La destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) puso a prueba un aspecto del sistema de pesos y contrapesos construido en los últimos años. Me refiero a que un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo hizo a un lado a otro cuyo nombramiento fue producto de un amplio consenso en la Cámara de Senadores. Ello, en un contexto donde el segundo realizaba una investigación que eventualmente podría afectar gravemente la imagen de la Presidencia de la República y la de todo el gobierno federal.
Desde el punto de vista de los contrapesos institucionales, esto es, de los límites que tiene el Procurador General de la República frente al nombramiento hecho por los senadores, resulta razonable que de presentarse determinados supuestos que comprometan el curso de las investigaciones que realiza la Procuraduría, se pueda destituir a cualquier servidor público. En este sentido, si las declaraciones hechas por Santiago Nieto al periódico Reforma encuadraran en la causal de remoción, ésta tendría justificación, siempre y cuando derivara de un procedimiento que garantizara los derechos del inculpado y no dejara lugar a dudas sobre la procedencia de la medida.
Sin embargo, la Constitución en relación con este asunto optó por un contrapeso de carácter político, es decir uno que depende de la correlación de fuerzas resultante de las elecciones: si el Procurador remueve al titular de la FEPADE, entonces los miembros del Senado pueden objetar la remoción por el voto de la mayoría de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía hubiera tenido que ser restituido en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, la decisión que iban a tomar los senadores hubiera tenido muy poco que ver con las supuestas causas de la destitución y mucho con el ánimo de los partidos políticos hacia la persona del Fiscal. Es obvio que se trataba de una cuestión de votos y no de verdades ni argumentos.
La renuncia del ex fiscal al procedimiento de objeción vuelve ocioso especular sobre lo que hubiera sido el resultado de una votación en la que el número de legisladores que apoyaban la remoción era muy similar al de aquellos que la pretendían objetar. Lo que sí es muy claro es que el sistema de pesos y contrapesos que hemos adoptado para esta decisión deja mucho que desear en materia de eficiencia y rendición de cuentas. No importó si el Fiscal depuesto violó o no el código de conducta institucional; tampoco si el Procurador actuó o no conforme a derecho al proceder con la separación; mucho menos que la FEPADE quedó acéfala en un proceso electoral que ya ha dado inicio. A los ciudadanos sólo nos resta esperar el resultado de las negociaciones y las maniobras políticas que lleven a la designación o no del próximo titular de esa dependencia.
Pero eso no quiere decir que dejemos de preocuparnos por el curso que tomará la investigación del caso Odebrecht después de este lamentable incidente. Ahora más que nunca resulta indispensable que la investigación sea exhaustiva y sus resultados sean puestos a disposición de toda la sociedad. De lo contrario, si quedan cabos sueltos, si hay opacidad, estaremos aceptando el mensaje enviado a la FEPADE: si no quieren tener problemas y quieren conservar su trabajo, no investiguen y no se interpongan en los asuntos que sí les corresponden, mejor sean un elefante blanco.
Ex consejero electoral de la CDMX.
@pableza