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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el espionaje digital contra periodistas y medios en varios países de América y calificó esta práctica como “un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa, al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.
Luego de que The New York Times publicó una investigación basada en un informe de varias organizaciones civiles, en la que reveló que el gobierno mexicano habría espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción mediante el uso del programa informático israelí Pegasus, que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles, entre otras formas de invasión, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Roberto Rock, expresó su condena.
Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán son algunos de los periodistas afectados, quienes junto con activistas perjudicados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y advirtieron que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación”.
Roberto Rock destacó que esta práctica de espiar a un ciudadano sin justificación, es un delito criminal que tiene sanciones de entre seis y 12 años de prisión.
La SIP, desde hace varios años ha repudiado la infiltración de programas espías en las computadoras o dispositivos móviles de periodistas y grupos de noticias. Países como Argentina, Ecuador y Venezuela han sido denunciados por la organización por la participación de organismos del Estado en la ejecución de estos delitos informáticos, que violan la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consigna que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, además de estar prohibido en la mayoría de la constituciones.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas de periodistas de la agencia Associated Press en 2012, incluido el teléfono fijo que la organización tiene en la sala de prensa de la Cámara de Representantes en el Capitolio.
En Venezuela, el Estado utiliza el espionaje cibernético para vigilar a la prensa y a la oposición con el uso de herramientas digitales y piratas cibernéticos contratados para interceptar las comunicaciones en los celulares, tabletas y computadoras.
Esta misma situación ha sido denunciada en Argentina y Ecuador, donde entre octubre de 2016 y marzo de 2017 fueron hackeadas 25 cuentas de periodistas en Twitter y ocho sitios web, según el informe de libertad de prensa presentado en la más reciente reunión de la SIP.
En 2015, en Colombia también se condenó la interceptación ilegal de comunicaciones de varios periodistas por parte de la Policía Nacional.
En 2014, en Panamá se conoció que el gobierno contrató los servicios de la compañía italiana Hacking Team, especializada en tecnología de vigilancia para espiar conversaciones por WhatsApp.