La Arquidiócesis Primada de México aseguró que es la sociedad quien padece las carencias en la implementación adecuada del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y de cómo se han aprovechado sus deficiencias para que se puedan cometer delitos que no ameriten prisión, pero que siguen lastimando a los mexicanos.

A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe , la iglesia señaló que este sistema “agarró a los impartidores de justicia con los dedos en la puerta” y a poco más de un año de su puesta en marcha “pone en la mesa más preguntas que resultados contundentes en beneficio de una sociedad agobiada por los delitos y la acción imparable del crimen”.

“Puerta Giratoria”

es el título del artículo que afirma que los ciudadanos no dieron crédito cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de más de diez mil presos de las cárceles de la Ciudad de México. “El supremo tribunal determinó en julio pasado que a los procesados bajo las reglas del antiguo sistema penal se les debían aplicar los beneficios del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”.

Aquellos procesados y reos que no hayan cometido delitos como crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos e infracciones graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, podrán quedar libres, apuntó el editorial.

Se retoman datos del Informe Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A C, (CIDAC), que dice que el sistema de justicia enfrenta graves problemas para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

“Hay defectos legislativos producto del escaso análisis parlamentario, además de las deficiencias institucionales en las procuradurías y policías debido a la escasa profesionalización para llevar a los criminales ante la justicia. En las movedizas determinaciones del Poder Judicial, los jueces locales ven rebasadas sus capacidades, difiriendo audiencias o bien decretando sanciones en libertad para que los culpables cometan otros ilícitos”.

El mismo reporte manifiesta que, ante la Procuraduría General de la República , de dos carpetas de investigación iniciadas, una esté pendiente de solución, “lo que arroja evidencias del fracaso en cuanto a la agilidad e impartición de justicia expedita conforme a los propósitos de la reforma. En el colmo, al año de haberse echado a andar el sistema, el Procurador General de la República habría reconocido la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia”.

La arquidiócesis encabezada por Norberto Rivera , resalta que “en las reformas estructurales vemos poco a poco un efecto dominó en cuanto a la ausencia de resultados contundentes e inmediatos”.

Subraya que bastaron ocho años para adoptar la reforma penal y a pesar de ese tiempo, se admite que no era lo que se esperaba. “Vicios arraigados, corrupción e ineficiencia han hecho que quien esté pagando la incapacidad de algunos sea la sociedad mexicana que ya no sabe cómo librarse de estas lacras”.

Al final, el texto afirma que algunos magistrados locales admiten que el Sistema Penal Acusatorio es una peligrosa puerta giratoria “los criminales entran y salen de los juzgados como si nada pasara, y sólo para elevar los índices delictivos que algunos se empecinan en minimizar”.

afcl

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