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Una lista de víctimas de nueve páginas cuya exposición se extendió más de media hora fue leída frente a las instalaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR). Son comunicadores víctimas de homicidio y desaparición a lo largo del país desde el año 2000; todos los casos han quedado impunes.
“¡Justicia!”, era el grito unísono entre cada uno de los nombres.
La lista comenzó con Luis Roberto Cruz Martínez, reportero de Multicosas, asesinado en Tamaulipas el 1 de febrero de ese año, y culminó con la desaparición de Salvador Adame Pardo, director de Canal 6TV, el 17 de mayo pasado en Michoacán.
El mitin comenzó frente al Palacio de Bellas Artes y fue convocado para conmemorar un mes del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa.
Una enorme bandera negra se extendió por toda la explanada de Bellas Artes y avanzó unos metros hacia las instalaciones de la FEADLE.
Las manos que la cargaban con fuerza también portaban imágenes de los otros caídos: se apreciaban los rostros de Miroslava Breach, Cecilio Pineda, Maximino Rodríguez, Rincardo Monlui, entre otras víctimas.
Al llegar a la fiscalía se colocaron sellos simbólicos de clausura en reclamo por la escasa respuesta en los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de comunicadores.
Los sellos fueron puestos con engrudo mientras el pase de lista se llevaba a cabo. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos registraban cada momento y se unían a las protestas.
La bandera que había cambiado el verde y el rojo por el negro ondeó unos minutos frente al inmueble del órgano desconcentrado y después fue retirada para dejar bajo sí diversas siluetas humanas, como las de los cadáveres cuando son levantados por el servicio médico forense.
“Estamos aquí para demandar justicia y no vamos a ceder. Por ello exigimos que las fiscalías estatales y este elefante blanco, la fiscalía federal (FEADLE), decidan quién asume los casos de Javier Valdez, de Miroslava Breach y de otros compañeros que han sido asesinados.
No queremos que se diluya la responsabilidad antes de que el crimen sea castigado y los autores materiales e intelectuales sean llevados a juicio. Que de inmediato se den a conocer a la opinión pública los avances de las investigaciones del crimen, que se identifique a los presuntos autores materiales e intelectuales, la imposición de medidas cautelares a los presuntos responsables para asegurar que no se sustraerán de la justicia y que autoridades estatales y federales garanticen la libertad de expresión”, decía una voz a través del altoparlante.
El pasado 13 de junio la Procuraduría General de la República publicó una serie de acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para autorizar el ofrecimiento y entrega de una recompensa de un millón y medio de pesos para quien brinde información que lleve a la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los homicidas y agresores de seis periodistas.
