Avanza México. Gobierno abre datos al público

Rosario no tendrá que buscar en cuál de las agencias del Ministerio Público se encuentra detenido su hijo la próxima vez que acuda a una manifestación como en la que lo detuvieron. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el sistema nacional de detenidos permitirá encontrar la ubicación de una persona, el número de expediente y de qué se le acusa.

Este registro, que además podrá ser encontrado en internet, forma parte de uno de los 26 compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que busca modificar la forma de sistematizar la información en poder de las autoridades para otorgar beneficios directos a los ciudadanos.

Otro caso es el de María Guadalupe, que podrá encontrar en el Padrón de Beneficiarios de Programas Sociales si ya está incluida o no en dicho registro, para reclamar el pago de su mensualidad ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Aunque el conjunto de estos beneficios estará en sitios web, el gobierno mexicano implementó un Tablero de Control para dar a conocer los avances en la materia.

México tiene hasta el 31 de octubre para cumplir con los 26 compromisos acordados con organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).

Aunque el gobierno federal muestra el tablero en verde (avance terminado), integrantes de la sociedad civil afirman que aún faltan compromisos por concretar, como las versiones públicas de los contratos de Pemex o los donativos que otorga esa empresa a los gobiernos federal, estatales y municipales.

Para Guillermo Ruiz de Teresa, director general de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia de la República y responsable de la Agenda de Gobierno Abierto en México y su relación con la AGA, el trabajo está terminado.

Promueven compromisos

El 31 de octubre es la fecha límite para que México cumpla con los 26 compromisos del Plan de Acción 2013-2015 pactado en la Alianza para el Gobierno Abierto. Hasta la fecha, el tablero destinado a registrar los avances muestra todos en verde, lo que tendría que equivaler a que las actividades para cumplir cada objetivo ya fueron realizadas y las tres partes involucradas en el proceso (gobierno, sociedad y órgano de transparencia) aprobaron el avance.

La AGA es una iniciativa que busca garantizar el acceso a la información y transparencia, así como combatir la corrupción en los países que la integran. Fue lanzada en 2011 para ayudar a los gobiernos de los países miembros a ser más abiertos y rendir cuentas a sus ciudadanos. México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto el 24 de septiembre de 2014.

En el país, 12 dependencias suscribieron los compromisos: las secretarías de la Función Pública (SFP), Economía (SE), Desarrollo Social (Sedesol), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comunicaciones y Transportes (SCT), Educación Pública (SEP), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Energía (Sener), Gobernación (Segob), Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR y la Oficina de la Presidencia de la República.

A la par, existen ocho organizaciones encargadas de trabajar en conjunto con el gobierno: Artículo 19, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), Cultura Ecológica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación (Gesoc), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Social TIC y Transparencia Mexicana.

Beneficios de la apertura

Un gobierno abierto “provee una plataforma para repensar la forma en que colaboramos los ciudadanos con las autoridades y viceversa, y así atender de forma muy puntual problemas públicos”, asegura Ruiz de Teresa.

Ser parte de esta Alianza y trabajar para conformar un gobierno abierto es importante porque permite que la ciudadanía “sea partícipe de las decisiones que son tomadas para su beneficio”, de acuerdo con Ana María Petersen, maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y apoyo del CIDAC en la Alianza.

Los 26 compromisos que México busca cumplir son el resultado de esfuerzos conjuntos entre más de 200 personas del gobierno, la sociedad civil, académicos y el sector privado, quienes organizaron mesas de trabajo para redactarlos e incluirlos en el Plan de Acción 2013-2015.

Desde proporcionar información sobre trámites cotidianos hasta hacer públicas bases de datos sobre becas, delitos, educación, gasto público o leyes, los compromisos de la AGA en México dan como resultado conjuntos de datos y portales o aplicaciones a las que cualquier persona puede acceder por medio de una computadora.

“Un compromiso cumplido tiene que ir mucho más allá de sólo realizar las actividades, tiene que funcionar y ser de utilidad”, admite Petersen.

“Lo que está en el tablero no significa que el compromiso esté cumplido 100%, es una métrica de las actividades que se tienen que cumplir para que sea funcional o un servicio público que ya puede ser utilizado por la ciudadanía en su totalidad”, continúa.

Actualización del tablero

Para trabajar en el Plan de Acción 2013-2015 de la AGA, México conformó un Secretariado Técnico Tripartita compuesto por un representante del gobierno de la República, uno del Inai y uno del Comité Coordinador de Sociedad Civil, a fin de facilitar la comunicación entre estas tres entidades.

