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En una carta, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sus integrantes pudieron haber sido espiados por el Estado mexicano durante el trabajo que desarrollaron en el país.
En la audiencia pública del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México, del 163 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, el comisionado James Cavallaro anunció que recibió una carta del GIEI.
“Nos informan que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México’, sigue y vamos a dar más detalles, vamos a comunicarle formalmente al Estado [mexicano] sobre esta carta”, dijo Cavallaro .
En seguida, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuestionó si las dependencias del propio gobierno mexicano podrán ser capaces de realizar la investigación, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), es una de las instancias señaladas por utilizar el malware o sistema Pegasus.
“¿El Estado [mexicano] tendrá voluntad para investigarse a sí mismo?”, cuestionó Patrón.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lamentó que el gobierno invierta recursos para espiar a los representantes de las víctimas.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) intervino y explicó que la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atendieron las medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los casos de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Las medidas cautelares básicamente están orientadas, primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad y defensores de derechos humanos. Segundo, que se abstengan de utilizar información que pudiese derivarse de este procedimiento”, indicó Campa Cifrián.
En su intervención, Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), expuso que el organismo a su cargo está comprometido con las víctimas de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y con su derecho a la verdad, justicia, memoria y reparación integral.
Rochín del Rincón pidió a las autoridades evitar cualquier revictimización o criminalización hacia los jóvenes y sus familias en su esfuerzo por conocer la verdad y lograr la justicia.
El comisionado se comprometió a que la CEAV refuerce el proceso de atención y reparación integral del daño a las víctimas y a seguir las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CEAV elaborará un plan de atención y reparación integral para las víctimas.
Rochín del Rincón informó que a través de un convenio con la Secretaría de Salud, el gobierno de Guerrero y el Centro Prodh, se continuará con la atención médica de Aldo Gutiérrez Solano en su casa y de igual forma se garantizará la atención médica de Édgar Andrés Vargas, a quien se le otorgará hasta su completa rehabilitación.
