La garantía de hacer mejor el reparto de la riqueza nacional, empezando por quien asume el nivel más alto de decisión en cualquier país, comienza por desterrar el revanchismo hacia quienes ofrecieron su interés por consolidar lo que hoy somos como nación.
El futuro presidente Andrés Manuel López Obrador debe admitir que la democracia que lo eligió espera un diligente mecanismo legal para eliminar las pensiones de ex presidentes, pues no sería congruente con un Estado de Derecho usar el poder del gobierno para aventajarse en contra de los intereses de ex presidentes.
Durante su campaña, Andrés Manuel insistió una y otra vez en eliminar la partida destinada a ex presidentes. Enfatizó en más de una declaración que la pensión que reciben los ex mandatarios se trata de un acuerdo presidencial de recíproco beneficio al que queda en deuda el gobernante en turno, situación que su gobierno no permitiría e inclusive extinguiría, lo que ha llegado a calentar el ambiente de electores deseosos de que eso se concrete en forma rápida y determinante, aún a costa de pasar por encima de la rendición de cuentas, el escrutinio público y la imagen presidencial.
Para quienes apoyan la eliminación de la partida, la pensión otorgada a los ex presidentes es una desproporción financiera que pudiera ser utilizada para mejores fines, pero la riqueza compartida con los ex presidentes es una situación que les garantiza condiciones de vida cercanas a las que tuvieron cuando fueron máximos gobernantes de este país.
Si bien es cierto que algunos ex presidentes donan el ingreso proveniente de su pensión a fundaciones y otros reciben ingresos por su carácter de consultor u otras ocupaciones, lo verdadero desde el punto de vista legal, es la legitimidad de merecer ese ingreso. La última palabra deberá tenerla la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La pensión es una garantía legal a cualquier función pública que involucre años suficientes de servicio, aunque tratándose de presidentes de una nación, la relevancia de esa función compromete esa suficiencia debido a la importancia del cargo por ser la cúspide de un sistema presidencial que funciona legislando. El gran legislador es el presidente de la República, de ahí su deseable retribución permanente, aunque conlleve el signo distintivo del despilfarro institucional. La tarea de López Obrador será ocuparse de eliminar la pensión a ex presidentes con los medios legales que tiene a su alcance, no los que puede hacer especialmente para restarle importancia a la acción legal contraria. Buscar una ley para un destinatario especial, se convierte en ley injusta.
En conclusión, no se trata de abonar en beneficio de algún ex presidente, sino de dejar claro que el ejercicio de las libertades es lo más importante para la credibilidad entre electores que vieron a AMLO como garante del cambio, y quienes ven a López Obrador como algo que puede tener sentido en tanto se logre la oferta electoral que convenció a esa mayoría aplastante. Muchos miramos con interés que esos discursos motivadores que AMLO dirigió para una gran población, frenaran a partidos políticos que ya nos habían gobernado pero no mantenían su legitimidad inicial, incluso muchas votaciones nacionales evidenciaron que esos presidentes llegaban con porcentajes apenas suficientes para enfrentar los retos de una mayoría.
El aparato legal es esa maquinaria que crea instituciones, moviliza intereses y organiza la distribución de los recursos, pero que los mexicanos nunca la hemos visto funcionar con decoro, agilidad y efectividad. El primero de diciembre nuestra esperanza es que ese aparato legal deje de traficar con influencias, reponga los incentivos sociales y haga que los que menos tienen puedan obtener beneficios radicalmente iguales a los que más tienen.