La corrupción se combate en los hechos…

El nuevo andamiaje jurídico que está construyendo el Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr la trasformación del país merecen un análisis particular debido a su importancia. En primer lugar, es importante señalar que las acciones legislativas que se están llevando a cabo dan respuesta a múltiples demandas sociales que, por décadas, fueron desdeñadas debido a la corrupción, lo que derivó en una crisis de gobernabilidad manifestada en diversos ámbitos, como son la desigualdad social y la inseguridad.

La corrupción fracturó a las instituciones del Estado y penetró en las entrañas del servicio público hasta llevar al límite de lo intolerable las acciones de gobierno. De ahí la necesidad de reformar las leyes y las instituciones, e incluso de transformarlas, para asumir una cultura donde la eficacia, la eficiencia, la austeridad sean nociones cotidianas en todos los niveles de gobierno y Poderes del Estado, en aras de hacer posible la justicia social.

En esta nueva plataforma jurídica e institucional, la forma y el fondo son muy diferentes: importan el qué, el cómo y el para qué. Es decir, los objetivos son claros y los procesos consecuentes. Prueba de ello son los Decretos aprobados en días pasados durante el segundo periodo extraordinario en las Cámaras de Diputados y Senadores, los cuales fueron enviados al Ejecutivo para su respectiva publicación y dar vida a la Nueva Ley de Confianza Ciudadana y al nuevo Banco del Desarrollo.

La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana tiene como finalidad establecer las bases para la instrumentación de políticas públicas que las dependencias de la Administración Pública Federal implementarán para incrementar la confianza ciudadana, con el objetivo de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

Para la ejecución de la nueva ley, se creará el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana como un sistema de la Administración Pública Federal, cuya inscripción será voluntaria y de buena fe; los inscritos manifestarán que han cumplido con todas sus obligaciones regulatorias y fiscales y que se comprometen a continuar cumpliendo con las mismas para recibir los beneficios y facilidades que determine la Secretaría de Economía. Además, los beneficiarios tendrán la posibilidad de señalar el trámite o procedimiento del que requieran una simplificación o en el que hayan identificado alguna problemática. Quienes proporcionen al Padrón información falsa, perderán los beneficios y serán sancionados.

Este ordenamiento propicia un entorno de confianza entre ciudadanía y autoridad, permitiendo que sean los ciudadanos quienes identifiquen los trámites o requisitos innecesarios para su eliminación. Por otro lado, evita la carga económica que producen actualmente las inspecciones domiciliarias para el erario público y para los ciudadanos, ya que, en la gran mayoría de los casos, estas se convertían en actos de corrupción.

Es una ley dirigida a quienes invierten sus recursos y su esfuerzo en el país, comprometiéndose con su desarrollo de manera honesta al cumplir con sus obligaciones regulatorias y fiscales, de ahí que a las personas físicas y a las micro, pequeñas y medianas empresas se les otorgarán beneficios y facilidades administrativas con el objeto de que crezcan y sean más competitivas.

Por lo que hace a las reformas a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, estas resultan de fundamental importancia, ya que transforman el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) en el Banco del Bienestar, dotándolo de mayor capacidad operativa, especialmente para el otorgamiento de los recursos derivados de los programas sociales.

En tal virtud, el Banco operará como una institución fiduciaria moderna adecuada al actual modelo económico, por lo que podrá participar como institución fiduciaria en operaciones de emisión de certificados bursátiles de emisoras privadas y públicas.

El Banco del Bienestar, por mandato de ley, será una institución que generará condiciones equitativas para quienes han tenido acceso limitado o nulo a los servicios financieros formales, posibilitará que los recursos se entreguen de manera directa y más eficiente a las y los beneficiarios de los programas sociales, e incrementará la adquisición de crédito para el consumo.

La transparencia, la rendición de cuentas y el fin de los privilegios son una realidad en el actual gobierno, que se ha dado a la tarea de desmantelar la red de complicidades que alentaron el uso discrecional y abusivo del dinero público.

A este respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su informe que cumplió 78 de los 100 compromisos que hizo con el pueblo de México. “Ahora es menos injusta la distribución del ingreso; es decir, hay más desarrollo y más bienestar”, lo cual aumentará con la ejecución de las políticas y programas públicos que estarán completamente alejados de prácticas corruptas.

La ruta de la legalidad y del buen gobierno prueba que la corrupción se combate en los hechos. Sólo las acciones eficaces permitirán recobrar la confianza y asegurar el bienestar de la sociedad.