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La Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
El asunto deberá ser resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, hasta el momento no ha sido turnado a ningún ministro para que realice el proyecto.
Por el momento, la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, deberán rendir su informe a los ministros para continuar con el trámite, así como exhibir las pruebas que consideren pertinentes.
La PGR impugnó principalmente la mediación comunitaria establecida en la ley pues consideró que la Asamblea Legislativa debió esperar a que el Congreso de la Unión emitiera la ley general sobre mecanismos alternos de solución de controversias.
