ISSSTE la única respuesta que obtiene es que no hay un puesto en el cual reinstalarlo y que lo mejor sería que acepte una liquidación.
Con más quejas
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución más demandada por sus trabajadores o derechohabientes, de acuerdo con datos entregados por la Junta Federal. Se tiene un registro acumulado de 131 mil 604 expedientes. Las principales exigencias son indemnizaciones o incapacidades reclamadas, según el documento de la JFCA.
El presidente de la junta asegura que son muy comunes los pleitos donde el trabajador se accidenta en horas laborales y queda incapacitado de por vida o desarrolla alguna enfermedad derivada de sus actividades. En el momento en que acuden al IMSS para solicitar la incapacidad, la respuesta inicial del organismo es la negativa. Aquí empiezan los problemas.
En la Ciudad de México se encuentran instaladas 21 Juntas Especiales que atienden las demandas de gremios nacionales y dependencias gubernamentales. El número de quejas ante el IMSS es tan alto que la JFCA ha destinado cuatro Juntas Especiales exclusivas.
Las afores ocupan el segundo lugar, con 71 mil 241 pleitos. Pemex ocupa el tercer puesto, con 36 mil 873 demandas. La Comisión Federal de Electricidad y el Infonavit se encuentran en cuarto y quinto lugar, con 17 mil 130 y 13 mil 809 expedientes. Seis de cada 10 demandas individuales que llegan a la JFCA provienen de trabajadores o usuario de estos organismos.
Cada Junta Especial debe estar familiarizada con los códigos de cada institución. “Hemos hecho que cada junta sea atendida por especialistas. Es decir, los funcionarios que ahí laboran son expertos en sus contratos colectivos de trabajo. Esto nos permite ser más asertivos”, sostiene Zorrilla Rodríguez.
En 2012, la JFCA registró 90 mil 796 nuevas demandas laborales. Los números marcaron una tendencia a la baja hasta 2015, año en el que se reportaron 77 mil 996 pleitos. Pero en 2016 los datos se fueron al alza y cerró con 86 mil 666 demandas. En 2017 se espera que sea similar. Hasta febrero de este año se tenían registradas 15 mil 371 nuevas demandas, casi 2 mil más que en el mismo periodo de 2016, de acuerdo con datos del organismo.
Entre los motivos más recurrentes están despido injustificado, pago de prestaciones, indemnizaciones, reinstalación de trabajo y reconocimiento de antigüedad.
JFCA inicia proceso de transición
Con las nuevas reformas en materia de justicia laboral que se decretaron el 24 de febrero de 2017, se decidió que la JFCA dejará de atender las demandas laborales. Ahora la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones será responsabilidad de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Esto representa que desaparecen las juntas de conciliación.
La nueva norma detalla que ahora cada estado de la República creará un Centro de Conciliación. Ese será el primer filtro por el que pasarán los conflictos laborales. Con esto se espera que sean menos los casos que lleguen hasta un tribunal y se evitará que se extiendan los juicios. Estos centros serán organismos descentralizados del Poder Ejecutivo.
Esta transición se pretende que ocurra en un máximo de 365 días, periodo en el que el Congreso deberá establecer leyes secundarias. “Esto es una evolución que requería el país porque teníamos un sistema centenario en esta materia”, asegura Zorrilla Rodríguez, quien considera que con estos cambios habrá una efectividad mayor a 50% en la resolución de las demandas.
Aunque parece poco el tiempo para terminar con todos los expedientes que están en proceso. “Debemos cerrar fuerte. Lo que tenemos que hacer es reducir en los que se pueda y mandarles los menos posible”, asevera Zorrilla. De todas formas, en la nueva reforma señala que la JFCA no tiene la obligación de terminar las demandas sin resolución.
Los Centros de Conciliación tendrán patrimonio propio y contarán con autonomía en su gestión. La reforma estipula que se buscará la conciliación en una sola audiencia obligatoria y que las siguientes se realizarán cuando las dos partes estén de acuerdo.
Cuando el plazo transitorio de un año termine, la Junta Federal deberá turnar los expedientes pendientes a los Centros de Conciliación o a los tribunales laborales, de acuerdo con la fase del proceso en el que se encuentren. “Tenemos que esperar los resultados de las leyes secundarias”, expresa José Zorrilla, quien explica que los legisladores tomarán la decisión de cómo se trasladarán los casos.
Para los especialistas, un año no bastaría para que se termine con el rezago existente. “Se tiene que pensar en un plan que abarque un tiempo de transición razonable. Las juntas necesitan al menos entre dos o cuatro años para acabar 90% de sus juicios existentes”, asegura Sadka.
Aunque la reforma no precisa qué es lo que sucederá con el personal que labora en las juntas, Zorrilla Rodríguez declara que podrán encontrar oportunidad de insertarse, ya sea a los órganos de conciliación estatales, o al mismo Poder Judicial, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.
Otros cambios importantes relacionados con la justicia laboral en el país tuvieron su antecedente en la reforma laboral de 2012, cuando se determinó que los patrones tenían la obligación de dar aviso a los trabajadores y a las juntas de conciliación, antes de rescindir una relación laboral. Además, se tendrían que exponer los motivos del despido.
“Desafortunadamente, los despidos injustificados son los que más ocurren. Te puedo decir que 90% de los patrones, cuando rescinden una relación laboral lo hacen de manera injustificada, porque la ley te marca que al trabajador se le debe explicar por escrito y no lo hacen”, concluye la abogada Siria Guzmán.
En caso de que esto no ocurra, los trabajadores pueden permanecer en su trabajo o recibir salarios vencidos originados por el despido y el conflicto laboral. Por esa razón también se instituyó que el pago de salarios durante 12 meses debía realizarse íntegramente. Si el juicio se ampliaba luego de un año, el patrón debía pagar el salario con un interés.
Con estas últimas modificaciones a la reforma se crearán al menos tres leyes secundarias que se espera logren una transformación en la Ley Federal del Trabajo, expresa Joyce Sadka. “Es un momento histórico en el que es importante concientizar a todos los sectores de que deben participar de la manera en la que puedan para que esta transición salga bien y que realmente traiga beneficios”, concluye la especialista.
