Más Información
La legislación e instituciones ambientales mexicanas han evolucionado más allá del enfoque inicial en contaminación de los 1970. En los 80 y 90 se construyó la estructura actual: una ley general, secretaría de medio ambiente y procuraduría federal, instituto nacional de ecología y comisiones nacionales de agua, biodiversidad, recursos forestales y áreas protegidas.
Así México se preparaba para enfrentar sus desafíos ambientales y cumplir compromisos adquiridos en Agenda 21 durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992. Pronto supimos que el reto no sólo era emitir leyes o crear instituciones, sino acatarlas y fortalecerlas. Se avanzó en los 90, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, gracias a la nueva Secretaría del medio ambiente, recursos naturales y pesca, liderada por Julia Carabias.
Desgraciadamente el medio ambiente no fue prioridad para las siguientes administraciones. El presidente Vicente Fox politizó nocivamente las instituciones y equivocadamente transfirió la gestión pesquera a la Secretaría de agricultura y ganadería, acelerando la sobreexplotación de los recursos marinos. El presidente Felipe Calderón desempeñó una papel importante en la conferencia de la ONU sobre cambio climático en Cancún en 2010; dos años después el Congreso mexicano aprobó una ley progresista sobre cambio climático. Pero él también debilitó el instituto nacional de ecología e impulsó una campaña nacional de reforestación mal planeada, costosa e ineficaz. El presidente Enrique Peña Nieto politizó aún más las instituciones, erosionando gravemente las comisiones de áreas protegidas, recursos forestales y agua, y trivializó las políticas ambientales al declarar millones de hectáreas como “parques de papel” en un esfuerzo de última hora por dejar su legado.
El mandato que el 1 de julio dieron los votantes a un gobierno nuevo y más orientado a lo social, liderado por Andrés Manuel López Obrador, es una oportunidad histórica para construir una visión en que el uso responsable de los recursos naturales sea pilar de nuestro desarrollo. Como segunda economía de la región, esto incluye la obligación de liderar los esfuerzos para forjar una América Latina sustentable y equitativa. El anuncio de que Marcelo Ebrard, ex Jefe de Gobierno del D.F. (Mejor Alcalde del Mundo 2010 y comprometido con el desarrollo sustentable) será el próximo canciller es una buena señal. La posición de México como puente entre Estados Unidos y América Latina, incluyendo sus mayores economías - Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú - le ofrece una ventaja estratégica. Sumemos a Venezuela y Ecuador y tendremos a casi la mitad de los países megadiversos del mundo. No es una responsabilidad global trivial, sino una oportunidad extraordinaria para liderar el cambio.
No olvidemos que América Latina alberga 40% de la biodiversidad del planeta y los inmensos beneficios que emanan de ella. Tiene 9 millones de km² de bosques tropicales, las mayores reservas de carbono, 30% del agua dulce disponible, 700 millones de hectáreas de tierras cultivables y produce 24% de las capturas pesqueras mundiales. También alberga 175 millones de personas que sobreviven con menos de $ 1.25 dólares/día y que frecuentemente se van a dormir hambrientas, y tiene una deuda pública bruta combinada de más de 2 millones de millones de dólares (un promedio de 38% del PIB). Su población alcanzará 650 millones en 2020 y 800 millones en 2050. Estos factores conllevan enormes desafíos ambientales, económicos, sociales y políticos.
Latinoamérica suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, un plan para la prosperidad y paz global, y apoya los principales tratados ambientales. Aun así, debemos fortalecer las alianzas con economías con desafíos similares, como Indonesia, Sur África, China e India. Juntos, estos 10 países megadiversos podrían verdaderamente marcar la diferencia.
La economía global continuará creciendo e interconectándose no obstante las turbulencias económicas. A fin de siglo la población urbana crecerá más de mil millones y sus patrones de consumo determinarán nuestra huella ambiental global. Mientras, la temperatura promedio mundial aumentará más de 2°C, ocasionando pérdida de biodiversidad y reduciendo la seguridad alimentaria e hídrica de todos.
Si América Latina aprovecha responsablemente sus enormes recursos naturales podrá asumir un liderazgo global. Este es nuestro principal desafío. El nuevo gobierno mexicano puede marcar la pauta acercándose a los líderes de todos los países megadiversos - incluyendo Estados Unidos - para crear un frente común que revitalice los esfuerzos para que el uso sustentable de esta riqueza natural contribuya a construir economías más vigorosas y sociedades más equitativas. Esto demandará una buena dosis de realismo mágico latinoamericano, pero vale la pena intentarlo.
