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Cuando una camioneta de lujo con más de cuatro hombres llega a un negocio, los dueños y empleados saben lo que significa. La operación es simple: descienden del vehículo, preguntan por la persona a cargo y entregan un papel con una cantidad escrita. Desde ese momento forman parte de la lista de lugares que tienen que pagar derecho de piso al crimen organizado.
El negarse puede traer diferentes consecuencias: homicidio, secuestro o quema del negocio. La escena es conocida para muchos empresarios de la República mexicana. De 2008 a 2015 la prensa ha documentado por lo menos 230 incendios, en 23 estados, en los que estuvo implicada la delincuencia organizada.
El delito siempre tiene la finalidad de destruir, el móvil es lo que puede variar. “No pagó, se queda sin local. El segundo es: este negocio es de la competencia, acabamos con ellos. Y el tercero, incendiamos para distraer o contener al gobierno como forma reactiva”, dice el experto en seguridad Gabriel Regino.
Gimnasios, papelerías, talleres mecánicos y hasta pequeñas cafeterías están en la lista de los locales que han sido incendiados por el crimen. Desde entonces, cada año se han registrado, en promedio, 30 incidentes de este tipo.
Más de 80 negocios han sido quemados en ese lapso de tiempo. Además de 35 centros nocturnos y 16 restaurantes en todo México.
Desde hace seis años y medio, las alarmas comenzaron a prenderse en diferentes zonas del territorio mexicano. Ciudad Juárez fue una de las principales. Los empresarios comenzaron a vivir las secuelas de la extorsión.
Javier, quien pidió cambiar su nombre por seguridad, vivió fuera de México hasta 2009. Tenía cuatro negocios en esta ciudad fronteriza y podía dirigirlos a distancia sin problema. Hasta que uno de sus empleados lo llamó para describirle una escena que él sólo había visto en series criminales de televisión.
Le informaron que un grupo armado llegó a las ocho de la mañana a uno de sus comercios y con palabras altisonantes exigieron la presencia del dueño y el pago por derecho de piso para dejarlos trabajar. La amenaza fue clara: si no pagaban, regresarían a matarlos.
Forzado por la situación tuvo que regresar al país. Diez días después de su llegada, varios sujetos llegaron en una camioneta hasta uno de sus locales y rociaron el lugar con gasolina. El fuego sólo dañó una pequeña área. El empresario no relacionó este hecho con las amenazas anteriores, “hasta entonces la extorsión no existía en la ciudad”, afirma.
Pasó un mes y lo entendió todo. Los delincuentes llegaron otra vez hasta la puerta de uno de sus negocios. Se acercaron a los guardias de seguridad y les entregaron un papel doblado para el dueño. Adentro estaba anotado un número de teléfono y la “cuota” que tenía que pagar. “Me pidieron 30 mil dólares simplemente para que pudiera seguir trabajando”, dice Javier.
El tipo de extorsión varía de acuerdo a la organización criminal que está detrás. Por ejemplo, “La Familia Michoacana cobraba por seguridad”, menciona Regino. Aquí el miedo es lo que hace tan redituable el delito.
De un día a otro este empresario juarense se encontraba ante la encrucijada de darles o no el dinero que pedían, “sientes que te estás vendiendo a un cártel de la droga”, comenta. Pero su local no era el único, la extorsión había comenzado para todos los de la zona.
Chihuahua, y en especial su ciudad fronteriza, se convirtieron en la cuna de esta nueva tendencia del crimen para someter a los empresarios en México. En mayo de 2008 se tiene el registro de los primeros ataques. El Bar La Finca, Rodeo Discoteque, el lote de coches Autos Nacionales, y la discoteca Vaqueras y Broncos fueron reportados como pérdidas totales después de que fueran incendiados el mismo día y posiblemente por el mismo comando armado.
Ahora su presencia no se limita al norte de la nación. Estas acciones se han visto también en lugares como Morelos, entidad que se ha sumado a la lista de las zonas con altos índices de violencia. Apenas en junio de este año el bar La Sirenita y El Refugio de los Mandilones, ambos ubicados en Yautepec, fueron quemados por sujetos armados que entraron y rociaron garrafones de gasolina en el lugar, sin importar que hubiera personas en el interior.
No discriminan
Entre 2011 y 2012 se vivió una de las épocas más difíciles en materia de seguridad en el país. Los índices de homicidios violentos se dispararon. Las desapariciones eran constantes en diferentes zonas y las extorsiones se volvieron el pan de cada día para los comercios.
Javier afirma que muchos han olvidado lo que pasó en esos años, pero al menos en Ciudad Juárez “parecía que estábamos en una guerra. Te parabas en un semáforo y tenías que fijarte en todos los que estaban a tu alrededor… teníamos una calidad de vida pésima”, recuerda con zozobra el empresario.
En esas fechas el número de ataques del crimen organizado iba en aumento. En 2010 se tiene el registro de 25 incendios contra negocios, centros nocturnos e incluso casas en por lo menos siete estados. El 28 de diciembre de ese año un grupo de sujetos armados quemó 37 viviendas en Pueblo Nuevo, Durango.
