En el ejido Recoveco —un poblado escondido, de unos mil 600 habitantes, del municipio de Mocorito, Sinaloa— Alonso se preparaba para trasladar gasolina de un par de contenedores de plástico a un depósito de combustible subterráneo, cuando fue sorprendido por una patrulla de la Policía Ministerial que realizaba un recorrido por el lugar.
Era un día de febrero de 2015, y este hombre de 32 años, barba rala, escasa cabellera y carnes pegadas a los huesos, iba a verter 2 mil litros de hidrocarburo, que habían sido extraídos de forma clandestina de un ducto de Pemex, a una cisterna sepultada en un lote terregoso.
Alonso no era un vendedor cualquiera, tenía una gasolinera improvisada en el lugar: la operaba a la vista de todos e incluso contaba con máquina despachadora de combustible, contador de litros, manguera y pistola. Y Mocorito tampoco es un municipio cualquiera: ocupa el cuarto lugar con más ordeñas del país.
De acuerdo con pobladores de la zona, el litro de combustible en el mercado negro se cotiza entre cinco y ocho pesos, según la urgencia económica de los grupos delictivos que lo venden. El precio representa la mitad o casi la mitad del valor establecido en las gasolineras legales: 13.57 pesos la verde y 14.38 pesos la roja.
“Por eso tiene mucha demanda, ni en algunas partes de la frontera vale eso”, dice Pedro Daniel, un habitante del municipio.
Ilícito al alza
En los primeros dos años del actual gobierno se han detectado más tomas clandestinas que en todo el sexenio de Felipe Calderón, y la tendencia es al alza.
De acuerdo con información oficial proporcionada por Pemex a EL UNIVERSAL —vía la Ley de Transparencia— en 2013 se registraron 2 mil 614 tomas; en 2014, 3 mil 348, que en total suman 5 mil 962, mientras que en el sexenio pasado creció de 324, en 2007, a mil 635 en 2012. En todo el sexenio sumaron 4 mil 865.
Con Vicente Fox las tomas clandestinas sí crecieron, pero las cantidades fueron mucho menores: pasó de 132 en 2001 a 213 en 2006, y cerró el gobierno con 890.
La información entregada por Pemex en dos solicitudes de información detalla el número de tomas clandestinas por municipio desde el año 2000 hasta la primera semana de diciembre de 2014. En total suman 11 mil 872.
Una vez hecho el ordenamiento y análisis de los datos se encontró que los 10 municipios con más tomas clandestinas en los últimos 15 años son Altamira y Reynosa, en Tamaulipas; Culiacán, Mocorito y Salvador Alvarado, en Sinaloa; Huimanguillo, en Tabasco; Juan Rodríguez Clara y Tierra Blanca, en Veracruz; Zapotlanejo, en Jalisco, y Tecate, en Baja California.
Además, 36 municipios de 13 estados concentran 50% de las tomas. La entidades son Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sonora, Puebla y Chihuahua.
De acuerdo con el subdirector de Distribución de Pemex Refinación, Francisco Fernández Lagos, las ordeñas le cuestan a la empresa casi 19 mil 417 millones de pesos anuales.
Negocio del crimen organizado
Este negocio ilícito, en el que participan activamente trabajadores de Pemex, narcotraficantes y empresarios, ha crecido de forma exponencial por la permisividad del sindicato de Pemex y la falta de mano dura por parte de la empresa petrolera, afirma el especialista en temas de seguridad Raúl Benítez Manaut.
“Para robar combustible de tomas clandestinas es necesario tener conocimiento técnico y equipo. Necesitan maquinaria especializada que sólo los trabajadores conocen. Es muy probable que el sindicato sea el principal responsable de esto… pero lo toleran. A ese sindicato le perdonan todo”, comenta el también presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (Casede).
Aseguró que el robo de combustible es un negocio del crimen organizado donde el narcotraficante no es el principal actor. “Es un crimen institucional, del sindicato de Pemex y de los empresarios que venden la gasolina. Así como los empresarios modifican las válvulas para vender litros con cantidades menores, así compran gasolina robada”.
Uno de estos casos se registró el año pasado en el tercer municipio con más tomas clandestinas del país: Culiacán. La capital de Sinaloa suma 406 registros en los últimos 15 años.
Eran las 6:00 horas del 27 de junio de 2014, cuando un grupo de la Policía Municipal detectó que un camión se hallaba estacionado en la gasolinera Servicio Zabel, ubicada a sólo cinco cuadras de las oficinas del gobernador del estado.
Los agentes descendieron de la unidad, notaron que la empresa aún no había abierto al público y que de la caja del camión, que contenía pacas de sorgo a modo de camuflaje, salía una manguera conectada a un tanque subterráneo de la gasolinera. Estaban descargando 15 mil litros combustible ilícito.
“Los volúmenes masivos de gasolina se venden en las gasolineras; y en las montañas, en carreteras aisladas y pueblos se venden volúmenes más bajos”, asegura Manaut.
Miguel Alonso Raya, diputado del PRD e integrante de la Comisión de Energía, sostiene que “en el incremento que se ha tenido del robo de combustible tiene mucho que ver la complicidad de los delincuentes con funcionarios de Pemex, y también con áreas de inteligencia del Estado mexicano. Si eso no existiera no funcionaría. Y en esto también participan autoridades de los estados”.
Alonso Raya afirmó que los líderes del sindicato de Pemex también están involucrados: “Los sindicalizados, no; la camarilla que dirige el sindicato petrolero, sí”.
Altamira, el hoyo negro
En septiembre de 2014 la PGR anunció uno de los golpes más grandes a la ordeña de gasolina. Todo empezó el 7 de marzo de ese año en Silao, Guanajuato, cuando detuvieron a una persona que conducía un tractocamión con un tanque que contenía 40 mil litros de petróleo robado. El gobierno federal jaló poco a poco el hilo de la madeja, detectaron tomas clandestinas y a los meses descubrieron que el líder de la organización delictiva era el propietario de una empresa que le prestaba servicios a Pemex y que se ubicada en Salamanca, Guanajuato, denominada Petrobajío, S.A. de C.V.
“La investigación arrojó además que la organización criminal pagaba más de 5 millones de pesos a un grupo delictivo que operaba en Tamaulipas para obtener el combustible robado de las tomas clandestinas, esto en Altamira, en cuya operación se utilizaban diversas pensiones o parques vehiculares para su almacenamiento en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y San Luis Potosí”, dijo entonces Tomás Zerón, director de Investigación Criminal de la PGR.
La extracción en Altamira no era casual, éste es el municipio con más registros de tomas clandestinas en México: 628. Es también el lugar donde el pasado 22 de abril se cometieron bloqueos viales e incendios para tratar de evitar la detención de integrantes del cártel de Golfo.
Aunque ahora es el municipio con más registros, Altamira no siempre tuvo ese problema. En el año 2000 se registró una sola toma; en 2001, cinco, y de 2002 a 2006 no se halló alguna. En 2007 se encontró una de nuevo; en 2008, dos; al año siguiente fueron ocho en 2010; dos, y en 2011 empezó a crecer de forma notaria, con 21. Al otro año fueron 53, en 2013 se disparó a 226 y en 2014 volvió a subir a 309.
jram
