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Hace unos días que en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, con la que se notifican las adecuaciones a los salarios de los funcionarios públicos; además de que a partir del primer día de enero de 2019, quedarán eliminadas las pensiones para los ex presidentes. Ésta es una noticia que al pueblo de México entusiasma, que aparentemente es extraordinaria porque lo que percibían algunas personas en instituciones gubernamentales era, en verdad, un abuso.
Esta reforma de ley tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos las demás dependencias federales, aquí se incluirán aquellos entes dotados de autonomía constitucional. En palabras simples, ningún funcionario ganará más de los 108 mil pesos mensuales en que se topó el ingreso, esto en busca de que nadie perciba más que el presidente de la República. Los únicos a quienes no afectará son a los magistrados y jueces en activo del Poder Judicial de la Federación.
Esta decisión tiene muchos adeptos, pero también hay que medir los contras que se generarán. Y no para ser pesimistas, pero en un país con una población altamente susceptible a la corrupción, debemos tener lo siguiente en consideración.
Estoy seguro de que existe gente honesta y de gran capacidad para dirigir cualquier dependencia de gobierno y que está acostumbrada a hacer bien su trabajo, con transparencia, y no tendrá problema alguno en seguir con un salario digno y de acuerdo a sus responsabilidades como marca la ley. Habrá otros, que con la misma honestidad, preferirán cambiar a la iniciativa privada para tener mejores ingresos, lo que también es válido.
Hasta aquí lo que de primera instancia se ve positivo, lo ideal en un país que necesita recuperar la confianza en sus servidores públicos, pero desafortunadamente, también estarán aquellos que con esa reducción de salario, se dedicarán a hacer negocios para completar su mes, si no es que ya de por sí lo hacen gracias a la impunidad con la que muchos funcionarios se manejan en las sombras. Esto nos puede colocar, entonces, en peligro de corrupción, lo que es de preocupar.
Lo del fin a las pensiones para ex presientes me parece justo. Es lo correcto, sobre todo cuando la alta burocracia siempre ha sido privilegiada. Lo malo es que tendremos grandes problemas con aquellos que toda la vida han abusado del erario, ahí es en donde hay que poner atención, tenerlos bajo lupa para ver si se conforman con el sueldo que les van a dar o recurrirán a fechorías para ganar más y más.
Hay que hacer, casi casi, un marcaje personal a estos personajes que se quedarán, evitar a toda costa que sigan abusando de su posición o del poder que tienen para enriquecerse. La gente está harta de estas prácticas y está en todos nosotros, el pueblo, hacer que terminen de una vez por todas, para no dejar que la corrupción y la impunidad se antepongan a los intereses de un país al que le urgen mejores funcionarios.
Profesor
