Más Información
lilia.saul@eluniversal.com.mx
El nivel de compromiso con la transparencia y el acceso a la información es dispar entre las dependencias de gobierno. Mientras hubo funcionarios que entregaron tickets para comprobar sus gastos de viaje en el extranjero, otros testaron (tachonearon) la información del hotel en el que se hospedaron o negaron entregar documentación relacionada con gastos ejercidos en sus viajes.
Luis Videgaray, secretario de Hacienda, testó y no permitió saber en qué hotel se quedó durante su estancia en Estados Unidos.
Incluso se reservó la información por 12 años “en virtud de que al difundir la los datos acerca de los lugares en los que el secretario se hospeda cuando se encuentra de viaje por motivos de una comisión oficial que le fue encomendada, se considera podría poner en riesgo su vida o integridad”, detalló la dependencia.
En contraste, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, entregó datos de las facturas del hotel Holiday Inn, en el que se quedó durante su visita al mismo país.
Alejandro Murat, ex titular de Infonavit, hoy candidato del PRI en Oaxaca, entregó reportes de cada uno de sus viajes por diversos países como Francia, Singapur, Estados Unidos, Brasil o Colombia. No obstante, no entregó documentación de los gastos que ejecutó. Ni una sola factura, ni un boleto de avión, a pesar de que se solicitaron.
Contrario fue el caso de Mercedes Juan, ex titular de la Secretaría de Salud, o de José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua, quienes entregaron facturas a tal nivel de detalle, que hasta el tipo de bebidas que consumieron se pueden conocer en su informe para este diario.
Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue de los pocos funcionarios que entregó copia, incluso de los formatos que utilizan desde la dependencia para comprobar sus gastos. Sin embargo, no entregó la totalidad de los costos de gastos por concepto de boletos de avión, puesto que en unos reportes sí se detalla y en otros no.
El funcionario sí entregó la copia de los esqueletos de avión utilizados, así como las facturas de hotel, pero no se supo si gastó dinero adicional por concepto de viáticos, puesto que no presentó comprobantes que soportaran dichos gastos.
De todas las solicitudes de información presentadas por EL UNIVERSAL, hubo diferentes respuestas y entregas de la documentación.
Después de 40 días hábiles que tuvo que esperar este diario para recibir respuesta, varias de las dependencias pidieron que se pagara por copias, como fue el caso de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Salud, del Trabajo, de Educación Pública, la Cancillería y Pemex, entre otras.
Más explicaciones. Khemvirg Puente, investigador de la UNAM, afirmó que debería existir una justificación de parte de la Secretaría que compró un boleto de avión de más de 200 mil pesos, cuando un vuelo no debe ser mayor a 20 mil pesos.
En cuanto a la forma en cómo hacen pública la información los funcionarios del gobierno, el politólogo y experto en temas de rendición de cuentas dijo que actualmente no existe un formato homogéneo.
“Esto se deberá corregir mediante la aplicación de la nueva Ley General de Transparencia y los criterios de publicación de información que próximamente aprobará el Sistema Nacional de Transparencia. Deberá vigilarlo el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información”, dijo.
Khemvirg Puente mencionó que no basta con que los funcionarios presenten las facturas. “Se requieren las explicaciones”, acotó.
Diego de la Mora, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que los funcionarios deben respetar las Normas que Regulan los Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de las Funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de diciembre de 2007, por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
En ellas se encuentra establecido el límite de 450 dólares o euros que los funcionarios pueden utilizar para sus comisiones en el extranjero.
“Boletos de avión cuyo costo rebasa 200 mil pesos, dan cuenta de funcionarios que seguramente viajaron en primera clase, lo cual no se justifica de ningún modo”, concluyó.
