El número de apoyos a favor de las candidaturas independientes, publicado de manera preliminar por el Instituto Nacional Electoral (INE), permite prever que en la boleta para la elección de quien ocupará la Presidencia de la República aparecerán únicamente tres contendientes por esa vía: Jaime Rodríguez El Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter. Estos tres personajes, en caso de concretar su registro, tendrán que enfrentar las campañas electorales con las desventajas que de por sí implica competir sin el respaldo de algún partido político más otras que tienen que ver con el desprestigio al que han sido expuestas este tipo de candidaturas.

El derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular, de manera independiente a los institutos políticos, fue reconocido en nuestra Constitución a partir de dos reformas ocurridas en 2012 y 2013. Esas transformaciones a la carta magna modificaron la ruta seguida hasta entonces por nuestro sistema representativo, que durante muchos años buscó la consolidación de un sistema de partidos plural y, en parte, para ello permitió exclusivamente a estas organizaciones el registro de candidaturas en el ámbito federal y a partir del año 2007, incluso en el local. A favor de las candidaturas independientes se dijo, entre otras cosas, que tendrían la función de garantizar a las y los ciudadanos la posibilidad de actuar, decidir, participar e influir en los poderes públicos; que permitirían a nuevos actores participar en la consolidación y en el mejoramiento de la calidad democrática sin necesidad de afiliarse a un partido político y que incrementarían las opciones para el electorado.

Lo cierto es que estos tres posibles candidatos independientes tienen una larga trayectoria partidista y se han beneficiado ampliamente del sistema partidario, que hoy critican con tono demagogo, en busca de firmas para alcanzar la posibilidad del registro; que han hecho poco o nada por mejorar la calidad de nuestra democracia y que no representan nada nuevo para los electores.

También ha contribuido al desprestigio de esta figura el Consejo General del INE, que en noviembre pasado regaló siete días adicionales a los aspirantes a candidaturas independientes para obtener el apoyo ciudadano, en contravención del último párrafo del artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala con toda claridad que dichos plazos no pueden ser mayores a 120, 90 y 60 días, ya sea que se busque obtener la candidatura a la Presidencia de la República a una senaduría o a una diputación.

A lo anterior hay que sumar que el INE ha identificado que miles de “apoyos” a los aspirantes a obtener candidaturas a diputaciones por la vía independiente en realidad no son tales. Ya sea porque en la aplicación no dieron de alta credenciales para votar, sino fotocopias u otro tipo de identificaciones; o bien hicieron llegar documentos inválidos o porque, de plano, manipularon por computadora imágenes que aunque tienen los datos correctos de las personas, éstas no corresponden a sus credenciales.

Por si lo anterior fuera poco, recientemente se hizo del conocimiento público que más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios del gobierno de Nuevo León a favor de la candidatura de El Bronco fueron recabadas en horario laboral, lo que de ser cierto implicaría una violación al artículo 134 de la Constitución, por desvío de recursos públicos para favorecer las actividades promocionales de este aspirante.

Las candidaturas independientes debían ser una alternativa frente a la descomposición y el desprestigio de los partidos políticos. Lamentablemente, las prácticas de la mayoría de las personas que las rodean se han encargado de desprestigiarlas y, en el caso de la elección presidencial, no ofrecen verdaderas posibilidades de oxigenar a nuestro sistema político.

Ex consejero electoral de la Ciudad
de México. Twitter: @pableza

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