Petróleos Mexicanos (Pemex), la emblemática paraestatal, renombrada como empresa productiva del Estado en 2013, está en crisis desde hace mucho tiempo.
Con la reforma energética se le quitó el monopolio legal con el argumento de que con la competencia podría ser más productiva, pero como se le continuó dando un trato fiscal completamente desfavorable, ello impidió, entre otros factores, que pudiera ser realidad.
Con el informe presentado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el pasado 30 de abril, se confirma que Pemex está técnicamente quebrado y que las complicaciones son mucho más profundas de lo que se había dicho, por lo que sólo podrá salir avante con un rescate de parte del gobierno mexicano, al punto que se reconoce que hay una duda substancial acerca de su viabilidad.
Cuando se observan las cifras del apartado de factores de riesgo, se prenden los focos rojos. Al 31 de diciembre de 2018, su deuda asciende a 105.8 mil millones de dólares, es decir, ya supera el total del valor de sus activos (105.4 mil millones de dólares) y creció 2.2% respecto al saldo de un año antes.
El 27.2% de la deuda existente (28.8 mil millones de dólares) estaba programada para los siguientes tres años, incluyendo 9.7 mil millones que vencen en 2019 y adicionalmente tiene un capital negativo de trabajo de 2.8 mil millones. Después de presentar estas cifras señalan:
“Si fuéramos incapaces de obtener financiamiento en términos favorables, esto podría dañar nuestra habilidad para conseguir financiamiento adicional, las inversiones en proyectos financiados a través de deuda y alcanzar nuestras obligaciones de pago del principal y de intereses con nuestros acreedores”. Parece más una amenaza que advertencia de default.
Entre sus obligaciones también destacan los pagos a proveedores (7.6 mil millones de dólares), impuestos y derechos (3.3 mil millones). La deuda a largo plazo es por 96.1 mil millones de dólares y los beneficios para empleados (pensiones), pasivo contingente que ya alcanzaba el monto de 54.9 mil millones de dólares.
Cabe comentar que sobre el pago a proveedores, los empresarios se han quejado de que hubo un trato discriminatorio en la pasada administración, a lo que ha hecho alusión el presidente López Obrador. Mientras que a sectores cercanos al gobierno les pagaron a tiempo y con sobreprecio, con los demás no sólo hubo retrasos de años, sino pagos con descuentos y en partes.
Las autoridades de Pemex están perfectamente conscientes de que resulta estratégico mantener el grado de inversión, porque la calificación crediticia afecta el costo y los términos en los que se obtienen los financiamientos.
Reconocen que las agencias calificadoras han expresado su preocupación sobre: 1) la pesada carga impositiva, 2) la deuda total y de su proporción sobre las reservas probadas, 3) el significativo incremento del endeudamiento en los últimos años, 4) el flujo libre de caja negativo, 5) la declinación de los yacimientos y la baja calidad del petróleo crudo, 6) la falta de reservas para fondear las pensiones y premios de señoreaje, 7) la posibilidad de que el presupuesto de gasto de capital sea insuficiente para mantener y explotar las reservas, y 8) el involucramiento del gobierno mexicano en su estrategia gerencial y de financiamiento.
Sobre este último punto, se quejan de que en los últimos años, el gobierno castigó los gastos de capital al controlar las decisiones sobre su presupuesto y que están en el peor de los mundos posibles, porque con la reforma de 2014, el gobierno no tiene la obligación legal de garantizar su deuda y pago de interés, pero que en cambio tienen una enorme carga fiscal que obstaculiza hacer las inversiones de capital necesarias.
Puntualizan que el control de precios que históricamente ha impuesto el gobierno, ha afectado la rentabilidad de la empresa. También consideran como una limitante que las reservas no sean parte de su patrimonio y que sean determinadas por un organismo autónomo como la Comisión Nacional de Hidrocarburos; sin embargo, el reclamo no es válido porque aunque sean propiedad de la nación, ello no ha impedido que Pemex las maneje discrecionalmente y que siga controlando 83% de las zonas donde hay yacimientos petroleros, y el hecho de que sea otro organismo el que certifique su nivel, evita que sean juez y parte en el asunto.
Sin embargo, el punto más preocupante es que las reservas probadas de petróleo crudo equivalente disminuyeron en 684.4 millones de barriles (-8.9%) a 7 mil 10.3 millones al 31 de diciembre de 2018, lo que ha repercutido en que la producción de petróleo crudo haya disminuido 5% en 2016, 9.5% en 2017 y 6.4% en 2018, ubicándose en una producción de un millón 813 mil barriles diarios (mbd). La situación ha sigo empeorando dramáticamente, ya que en el primer trimestre el promedio cayó a un millón 671 mbd, esto es, menos de la mitad del máximo alcanzado en 2004.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha hecho varios anuncios que van en la ruta correcta, como el refinanciamiento de casi toda la deuda que vencía este año, la reducción de la carga fiscal, medidas adicionales de austeridad para que los ahorros sean transferidos a Pemex, entre otras medidas.
El subsecretario Arturo Herrera, el mismo que sugirió que la obra de Dos Bocas se pospusiera hasta que hubiese mejores condiciones, pero que fue corregido por el Presidente, comentó que en unos días se hará la presentación de un nuevo plan de negocios para convencer a los inversionistas de la viabilidad de Pemex. Queda claro que Herrera es el interlocutor de México con la comunidad financiera y que su calificación crediticia podría depender de que sea exitosa, lo que repercutirá en la del país.
Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx