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El subsecretario de Derechos Humanos Gobernación, Roberto Campa, reconoció que en los casos de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach, de Chihuahua, y Javier Valdez, de Sinaloa, falló el monitoreo de medios y redes sociales que realiza el mecanismo de protección de la dependencia, porque no identificó ninguna amenaza contra los comunicadores.
Al comparecer, junto con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, y la subprocuradora de Derechos Humanos de PGR, Irene Herrerías, Campa Cifrián informó a los legisladores que todos los días se hace un monitoreo de medios y redes para detectar posibles agresiones a periodistas e invitarlos a que acepten la protección.
A pregunta del senador Héctor Larios (PAN), sobre si el monitoreo había advertido alguna señal de riesgo en el caso de ambos periodistas asesinados, sobre todo en el caso de Valdez, columnista de RíoDoce, Campa Cifrián dijo que en el caso de Valdez no se consideraron algunos puntos de alerta, por lo que reconoció que deben ser más eficaces con el trabajo de monitoreo.
El fiscal de PGR, Sánchez Pérez expresó que el objetivo es abatir la impunidad en todos los delitos que se cometan con el fin de eliminar, afectar o menoscabar la libertad de expresión: “Como procuraduría tenemos la certeza que debemos trabajar para resolver los crímenes contra periodistas, y mientras exista impunidad, las demás medidas de protección y prevención para reporteros no serán suficientes para evitar que nuevos actos de esa naturaleza sucedan en el país”, dijo.
Explicó que se trabaja en el fortalecimiento de la fiscalía, que cuenta con 17 Ministerios Públicos especializados, por lo que se requiere más personal y mayor coordinación con los tres niveles de gobierno, y con la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal.
Antes, los funcionarios reconocieron que la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en el país representa un “desafío extraordinario” en el contexto de la lucha del gobierno federal contra la delincuencia organizada, que goza de amplias ventajas como en ningún otro país.
Campa Cifrián recordó que en la frontera norte del país hay una gran disponibilidad para comprar armas de fuego de cualquier calibre en más de ocho mil tiendas, así como corporaciones de justicia y policiales débiles o penetradas por el crimen.
Expuso que el patrón común en los asesinato a periodistas es la delincuencia organizada, no obstante, reconoció que en 40% de los casos, las agresiones contra periodistas provienen de agentes del estado, por ello la falta de confianza en el mecanismo.
El funcionario aseguró que de los periodistas asesinados en el país, ninguno de ellos formaba parte del mecanismo de protección y que de los 538 comunicadores y defensores que actualmente están adscritos, ninguno ha sido asesinado, mientras que han fallecido dos escoltas cumpliendo su deber.
El senador David Monreal (PT) cuestionó que de los 114 homicidios cometidos contra periodistas, la FEADLE solo atrajo 48. “¿Cuáles fueron los criterios para atraer solo esos casos?”.
La diputada Lía Limón (PVEM) preguntó porque no se programaron recursos presupuestales para el mecanismo y sí los habrá para el próximo ejercicio fiscal, porque es fundamental.
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, cuestionó la poca efectividad de la fiscalía al momento de atender los casos de agresiones contra reporteros, porque de los 368 expedientes abiertos por la PGR, sólo ha habido sentencias condenatorias en tres casos, es decir, “99.7% permanece en la impunidad”.
El diputado de Morena, Vidal Llerenas, dijo que de acuerdo con los datos presentados, no hemos sido capaces de prevenir las agresiones contra periodistas, e incluso lamentó que durante las investigaciones se ha filtrado información para “estigmatizar” a los periodistas: “Esto al final nos lleva a que no se haga justicia en estos casos”.
