En un contexto como el de la sociedad mexicana, caracterizado por la desconfianza e incluso por el rencor ciudadano hacia lo público y quienes manejan los asuntos públicos, el discurso de la antipolítica encuentra tierra fértil para germinar después de un desastre natural. Por eso, propuestas como la de acabar con el financiamiento público de los partidos y desaparecer la representación proporcional en los poderes legislativos con el objeto de generar ahorros que permitan compensar a los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre de este año, pueden ser percibidas como justas y llenas de sentido a pesar de que no son las medidas idóneas para resolver tales problemas y su aprobación agravaría males que llevamos décadas tratando de resolver.
Apenas unas horas después del segundo temblor, ya se había hecho viral una petición en change.org, a través de la cual se solicita al Instituto Nacional Electoral (INE) servir de mediador para que los partidos políticos donen el financiamiento público que recibirán en 2018 a los afectados por los terremotos. Al momento de escribir estas líneas, ya se han sumado más de un millón 832 mil personas. El argumento parece contundente: “No es justo destinar tanto dinero de nuestros impuestos a los partidos políticos si miles de mexicanos sufren ante esta enorme tragedia”.
Al notar el enorme apoyo a la petición, diversos institutos políticos se manifestaron a favor de la propuesta a través de sus dirigentes. Incluso, el presidente del PRI, rápidamente presentó un oficio ante el INE para renunciar al dinero que durante este año correspondería a su partido; además promovió la presentación de iniciativas en la Cámara de Diputados a efecto de que se suprima el financiamiento público de los partidos y de una vez también la representación proporcional en los poderes legislativos de todo el país.
Frente al escenario anterior conviene recordar que el financiamiento público que se pretende eliminar ha permitido contar con un sistema de partidos plural donde la competencia por el acceso al poder se da en condiciones de mayor equidad a las que existían en los tiempos del partido hegemónico, por eso hoy para tener éxito en las elecciones es necesario ganar las simpatías ciudadanas y no la del presidente de la república. Hay que reconocer que también ha ayudado a transparentar y fiscalizar el ejercicio de los recursos económicos partidarios y luchar contra la influencia desmedida de los poderes fácticos en las campañas y en los gobiernos, seguramente la propuesta de eliminarlo debe tener muy contentos a personajes dispuestos a invertir en política para su beneficio. Además, fomenta la participación ciudadana al hacer posible una mayor difusión de la información sobre los partidos, sus plataformas y la calidad de sus candidatos.
Respecto a eliminar a los legisladores plurinominales, se pierde de vista que este tipo de representación ha sido indispensable para dar voz y margen de acción a la oposición; gracias a ello, por ejemplo, los estados y municipios gobernados por distintas fuerzas políticas negocian en mejores condiciones sus presupuestos. También ha sido invaluable para facilitar que grupos tradicionalmente discriminados como mujeres, jóvenes e indígenas accedan a diputaciones y senadurías. Igualmente ha favorecido el desarrollo del sistema de pesos y contrapesos entre Legislativo y Ejecutivo, condición indispensable para la democracia.
A todo lo anterior debe agregarse el hecho de que atender las necesidades de los damnificados por los sismos tiene un costo que rebasa por varias decenas de miles de millones de pesos lo que supuestamente se ahorraría con la aprobación de ambas propuestas. De ahí que el asunto deba ser atendido con absoluta seriedad de inmediato y al momento de aprobar el presupuesto del próximo año. Estoy convencido de que puede reducirse el costo de nuestra democracia, pero no con las vísceras, no con oportunismo.
Ex consejero electoral de la CDMX