De acuerdo al mandato constitucional, derivado de las reformas publicadas el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en materia de Guardia Nacional , el Congreso de la Unión, aprobó las leyes secundarias correspondientes, a efecto de crear el marco legal para su adecuada operatividad.
En primer término, se expide la Ley de La Guardia Nacional, que la define como una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y colaborar temporalmente en las tareas que le corresponden a las entidades federativas, municipios y alcaldías, conforme a los convenios de coordinación celebrados. Destaca que, se establece para las y los miembros de la Guardia Nacional: un Sistema de Carrera ; capacitación y profesionalización policial, académica y axiológica; adiestramiento policial civil y; un régimen disciplinario.
En segundo lugar, es de señalar que, las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevén la creación del Sistema Nacional de Información , el cual, mantendrá interconectadas las bases de datos de los tres niveles de gobierno, a efecto de que todas las instituciones de seguridad pública actualicen, compartan y generen de manera constante información importante y oportuna que les permita combatir con eficacia el delito y la inseguridad. Asimismo, se establece como fin de la formación policial, la proximidad social como una actividad preventiva y colaborativa que facilite la comunicación y cercanía con la sociedad para que recobre la confianza en las instituciones y en sus policías. Además, se da reconocimiento legal, al servicio de emergencias 911 , que será regulado por el Centro Nacional de Información .
Un tercer elemento, es la nueva Ley Nacional del Registro de Detenciones, que ordena la creación de un Registro Nacional de Detenciones con información actualizada sobre todas las personas detenidas en el territorio nacional, que imprimirá funcionalidad al proceso penal acusatorio y unificará los registros policiales para efectos de investigación, pero, sobre todo, evitará las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Dicho registro, tendrá una plataforma tecnológica para la operación de un Sistema de Consulta del Registro que permita a las autoridades contar con la información necesaria para realizar sus funciones de seguridad y, a la ciudadanía, saber cuándo un familiar ha sido detenido, qué autoridad lo detuvo, dónde está, y darle seguimiento hasta su liberación.
Finalmente, con el objeto de regular el uso de la fuerza que ejercen los integrantes de los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y los integrantes de las Fuerzas Armadas en estas tareas, se crea la Ley Nacional Sobre el Uso de La Fuerza, la cual establece principios rectores, parámetros de gradualidad, mecanismos de reacción y niveles del uso de la fuerza; de igual forma, ordena que los únicos miembros de las instituciones que ejerzan tareas de seguridad pública que podrán portar armas incapacitantes o letales, serán quienes hayan aprobado la capacitación correspondiente y sólo podrán usar el armamento que les haya sido asignado.
Por otro lado, destaca que se obliga a las instituciones a tener bases de datos con registros detallados de huellas, características del armamento, proyectiles y ojivas; y en todos los casos en que se haya usado la fuerza, se realizará un reporte al superior jerárquico inmediato, cuya copia se integrará al expediente que contendrá las razones y circunstancias, así como el resultado y daño causado. El uso indebido de la fuerza se sancionará civil, penal y/o administrativamente.
En suma, el Ejecutivo Federal y el Congreso tienen claro que, en la Guardia Nacional está depositada la esperanza del pueblo para establecer el orden y la paz pública que México requiere para su desarrollo; saben que las y los mexicanos están hartos de tener miedo, de estar a merced de la delincuencia, de la corrupción, de la impunidad y de los abusos de autoridad; hartos de que se haya perdido la línea divisoria que diferenciaba a los delincuentes y a los policías.
Por ello, ambos Poderes desde el ámbito de su competencia, se han dado a la tarea de crear un nuevo entramado jurídico e institucional que garantice a la sociedad que las corporaciones de seguridad pública, se conducirán con pleno respeto al orden jurídico y a los derechos humanos, que serán eficientes y eficaces, profesionales y capaces de revertir la crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro país.
Las y los mexicanos anhelan y merecen tener paz y tranquilidad, un primer paso para lograrlo, es que puedan confiar y respetar a sus policías.