El Ejecutivo mexicano entregó de manera oficial el pasado 30 de mayo al Senado para su aprobación el Protocolo del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (el "T-MEC"), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto con seis acuerdos paralelos firmados por los mandatarios de los tres países el 30 de noviembre de 2018.
El ambiente era propicio para que sus cuerpos legislativos iniciaran el proceso de discusión, porque el 19 de mayo el presidente Donald Trump había eliminado los aranceles al acero y al aluminio impuestos a Canadá y México, y en nuestro país se había reformado la Ley Federal del Trabajo, que era uno de los requisitos que los demócratas y los sindicatos norteamericanos habían puesto como condición para su aprobación, aunque ahora piden garantías de su aplicación.
Pero el tweet de Trump de ese mismo día señalando que impondría un arancel a las importaciones de México de 5%, aplicable a partir del 10 de junio y que se incrementaría hasta 25%, bajo Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés) si el país no modificaba su política migratoria, vino a perturbar el optimismo.
El T-MEC es un texto muy extenso de mil 388 páginas que, como ya se ha señalado ampliamente, tiene un enfoque más proteccionista que el TLCAN, reflejado de entrada en las contingencias arancelarias que se aplican mutuamente Estados Unidos (EU) y Canadá, así como en las reglas de origen y disposiciones de EU a la industria automotriz mexicana, que tienen la clara intención de frenar estas importaciones.
En 2018, de acuerdo con cifras de EU, las importaciones procedentes de México de vehículos automotores, partes y motores sumaron 128 mil 111 millones de dólares, representando 34.3% del total de la industria. Por ello, EU presionó para que las reglas de origen pasaran de 62.5% a 70% o 75% (bajo el método de costo neto) dependiendo de cada caso, pero adicionalmente tendrán que usar al menos 70% de acero y aluminio producido en la región y con requisitos de valor de contenido laboral (VCL) más estrictos en un proceso paulatino de cuatro años, que elevan los costos de producción.
Adicionalmente, el monto para los vehículos libre de aranceles será de un millón 600 mil unidades; pasando esta cuota se aplicará un arancel de 2.5% de Nación Más Favorecida (NMF), que es también el criterio al que buscarían acogerse las empresas que no logren cumplir con las reglas de origen. Sin embargo, puesto que algunas armadoras son europeas y japonesas, persiste el temor de que la administración Trump les aplique mayores aranceles a dichos vehículos automotores y autopartes, invocando que son una amenaza a la seguridad nacional, al pedirle a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) una investigación bajo la sección 232.
Para que los bienes y mercancías puedan comerciarse libres de aranceles tienen que solicitar un trato arancelario especial basado en una certificación de origen llenada por el exportador, productor o Importador. Para México, con respecto a una certificación de origen por el importador se otorga un plazo que será a más tardar tres años y seis meses posteriores a la entrada en vigor de este tratado, que sería tres meses después de que el último de los legislativos lo apruebe, por lo que para que entre en vigor el 1 de enero de 2020, la fecha límite es el 30 de septiembre.
Si México no ratifica el T-MEC, de todos modos nos quedaríamos sin TLCAN y regresaríamos al sistema generalizado de preferencias (SGP), que es un esquema sin reglas que le otorga a EU plena libertad para condicionar la renovación de preferencias existentes, y no forzosamente bajo criterios comerciales.
Se podría alegar que el comercio exterior seguiría funcionando bajo las reglas y criterios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El problema es que la administración Trump no se ha caracterizado por respetar las reglas y fallos de los organismos internacionales, y podría llevarnos a procesos muy tortuoso de resolución de controversias, que tardan años en resolverse. No hay ninguna certeza de que Trump vaya a cumplir el T-MEC, pero no ratificarlo nos deja más vulnerables.
La aceptación del chantaje de Trump nos colocó en una posición de fuerte debilidad, porque como lo señaló Porfirio Muñoz Ledo, nos obligó a modificar la política migratoria al usar a la Guardia Nacional para perseguir migrantes como si fueran delincuentes, lo que va en contra de los principios de México y tampoco es garantía de que el presidente de EU quede conforme con las acciones que se emprendan.
Por otra parte, tanto Nancy Pelosi como Bernie Sanders, así como otros demócratas, quedaron molestos por la firma del acuerdo migratorio de Trump con México. Una vez más quedó la impresión de que el país vuelve a darle un impulso electoral al magnate.
Aunque Robert Lighthizer (USTR) estimó que el T-MEC será ratificado con “un amplio apoyo” en el Congreso estadounidense, siempre persiste el riesgo de que el sentimiento en contra del libre comercio y antimexicano alentado por Trump le resulte contraproducente y no se reúna el número de votos de representantes para su aprobación, aunque ahora se presente a México como un socio contra la migración irregular y en el plano comercial. El que con fuego juega, tarde o temprano se quema.
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