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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR ) reconocen el valor de los más de 65.6 millones de personas que hasta finales del 2016 fueron forzadas a huir de sus hogares y emitieron una serie de medidas para su protección a nivel mundial.
En el marco del Día Mundial del Refugiado , los organismos expresaron su preocupación por la gran disparidad que existe entre el drástico aumento en el número de personas solicitantes de asilo y la disminución en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas.
Esta cifra es la más alta de todos los tiempos e incluye 40.3 millones de desplazados internos, 22.5 millones de personas y 2.8 millones de solicitantes de asilo.
De acuerdo con el informe “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2016” del ACNUR, para finales de 2016 en los países de las Américas se registraban 7 millones 584 mil 816 personas desplazadas internas, 471 mil 178 personas refugiadas, 221 mil 516 personas en situación similar a la de personas refugiadas, 654 mil 640 solicitantes de asilo con sus casos pendientes de resolución y 204 refugiados retornados.
“En los últimos 5 años el número de personas solicitantes de asilo ha crecido de manera alarmante en un 782.11% en las Américas, al tiempo que se ha observado una disminución en el número de personas que han sido reconocidas como refugiadas en la región del casi 9%”, señalan.
La CIDH y el ACNU detectaron que entre los principales desafíos de la región se encuentra la migración forzada de personas del Triángulo Norte de Centroamérica y México debido, principalmente, a la violencia del crimen organizado , en donde se observa un drástico incremento del 3,702% de personas solicitantes de asilo y de 149% en el número de personas refugiadas del Triángulo Norte y así como de 1684% de solicitantes de asilo y 23% de personas refugiadas de México.
A su vez, la crisis humanitaria en Venezuela ha ocasionado un aumento alarmante del 8,828% de solicitantes de asilo, al tiempo que el número de refugiados ha bajado en un 8%; así como los desplazamientos forzados debido principalmente a desastres naturales en Haití.
Ante esta situación, los organismo observan que las medidas que han tomado los Estados de la región resultan insuficientes para responder a la crisis de personas refugiadas que estamos viviendo, pero recalcaron la necesidad de tomar medidas concretas para hacer frente a la situación como:
1.- Abordar y prevenir las causas que originan el desplazamiento interno y la migración forzada transnacional de personas.
2.- Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 y asegurar el cumplimiento de las normas y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Refugiados en las políticas, leyes y prácticas nacionales y regionales.
3.- Establecer a nivel nacional procedimientos justos y eficaces para la determinación de la condición de refugiado, protección complementaria y apatridia.
4.- Garantizar el ingreso al territorio a las personas que solicitan protección internacional, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en frontera.
5.- Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieren protección internacional y a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales de protección.
6.- Desarrollar y coordinar adecuadamente a nivel nacional, regional e internacional mecanismos de respuesta a grandes movimientos de refugiados y migrantes.
7.- Incrementar los programas de reasentamiento de refugiados, junto con habilitar vías seguras, regulares y ordenadas para la migración, tales como programas de visas humanitarias, protección complementaria, reunificación familiar, becas para estudiantes, visas laborales, programas de patrocinios privados, entre otros.
8.- Fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países receptores de refugiados.
9.- Garantizar que la detención migratoria de solicitantes de asilo u otras personas que requieren protección internacional sea siempre una medida de último recurso, admisible únicamente cuando sea razonable, necesaria, proporcional, decidida caso por caso, y utilizada por el menor tiempo posible.
10.- Considerar de manera prioritaria el uso de medidas alternativas a la detención. Garantizar que no se recurrirá a la detención migratoria de niñas, niños y sus padres para cautelar los fines de un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado o un proceso migratorio.
11.- Implementar medidas para promover integración social y la resilencia de las personas refugiadas, en particular a través de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales.
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló “estamos siendo testigos de un momento de la historia moderna el que hemos superado las mayores cifras de refugiados, desplazados internos y otras personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. El continente americano también está viviendo sus crisis de refugiados, crisis que en gran medida están siendo invisibilizadas o abordadas desde enfoques de contención de la migración y disminución de la protección internacional”.
ahc
