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Por Doria Vélez
La tarde del 10 de marzo de 2019, los medios de comunicación confirmaban una privación ilegal de la libertad masiva de 22 personas ocurrida cuatro días antes en el tramo de la carretera San Fernando-Reynosa en Tamaulipas. Las víctimas viajaban en autobús de pasajeros de la empresa Transpaís, cuando de repente cuatro camionetas con hombres armados lo detuvieron y obligaron a dichas personas a descender de la unidad para luego desaparecer. Este hecho que bien podría parecer salido del guion de una saga hollywoodense, refleja la situación de inseguridad y vulnerabilidad en que se encuentra una parte del país desde hace varios años. No es la primera vez que ocurre un acontecimiento de ese tipo en San Fernando, Tamaulipas; simplemente recordemos las fosas clandestinas localizadas en 2011 que daban cuenta del homicidio masivo de 72 migrantes en agosto de 2010, así como aquellas en las que se ubicaron los restos de 193 personas de abril a junio de 2011. ¿Es posible afirmar que estamos ante un tercer San Fernando?
Si bien es cierto que aún no hay información específica que permita afirmar que dichas personas han sido privadas de la vida –ojalá no sea el caso–, sí hay datos que reflejan un patrón criminológico similar al de los casos de 2011. En este sentido, es pertinente retomar que cuando se tuvo conocimiento de las segundas fosas localizadas en San Fernando, se informó que las víctimas fueron presuntamente secuestradas de autobuses de pasajeros de la empresa Ómnibus. En su momento, quien encabezaba la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, expresó que se trataba de una nueva modalidad de crimen en la que “detienen el autobús, seleccionan pasajeros y los toman de rehenes”. Aunado a ello, perfiló tres hipótesis en torno al caso que fueron las siguientes:
Reclutamiento de las víctimas por la fuerza como soldados de infantería de los grupos de delincuencia organizada;
Extorsión a los familiares de las víctimas para cobrar el rescate de su ser querido;
Estrategia de cruce hacia Estados Unidos.
¿Qué es lo que han expresado las autoridades estatales y federales sobre el reciente caso de San Fernando? Una retahíla de lugares comunes y vacíos de información que ya hemos escuchado antes. Por un lado, las autoridades estatales han expresado que “suponen” que las 22 personas desaparecidas son migrantes centroamericanos pues sus familiares no han interpuesto denuncia alguna. Además, gracias a investigaciones periodísticas se tiene conocimiento de que el gobierno estatal ocultó por cuatro días información sobre lo sucedido.
En cuanto a las autoridades federales, hasta el 12 de marzo en el marco de la acostumbrada conferencia matutina del presidente López Obrador, él dio a conocer información en torno al caso cuando fue cuestionado por periodistas. Al respecto, dio a conocer que el autobús de pasajeros no fue custodiado por la Policía Federal; que las víctimas eran migrantes; que una de las hipótesis sobre las que están investigando es que esta puede ser una forma de introducirse al territorio estadounidense; que ya habían ocurrido dos casos parecidos durante su gobierno; que estaban investigando a fondo pero que no tenían indicios de desaparición; y que le estaban solicitando información a gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos. Adicionalmente, expresó que no quería que sucediera otro San Fernando.
Si analizamos lo sucedido con una lógica histórica y con un enfoque de seguridad pública que privilegia la perspectiva local, todo indica que estamos ante un tercer San Fernando, aunque aún no conozcamos qué sucedió con los supuestos migrantes privados ilegalmente de la libertad y que se encuentran desaparecidos. ¿Por qué me atrevo a realizar dicha afirmación? Nuevamente se trata de un caso del cual conocemos porque los medios de comunicación lo hicieron público; hay un patrón criminológico y victimológico propio de la zona que coincide con lo sucedido hace algunos años, es decir, una lógica local como se aprecia en la propia permanencia de la estrategia de cruce hacia Estados Unidos como hipótesis de investigación; aparentemente no se trata de un caso aislado pues el presidente López Obrador refiere que es el segundo caso durante su administración justo como sucedió en 2011 que no fueron casos aislados los secuestros de personas de los autobuses; entre otros aspectos.
Lo expresado por las autoridades ofrece otros elementos preocupantes sobre lo que continúa sucediendo en el país: fallas o falta de coordinación y de comunicación entre los órdenes de gobierno, la reticencia a reconocer cuando se trata de una desaparición, la definición de acciones sin base en evidencia, la permanencia de la falta de perspectiva local en la materia, así como la carencia de un diagnóstico integral y objetivo sobre la situación del país.
Me gustaría expresar que lo sucedido hace unos días en San Fernando era completamente inesperado, que no había manera de saber que ese tipo de ilícitos se estaban cometiendo en esa región. Sin embargo, desde hace muchos años contamos con datos que revelan todo lo contrario debido a la manera de actuar de los grupos de la delincuencia organizada y aun así las autoridades están actuando de bote pronto, como si fuera algo completamente inesperado.
Quizás haya quienes refieran que este tipo de reacción se debe a la naturaleza del caso. No obstante, si realizáramos una revisión detallada de lo que ha sucedido encontraríamos que, para las autoridades federales o estatales, cada hecho delictivo con un patrón específico es una sorpresa. Pareciera, incluso, que van a salto de mata: acontecimiento tras acontecimiento. No nos adentremos ya en el entramado institucional para identificar a quién le compete el caso: ¿a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Tamaulipas? ¿Qué papel debería jugar la Coordinación Nacional Antisecuestro? ¿Están todos enterados siquiera?
Justo este tipo de problemáticas y acontecimientos obligan a qué refinemos la idea de lo local. Simplemente recordemos todo lo sucedido alrededor de los secuestros de mujeres en el metro de la Ciudad de México. Ambos acontecimientos pudieran registrarse como secuestros, pero reflejan condiciones y guiones criminales totalmente distintos que obligan a responder con diferentes estrategias. Ello se debe no solo a las diferencias entre los perfiles de las víctimas sino por las características y fines que persiguen los grupos delictivos que los cometen, así como por la dinámica delincuencial y rasgos sociales, culturales, políticos y económicos de la zona.
Lo que hasta ahora hemos visto es que nos encontramos muy lejos de contar con ese tipo acción y reacción por parte de las autoridades, pues se está optando por una visión centralizada y nacional con una lectura general y difusa tanto del problema como de los sujetos activos. Aún estamos a tiempo de cambiar el camino y aprovechar la oportunidad histórica que tenemos frente a nosotros, pero para ello es necesario que seamos críticos. No podemos darnos el lujo de continuar con las mismas inercias, necesitamos construir políticas públicas basadas en evidencia con perspectiva local.
@Dorsvel @ObsNalCiudadano
