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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó el año pasado más de 47 millones de pesos a través del programa ProAgro Productivo, pagó apoyos por 4 millones 637 mil pesos a personas fallecidas y otorgó incentivos a 174 servidores públicos, informó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Según la auditoría financiera y de desempeño 16-0-08100-02-0288, en 2016 el ProAgro Productivo realizaron pagos “en demasía” por 47 millones 424 mil de pesos, debido a que se autorizaron incentivos por superficies superiores a las establecidas en las reglas de operación.
El documento detalla que se pagaron apoyos por 4 millones 637 mil pesos a personas que fallecieron antes de la fecha en la que los apoyos fueron autorizados, así como a 174 servidores públicos, “situaciones que contravienen la normatividad aplicable”.
Se señala que 25 mil 64 beneficiarios no acreditaron que el apoyo, que asciende a 79 millones 498 mil pesos, fue utilizado para incrementar la productividad de sus terrenos; mientras que en Puebla se identificaron cuatro predios que recibieron apoyos por 114 millones de pesos en los que hay irregularidades con la siembra de cultivos, así como falta de comprobación de los incentivos otorgados por 16 millones de pesos, además de que no existe el expediente que acredite la elegibilidad de un beneficiario a quién se le apoyó con 56 mil pesos.
Desde 2013, la Sagarpa se ha comprometido a depurar los padrones de beneficiarios de ProAgro Productivo y de otros programas que otorgan apoyos a los productores agrícolas, a fin de que los incentivos lleguen realmente a los productores.
El 25 de enero de 2013, el entonces secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, informó que la dependencia realizaba una revisión a fondo de todos los programas de apoyo al campo, incluyendo el Procampo, hoy conocido como ProAgro Productivo, a fin de que los recursos que se emplean lleguen realmente a los productores.
En esa ocasión destacó la necesidad de depurar los padrones que tiene la secretaría desde hace muchos años para que sólo los auténticos beneficiarios sean quienes tengan acceso al apoyo. En el caso del Procampo, Martínez y Martínez reconoció que el programa había mostrado “señales de agotamiento”, por lo que requería de modificaciones en su operación.
Tres años más tarde, el 25 de febrero de 2016, el actual titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, anunció la depuración del padrón del ProAgro, con lo que se buscaba generar ahorros por 880 millones de pesos.
En diciembre de 2015, la dependencia federal firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario para la revisión de los padrones de beneficiarios de los cuatro programas fundamentales de la dependencia: ProAgro, Progan, Propesca y Procafe, lo cuales aglutinaban más de dos millones y medio de beneficiarios, y 15 mil millones de pesos para apoyos.
Los beneficiarios del ProAgro Productivo están obligados a manifestar y acreditar en los centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) el destino de los incentivos recibidos en aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del productor y con las condiciones regionales, en los conceptos siguientes: compra de fertilizantes, compra de semillas mejoradas, productos de control fitosanitario, mano de obra (jornales), yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas, garantías para el acceso al crédito, y pago de servicios y adquisición de combustibles.
El ProAgro Productivo, anteriormente conocido como Procampo, surgió en 1993 como apoyo compensatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y a partir de 2014 se le cambió el nombre a ProAgro Productivo, con el cual se busca otorgar incentivos que propicien la eficacia agrícola.
La Sagarpa explica en su portal de internet que, mediante el ProAgro se brindan incentivos directos a los productores agrícolas con predios en explotación que se encuentren debidamente inscritos en el padrón, con Procampo, los recursos se transferían a los productores empadronados como un apoyo al ingreso, con la única condición de la siembra, ahora ProAgro Productivo se orienta a promover la producción agrícola e impulsar un campo más productivo, competitivo y justo.
Historial de irregularidades. Esta no es la primera vez que el órgano auditor encuentra irregularidades en los apoyos otorgados por la Sagarpa, puesto que durante 2014, la ASF determinó que los subsidios del ProAgro Productivo no estaban asociados al incremento de la producción y la productividad del campo mexicano, debido a que la dependencial entregó los subsidios a productores que no forman parte de la población objetivo, por lo que persiste la baja productividad del sector agrícola y los desequilibrios productivos en el desarrollo regional.
En ese año, la auditoría constató que de un millón 879 mil 861 productores beneficiados del ProAgro Productivo en 2014, 96.9% era parte de la población objetivo y candidato a recibir el apoyo porque obtuvo subsidio del Procampo Productivo en uno de los tres últimos ciclos, y 3.1%,recibieron 552 millones 330 mil pesos sin ser parte de la población objetivo en 2014.
De los 12 millones 86 mil 205 pesos que se pagaron a productores de los estratos de autoconsumo, transición y comercial, 10 millones 860 mil 552 mil pesos, es decir, 89.9% se pagaron de conformidad con el estrato, modalidad de riego y cuota establecidos en las reglas de operación, mientras que un millón 225 mil 652 pesos restantes, 10.1% se erogaron con una cuota distinta o una superficie fuera de los límites que se establecieron en las reglas de operación para cada estrato.
En ese entonces, la ASF determinó que la Sagarpa debía analizar las causas por las que no entregaron los subsidios a la población objetivo y no se aseguraron que los subsidios se pagaran con base en los montos y hectáreas establecidos, además de que debía considerarse el establecimiento de mecanismos que garanticen que la entrega de subsidios sea el medio más eficaz y eficiente para impulsar la productividad, así como corregir disparidades de desarrollo regional.
Pero estas no son las únicas “anomalías”, en su edición del 28 de julio de 2009, EL UNIVERSAL publicó que Procampo dio recursos narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.
En ese entonces se documentó que entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y del Milenio. También subsidiaba a funcionarios y ex servidores locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos.
