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Por impacto de las operaciones de contrabandistas mexicanos, centroamericanos y colombianos de drogas, Centroamérica sufre una profunda “narcodeforestación” en reservas de la biósfera, áreas de conservación y parques protegidos desde Panamá, por el sur, hasta Guatemala, por el norte, y registra una intensa “presión y conflictividad” proveniente de los cárteles criminales que “amenazan sin distinción la institucionalidad, gobernabilidad y seguridad” de la región.
La advertencia sobre “los costos socioecológicos del tráfico de drogas” está contenida en un informe elaborado por la Escuela de Biología de la estatal Universidad de Costa Rica, la Fundación Neotrópica, organización ambientalista costarricense no gubernamental y Earth Economics, institución no estatal estadounidense de investigación económica.
El estudio, emitido ayer en esta ciudad y del que EL UNIVERSAL tiene copia, determinó que el hostigamiento sobre zonas delimitadas y cubiertas para la defensa de la conservación del medio ambiente, surge de varias formas, como “la compra de tierras adyacentes o dentro de las áreas protegidas” para actividades productivas e incluye construir infraestructuras de transporte y rutas vehiculares.
“La evidencia muestra que el aumento en la pérdida del bosque y la degradación ambiental en varias regiones biodiversas centroamericanas tienen conexión con el aumento del interés de los narcotraficantes en estas regiones, dada la poca presencia estatal. Usan estas zonas como rutas de comercio o para ubicar inversiones para lavar los fondos generados por esta actividad ilegal”, puntualizó.
Como ruta crucial para traficar sustancias ilícitas del sur al norte de América, Centroamérica registra la apropiación del espacio ambiental, la apertura de caminos y de pistas de aterrizaje clandestinos y la inyección de flujos monetarios significativos y armas en zonas de “gobernanza ambiental débil”, mientras fincas ganaderas, plantaciones de palma, especuladores de tierras y vendedores clandestinos de madera “se narcocapitalizan”.
Tras precisar que el negocio ilícito inserta a las economías regionales de 5% a 15% del Producto Interno Bruto, aseguró que “una cantidad significativa de esos fondos circulan en rutas de tránsito rurales donde financian la adquisición regular e irregular de tierras, constituyendo mercados de bienes raíces ‘de frontera’”.