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Desde el 17 de enero de 2011, Guadalupe Aguilar Jáuregui busca a su hijo, José Luis Arana Aguilar, quien ese día quedó de verse con su hermano en una gasolinera en el municipio de Tonalá y nunca llegó.
Desde entonces, esta mujer ha pensado y repensado la forma de encontrarlo y ella misma –como lo han hecho otras mujeres del país– se ha encargado de recabar pruebas e indicios que entrega a las autoridades.
Entre sus múltiples estrategias de búsqueda, el 7 de septiembre de 2011 logró entrar a un evento del entonces presidente Felipe Calderón y esperó respetuosa a la ronda de preguntas para intentar hacer la suya, pero nadie le hizo caso. Decidió entonces levantar la voz e increpó al mandatario. Le pidió que le ayudara a encontrar a su hijo y el gobernante aseguró que le iba a “echar la mano”.
Hace tres años que Calderón dejó la presidencia de la República y Guadalupe Aguilar sigue buscando, pero ya no lo hace sola, pues desde hace algunos años se organizó con los familiares de otros desaparecidos en Jalisco –que según la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas supera los dos mil 100 casos– para conformar Fundej (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco).
Durante esta búsqueda, que ya no es sólo la suya, Guadalupe Aguilar también ha dado cuenta de la indiferencia de las autoridades ante el dolor de quienes tratan de localizar a un ser querido, de la indolencia de varios sectores de la sociedad, a quienes constantemente llama a no olvidar a los que también son sus desaparecidos.
Tiempo después de la desaparición de José Luis Arana Aguilar su vehículo fue encontrado en Colima, a donde su madre se trasladó para buscar respuestas. Sólo le dijeron que el auto estaba fichado por varios delitos, lo que sirvió de pretexto al anterior procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, para abandonar el caso argumentando que el joven de 34 años andaba “en malos pasos”.
“Si fuera así, pues que lo detengan, pero que me lo traigan, y ya luego veremos cómo les demostramos que es inocente, pero mientras, que hagan lo que sea y que me digan dónde está”, responde Aguilar ante esas acusaciones. También ese procurador se ha ido y ella sigue buscando.
Cada vez que se entera de que encuentran una fosa clandestina en el país, inicia un viaje doloroso para esta mujer, pues también ahí busca a su hijo; pero ante la burocracia cruel que en muchas ocasiones les niega respuestas, Aguilar y otro grupo de madres de desaparecidos se organizaron desde el año pasado para echar a andar un proyecto forense ciudadano apoyado por la Universidad de Durham, Inglaterra, y crear su propio banco genético para poder compararlo con las muestras que se tomen de las personas localizadas en fosas clandestinas.
En su periplo, Aguilar y las casi 300 familias que integran Fundej también han denunciado el poco interés mostrado por la actual administración estatal en el tema de los desaparecidos: “hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, copia de los expedientes de nuestras denuncias y nos han sido negados a pesar de que claramente la Ley General de Víctimas nos da ese derecho. Queremos saber el estado de la investigación en cada caso, si es que existe una, queremos respuestas y acciones que conduzcan a esclarecer las desapariciones”, señalaron en una carta enviada al gobernador Aristóteles Sandoval en marzo pasado.
Un mes y medio después de entregar este documento y solicitar audiencia con el mandatario, éste recibió a los familiares de los desaparecidos y se comprometió a ayudarlos; al mandatario le quedan sólo tres años para cumplir su promesa, a Guadalupe Aguilar y sus compañeros de búsqueda les quedan todas las horas de incertidumbre que caben en los días.
