A partir de las reformas constitucionales de 2014 y las de 2018 a la Ley de Planeación, por primera vez en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), fue remitido por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su aprobación en un plazo no mayor de dos meses a partir de su recepción. Lo cual, constituye un importante avance democrático que fortalece el equilibrio entre los Poderes y da paso al Estado de Derecho.
Así, las y los diputados federales analizarán el PND para determinar, si incluye los fines del proyecto nacional, contenidos en la Constitución, así como una adecuada planeación democrática que refleje la visión, aspiraciones y demandas de la sociedad, a efecto de dar paso a la instrumentación de políticas y programas públicos que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestos.
El PND remitido al Congreso y difundido por el Ejecutivo Federal, el pasado 30 de abril, es un documento institucional que merece un particular análisis. El PND es un documento claro, inteligible, honesto y congruente con el proyecto de Nación, planteado desde un inicio por el presidente de la República, y por el que se pronunció mayoritariamente el pueblo de México. Es un instrumento de política pública, sencillo y sin dobleces, escrito por y para la sociedad y sus sectores, que da cuenta clara de lo que significa la Cuarta Transformación.
Es un PND libre de pragmatismos con valores, ideales y una clara vocación republicana, que entiende el contexto internacional y nacional con sus claroscuros. Expone la problemática nacional y sus contrastes: el México próspero, moderno, conectado con el avance económico y tecnológico mundial, aunque concentrado en pocas manos y regiones, y el México pobre, marginado, sin acceso a oportunidades y con escasas posibilidades de ejercer sus derechos.
El PND pone a la luz la necesidad de aparejar la tan destacada estabilidad macroeconómica durante los últimos 20 años al crecimiento económico tangible que se pueda ver y sentir en la mesa, bolsillo y servicios de las y los mexicanos. Para ello, plantea adoptar una nueva visión, donde las personas como sujetos de derecho, sean el centro de la política pública a partir de “un modelo de desarrollo económico y social equitativo, sostenido y balanceado”.
El desarrollo nacional se proyecta en los próximos seis años a partir de tres pilares fundamentales: 1. Afianzar la justicia y el Estado de Derecho para que el gobierno sea garante de los derechos humanos establecidos en la Constitución y para construir un país donde impere la ley y la justicia; 2. Garantizar el goce de los derechos sociales y económicos establecidos en la Constitución; y 3. Incentivar un desarrollo económico dinámico, equilibrado, sostenible y equitativo que amplíe las capacidades, presentes y futuras de todas las personas.
Además, identifica tres problemas relevantes que plantea atender por igual número de ejes transversales, los cuales derivarán en programas y presupuesto públicos enfocados en combatir: la desigualdad de género, la discriminación y la exclusión de diverso grupos de la población; la profunda corrupción rampante y las ineficiencias de administración pública; y un modelo de desarrollo insostenible, así como la falta de una adecuada conceptualización del territorio, concebido éste como espacio de interacciones económicas, políticas, medioambientales y sociales. Propone reconstruir al país y transformar su vida pública para el bienestar de la población, combatiendo la corrupción y realizando una reingeniería del gasto público para reorientarlo hacia la población más desfavorecida, no como una retórica asistencialista, sino para saldar una deuda social histórica, a través del incremento de la productividad y la capacidad de consumo para reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de quienes hoy son los más pobres y vulnerables. Así, los apoyos directos, la creación de empleos formales, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la inclusión financiera, serán acciones fundamentales para incorporar a la población a los beneficios del desarrollo y lograr el bienestar tan largamente anhelado.
Activista social y Titular del Fondo Mixto
de Promoción Turística de la CDMX
