La aprobación de la Guardia Nacional, la nueva institución pública cuya misión será garantizar y preservar el orden público y la paz social en el país, descubrió múltiples aristas para la construcción del necesario debate nacional. Sin embargo, la cuestión toral es que se trata de El Proyecto de Estado para hacer frente a la tragedia nacional del desbordamiento de la violencia y criminalidad en el país. Una decisión de Estado, en un momento apremiante, con una visión integral.
Plantear quién en las fuerzas políticas gana o pierde frente a los términos en que está siendo creada la nueva institución —votada por unanimidad en la Cámara de Senadores, sujeta a ratificación en Diputados y posteriormente avalada por al menos 17 Congresos estatales— no es la sustancia en este momento, aunque en la dialéctica política se intente lo contrario.
El nivel de consenso logrado en el Senado, no visto en años, trasciende toda postura política y devuelve la atención a la importancia de hacer un manejo estratégico de las instituciones del Estado, en circunstancias cruciales, para bien de la sociedad. Un cambio que ha sorprendido a propios y extraños.
Sólo hay un ganador y ese es el pueblo: el ciudadano de a pie, todos nosotros, quienes contaremos en breve con una institución que operará bajo un enfoque táctico más que reactivo para combatir la pesadilla de la violencia e inseguridad desbordadas. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día, al menos en lo que va de este 2019, son asesinados en el territorio nacional 97 mexicanos, un índice que ubica al país entre las naciones con mayores niveles de violencia en el mundo. Comenzar a recomponer esta situación, bajo un nuevo paradigma que se desvincula de la improvisación y la omisión cómplice, por decir lo menos, es la diferencia entre el antes y el ahora. Por ello, la Guardia Nacional es concebida como El Proyecto del sexenio.
Ante el tamaño del desafío que tiene la nueva institución, habrá una “Coordinación Operativa Interinstitucional”, externa a la Secretaría de Seguridad Pública, con un carácter dual, que tomará las decisiones centrales de ese nuevo órgano del Estado mexicano. Es decir, la coordinación estará conformada por autoridades civiles, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y castrenses, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina Nacional.
Queda claro que no se hizo a un lado la presencia táctica, estratégica y de disciplina de los militares. Por el contrario, y de acuerdo con el dictamen aprobado en el Senado, habrá una “homologación” de la estructura, disciplina y capacitación de los nuevos miembros de la Guardia Nacional al régimen de responsabilidades utilizadas por las fuerzas armadas. Orden, control, disciplina y sentido del deber, serán norma institucionalizada en los cuerpos policiacos.
La Guardia Nacional, de naturaleza civil, pero con una composición dual de militares y civiles dotará de instrumentos estratégicos en la formación y operatividad de los policías, que tendrán como principal reto, en los próximos 5 años, “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”.
Se trata del fortalecimiento de la seguridad pública en el país: la presencia militar garantizará orden, disciplina, profesionalismo, control, pero, sobre todo, compromiso con la nación, como lo ha dicho el propio Secretario General de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González.
Quedarán en el pasado circunstancias oprobiosas como cuando los gobernadores se lavaban las manos” y dejaban la responsabilidad de la seguridad pública de sus entidades a los cuerpos castrenses, sin que hubiera un marco legal de competencia.
El que la Guardia Nacional surja con absoluto respaldo de las fuerzas políticas a iniciativa del Ejecutivo Federal, es buena señal, pero mejor aún que la sociedad vea que el compromiso se convierte en realidad.
Activista social y titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX.
@LaraPaola1