Después, para incluir a los ciudadanos en este proceso y facilitar el monitoreo de los avances, fue creado el Tablero de Gobierno Abierto, herramienta que muestra las fechas de entrega semestrales, indicadores, medios de verificación y dependencias responsables de rendir cuentas sobre las actividades suscritas en el pacto, disponible en http://tablero.gobabiertomx.org/.

Contar con el Tablero de Gobierno Abierto para registrar los avances es una forma de transparentar las actividades que llevan a cabo las partes involucradas. Los compromisos están divididos en tres fases (de acuerdo con las fechas en las que fueron presentados avances) y clasificados por colores de acuerdo con su progreso.

“En muchos casos es la dependencia la que hace esos cambios y las organizaciones supervisan y dan retroalimentación a los productos que va sacando el gobierno”, explica Petersen.

Actualmente, todos están en color verde, lo que de acuerdo con el código del mismo portal quiere decir que están completados.

Dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, “México es el único país que tiene un tablero de esa naturaleza. A partir de este, y por ser una buena práctica, Paraguay implementó uno similar, y Colombia y Panamá se encuentran en proceso [de hacerlo]. Ha sido un aprendizaje muy interesante sobre cómo llevar el proceso de cocreación”, afirma Ruiz de Teresa.

Pese a esto, miembros de la sociedad civil difieren: “Hay temas en el tablero que aún están en amarillo para mí”, de acuerdo con Ana Cristina Ruelas, investigadora de Artículo 19 que ha colaborado en los compromisos, el número cuatro que es el de Registro de detenidos, y el cinco, la Base de datos de personas desaparecidas, los cuales dependen de la Procuraduría General de la República.

“Nosotros, desde Artículo 19, dijimos que había unos que se mantenían en amarillo, que no podían mantenerse en verde y no se cambiaron. Yo creo que en general el tablero no es muy claro para los ciudadanos”.

“Había un cuadro que estaba todavía en disputa”, recuerda Diego de la Mora, coordinador de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, sobre el compromiso 22, Petróleo en beneficio de todos: “El hecho de que el gobierno pueda colgar un compromiso sin preguntarle a la sociedad si está de acuerdo o no, me parece que no funciona.

“El compromiso tiene cinco componentes, de los cuales sólo se ha cumplido uno”, afirma de la Mora. En su opinión, entre los avances se encuentra la actualización de la información de la industria petrolera en los portales de obligaciones de transparencia.

De acuerdo con De la Mora, todavía falta abrir las versiones públicas de los contratos que hace Pemex con terceros, así como difundir los mecanismos de captación de quejas y atención ciudadana, brindar datos socialmente útiles y transparentar los donativos que otorga la paraestatal.

Por qué importa la clasificación

El hecho de que los compromisos estén señalados con uno u otro color incide en diferentes aspectos: desde el proceso de transparencia hasta la implementación de políticas públicas con la colaboración de la sociedad civil. Si no es posible reconocer qué falta, tampoco lo es trabajar para mejorarlo.

“En el registro de detenidos llevamos 90%, un 10% sobrante es el tema de las estadísticas: nosotros pedimos estadísticas por tipo de detención y por autoridad, sólo están los números grosos. Desde la sociedad civil, lo que creemos es que la mayoría de las detenciones en las que se cometen arbitrariedades son de cierto tipo de autoridades, sobre todo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, pero no hay manera de corroborarlo si no están las estadísticas”, explica Ruelas.

“En el caso de desaparecidos tenemos el nombre y lo que falta es pulir más la metodología para tener claridad sobre el registro, porque hoy todavía es complicado poder identificar cómo se llevan a cabo los registros. La idea de que esté ahí el registro es que se está activando un protocolo de búsqueda dentro de la PGR y si no está en la base de datos, no está en el protocolo”.

Presupuesto

La participación de México en esta Alianza supone el trabajo de personas, pero “las dependencias no cuentan con presupuesto ni personal para llevar al día los registros”, de acuerdo con Francisco Cravioto, investigador de Fundar, quien se refiere al caso concreto de la SHCP.

Asimismo, debería incluir inversión económica. Sin embargo, el gobierno, al ser cuestionado sobre donativos, financiamientos, otorgamiento de contratos, convenios o cualquier otro instrumento que haya recibido para desarrollar las actividades con las que participa en la AGA, ha declarado que después de realizar una exhaustiva búsqueda en sus archivos, la información es inexistente.

El entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai) indicó que sus actividades dentro de la Alianza se realizaron con “recursos humanos y materiales del Instituto, y con recursos del Presupuesto 2015”.