El pasado 11 de junio, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en conjunto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presentaron el estudio Gasto público en seguridad, Una mirada a la ruta de los recursos (https://bit.ly/2wXt7e5 ). Este documento tuvo como objetivo, analizar cuánto dinero se ha destinado al tema de seguridad pública en México en los últimos años y la división presupuestaria elaborada en esta materia para 2019. Entre los resultados más significativos se identificó que en comparación con otros estados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, este país es el que menos gasta en seguridad destinando, únicamente, menos del 1% de su Producto Interno Bruto.
La elaboración de este documento es único en su tipo por diversas características. En principio, es el resultado de una suma de esfuerzos por parte de dos organizaciones de la sociedad civil que durante años se han enfocado en especializar su campo de estudio en economía y finanzas públicas (CIEP), así como en seguridad y justicia (ONC) con miras a generar recomendaciones en materia de política pública. En el país este tipo de alianzas son poco comunes. Además, es un análisis que por el nivel de detalle y la cobertura temporal que contempla (2008-2019), permite ponderar el nivel de relevancia que ha tenido la seguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) más allá de las posturas políticas y declaraciones de los servidores públicos a nivel federal.
La metodología de Ruta de Gasto Público (RGP) consideró tres indicadores: prevención del delito, combate al crimen y justicia. El primer de estos, representó el 14% del presupuesto asignado en seguridad pública teniendo un recorte del 27% en comparación con el 2018; el segundo tiene el 42% del gasto y también presentó un decremento del 10%; y finalmente el eje de justicia el cual obtuvo el 44% del presupuesto, pero registró 13.4% menos que lo asignado un año antes.
En materia de prevención, estos recortes se acentuaron principalmente en programas enfocados a la reconstrucción del tejido social en México (91% menos en comparación con 2018); actividades de apoyo administrativo (50% menos) y la promoción, la observancia, la divulgación y la protección de los derechos humanos (49%). Contrario a estos datos, en este eje se identificaron algunos incrementos que favorecen a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, cómo el programa de DDHH que recibió 5.7% más y el cual, según su descripción, está enfocado en promover, defender, fortalecer y difundir los derechos humanos desde el Ejército y la fuerza aérea mexicana. Cabe destacar que opera bajo la modalidad de Funciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y pertenece al ramo 7 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el eje de combate al crimen, el PEF 2019 indica que el 84% del gasto corresponde a las FFAA en apoyo a la seguridad pública, mientras que el 12% a tareas de coordinación en la materia y el 4% al combate a la corrupción. De manera particular, es relevante mencionar el desequilibrio presupuestal entre estas tres categorías si se considerada que en un futuro cercano, la apuesta federal está encaminada en reducir la presencia del ejército en tareas de seguridad pública, a la par de que se fortalezcan a las policías estatales y municipales mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el origen presupuestal de la Guardia Nacional, la cual para el PEF 2019 no estaba contemplada. Sin embargo, en los pre criterios de la política económica 2020 se propone un presupuesto deseable de 15 mil 486.8 millones de pesos, los cuales representan tan sólo el 60 % del presupuesto total de la policía en 20191.
En el rubro de Justicia, como anteriormente se mencionó, el presupuesto para el 2019 es menor en comparación con 2018 y su distribución también es poco prometedora. Por ejemplo, se identificó que el 82.4% de la partida general está destinada a la impartición de justicia, reclusión y readaptación y tan sólo el 15.5% a investigar y perseguir delitos. En el primer campo, uno de los indicadores que se elaboraron para identificar la efectividad de esta política está relacionado con evitar que la población penitenciaria materialice incidentes de alta gravedad como: fugas, motines y homicidios. En este caso, se dejan de lado las amplias discusiones que durante años han permanecido en el debate público, en donde se cuestionan las políticas de reinserción social de los internos durante su condena y una vez que estos salieron en libertad.
Finalmente, el documento pone en evidencia entre otras cosas, la falta de interés político en seguridad pública. Una vez más, se apuesta a que las instituciones encargadas de este tema trabajen con el mínimo de recursos disponibles, con un contexto de inseguridad y de violencia que supera el presupuesto disponible, y que por si fuera poco, no se cuentan con indicadores claros que permitan evaluar los resultados de cada uno de estos programas a corte, mediano y largo plazo.
De esta manera, la elaboración del análisis presentado por el ONC y el CIEP pone sobre la mesa un tema clave en la implementación de cualquier política pública, la cual se basa indudablemente en la cantidad de recursos asignados para su posterior decantación hacia funciones operativas. Sin lugar a dudas, el documento demuestra que es una relación dual en donde una no funciona sin la otra.
Laura J. Ambrosio Jaramillo
Coordinadora de Estudios Especiales
@AmbrosioJLaura
@ObsNalCiudadano