La historia de dos jóvenes mujeres atrapadas por las mafias dedicadas al tráfico de personas, cuyos casos quedaron expuestos recientemente, expone la herida social que representa la trata de personas, un flagelo que en el caso de México enfrenta claroscuros que nos obliga a analizar si realmente vamos en la ruta correcta para abatirlo.
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Ambas historias, con el paso de apenas unos cuantos años, quedaron marcadas por la misma tragedia: fueron víctimas de trata, el delito que se comete en todos los estratos sociales, que afecta al menos a 127 países y que genera recursos ilícitos anuales del orden de los 32 mil millones de dólares.
A nivel mundial la trata de personas concentra el delito en la explotación sexual (79%) y en menor medida a la explotación laboral (21%); el 80% de víctimas son mujeres; el 28% de éstas son niñas y adolescentes; de acuerdo con los más recientes informes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
Un estudio del Senado de la República estima que en México hay 500 mil víctimas de trata, de las cuales 70 mil son menores de edad, la mayoría de ellas niñas y adolescentes.
Sin embargo, un factor que se suma a la complejidad de esta problemática es que no hay cifras precisas sobre su incidencia. Una denuncia es solo un indicador de decenas o miles de casos no reportados.
Nuestro país no es la excepción. Primero, porque más del 50 por ciento de los gobiernos estatales no aplican la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de ese delito, aprobada desde el 2012.
Segundo, la comisión del delito de trata queda camuflajeado en otros hechos delictivos que se consideran comunes, como lesiones, violencia familiar, violación, acoso sexual, lesiones dolosas, secuestro, extorsión, afectación de la libertad, abuso laboral o feminicidio, lo que dificulta identificar la dimensión real del problema.
Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación difundido en abril de este año advierte de la carencia de coordinación entre instituciones y gobiernos.
“Cuatro de sus cinco grupos de trabajo no sesionaron en 2018; se detectó el desconocimiento del cumplimiento de 72.4 por ciento de los 163 acuerdos establecidos, así como una laxa coordinación con los 32 gobiernos estatales, que ocasionó que ninguno contara con los 10 mecanismos previstos para asegurar una eficaz atención del delito de trata de personas”.
De enero a junio de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 448 feminicidios y tan sólo 161 casos de trata de personas en todo el país, contra las 21 mujeres menores de edad que anualmente son captadas por las bandas de trata de personas, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado.
Naciones Unidas tiene indicadores de 225 mil casos documentados de víctimas a nivel mundial, según su estudio dado a conocer en 2018 pero que recoge datos del periodo 2014-2016. Estimaciones extraoficiales refieren más de 15 millones de víctimas a nivel mundial.
Más allá de su dimensión, la experiencia indica que la mejor atención a ese problema es la prevención.
Nuevas leyes anti-trata sólo son viables en la medida en que las vigentes se apliquen cabalmente.
Ya no podemos pasar por alto que detrás de una red social, de una cita a “ciegas” o la promesa fácil, están muchas mentes criminales que quieren robar la inocencia de nuestros jóvenes y adolescentes, de nuestras hijas e hijos, de nuestras niñas y niños. Ahí hay que actuar ya.
La trata es la esclavitud moderna, pero más grave, es la pesadilla que no queremos para los nuestros.
Activista social y titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX.
@LaraPaola1