Un año después, la cifra se incrementó a 42. Extendiéndose a lugares como Veracruz, Nuevo León, Hidalgo y Coahuila. Monterrey fue testigo de la crueldad de los delincuentes. En agosto de 2011 un casino ubicado en una de sus avenidas principales fue quemado con más de 50 personas en su interior. Medios de comunicación informaron que el incendio se produjo ante la negativa del pago de extorsión.
Pero en 2012 la situación empeoró. Los registros de estos hechos provocados por la delincuencia organizada subieron casi a 70 repartidos en 15 estados. Colima, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y el Distrito Federal se unieron a la lista y hacían parecer que el país entero se estaba incendiando constantemente.
La extorsión o cobro de piso es un mal que han vivido todo tipo de empresas. Desde pequeños locales hasta negocios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron que implementar acciones para sortear a los criminales.
Sabritas fue uno de los afectados. A mediados de 2012, camiones y bodegas de la empresa fueron incendiados en Guanajuato y Morelia. En ese entonces, Carlos Zamarripa, procurador del estado de Guanajuato, declaró que se habían detenido a los presuntos responsables y habían referido que la agresión había sido resultado de una extorsión.
Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), comenta que este método es utilizado por los criminales para llamar la atención de los dueños. Este empresario originario de Michoacán afirma que ellos no han pasado por este tipo de presiones porque en las farmacias siempre está presente el dueño, pero en otros comercios tienen que buscar una forma de llamar la atención a nivel gerencial.
Grupo FEMSA tampoco ha logrado salir bien librado. En agosto del año pasado, cuatro unidades de la empresa Coca-Cola, en el municipio de Arcelia, Guerrero, fueron robadas y después quemadas. La versión que circuló entre los medios de comunicación fue que había sido en represalia por no querer pagar “la cuota” correspondiente a grupos del crimen organizado.
Pero los pequeños comerciantes siguen siendo los más vulnerables. En el primer semestre de 2015 se reportaron 18 incendios, de los cuales 14 han sido negocios que no cuentan con las suficientes medidas de seguridad como tienditas, minisúper y talleres mecánicos. En todos se exigía la paga por cobro de piso.
Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2014) documentó 412 mil 538 extorsiones contra negocios en 2013, 94% de las cuales no fueron denunciadas ante las autoridades. La micro y pequeña empresa fue l a más perjudicada.
Becerra Orozco admite que este es un mal que muchos padecen, pero que pocos dan a conocer. La ENVE 2014 revela que en 60% de los casos en los que no se abrió un proceso judicial fue por causas atribuidas a la misma autoridad.
Las cifras muestran un problema para el que no parece existir solución a corto plazo. Regino, especialista en temas de seguridad, es contundente al decir que esta dinámica va a continuar mientras sigan existiendo los mismos niveles de percepción de inseguridad, impunidad, deficiencias en el sistema de prevención y el miedo que se tiene al crimen en gran parte del país. “El miedo es un gran mercado para los extorsionadores”, dice.
Cerrar o sobrevivir
En la zona centro-oriente de la ciudad de México se lleva a cabo la reunión semanal de los miembros de Unefarm. Todos son farmacéuticos independientes que están luchando por profesionalizarse y formar un grupo que pueda superar las presiones del crimen organizado.
Esta sociedad nació en 2009 y actualmente cuenta con cinco mil 600 asociados, pero desde 2010, un año después de su conformación oficial, comenzó a ser víctima de los delincuentes. “Somos muy vulnerables, porque quien atiende la farmacia es el mismo dueño”, dice Juvenal Becerra, presidente de la organización.
Desde entonces, han registrado pérdidas de aproximadamente 500 millones de pesos y la muerte de 30 miembros.
No son los únicos dentro del ramo. En agosto de 2012, un local de Farmacias Similares fue incendiado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los malhechores dejaron un mensaje en una de las bardas en donde referían que era consecuencia de no pagar el derecho de piso. Casi dos años después Farmacias del Ahorro sufriría el mismo atentado en una de sus sucursales en Morelia, Michoacán.
La situación para los miembros de Unefarm ha ido más allá. De 2010 a 2015 han tenido que cerrar 300 locales en Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Michoacán. La causa: el cobro de piso.
Estos cuatro estados son focos rojos. “Es donde más ha pegado la violencia”, dice Juvenal. El pago de “cuota” varía dependiendo el lugar, pero va de cinco mil a 25 mil pesos semanales. Además, al ser un grupo independiente, los criminales los tienen más en la mira.
Los pequeños empresarios tienen el camino más complicado. Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dice que al no contar con una organización que los proteja, pareciera que enfrentan solos a los delincuentes.
Castañón reconoce la iniciativa de las autoridades para disminuir los índices criminales en el país y cree que se están tomando las medidas indicadas, pero también acepta que la inseguridad aún es un problema fuerte entre los inversionistas en México.
La primera vez que Javier regresó a Ciudad Juárez pensó que sólo serían unos meses, ahora lleva más de cinco años en la ciudad. Su negocio fue incendiado, recibió amenazas de muerte, se fue por un tiempo a El Paso, Texas durante más de tres años pagó entre ocho y 10 mil pesos mensuales a los delincuentes, pero después de tomar la decisión de trabajar en equipo con las autoridades pasó algo que no esperaban: en 2013 dejó de ser extorsionado.
“No es tanto lo que pagas, es la liberación de un yugo de un opresor”, asegura el juarense.
