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Un olor ácido que pica la nariz y produce un ardor en la garganta emana de una especie de rodillo gigante que está recubierto de una película verdosa, la cual, al ser retirada con un utensilio parecido a una espátula, se convierte en un “polvo” que al sostenerlo entre las manos deja los dedos manchados de color café.
Este “polvo” o “lodo”, como lo definen dentro del sector de los residuos peligrosos, es el sedimento que fue separado de una solución acuosa que contenía pintura, aceite o alguna sustancia corrosiva para que el agua fuera tratada y pueda ser reutilizada una vez que se le han retirado sus propiedades tóxicas, este es uno de los procedimientos que se llevan a cabo en una de las 17 empresas en Baja California que manejan residuos peligrosos, de las cuales, 10 se encuentran en Tijuana.
Los residuos peligrosos son aquellos que poseen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, químicas o biológicas, por lo que pueden presentar riesgos a la salud humana y al ambiente.
Son generados por actividades industriales, aunque otras fuentes de residuos peligrosos son los hospitales, el comercio y la minería.
Debido a su composición, estos materiales requieren de un tratamiento especial para reducir su peligrosidad.
Desde finales del año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo y almacenamiento de residuos peligrosos realizadas por empresas dedicadas a esta actividad en la ciudad de Tijuana; sin embargo, las autoridades ambientales no descartan que estas acusaciones vengan de los competidores de este sector.
Alfonso Blancafort Camarena, delegado federal en esa entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), consideró que estas denuncias se tratan de un “pleito empresarial” debido a que las plantas involucradas pertenecen a empresarios destacados en la zona como son Marcelo Hinojosa Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tijuana, y Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, la nueva presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tecate.
Marcelo Hinojosa es dueño de Lavandería Industrial Maypa y Prodyservma. Ruiz Mendoza es propietaria de Recicladora Temarry de México.
“Es un pleito empresarial, uno está como presidente de Canacintra y la otra, como presidenta del CCE. Es un pleitote, están compitiendo, señalando los errores del otro, están queriendo desacreditarse entre ellos, por eso se genera ruido y muchas denuncias no son ciertas”, afirmó Blancafort.
Derivado de estas denuncias, la Profepa inspeccionó a las 17 plantas tratadoras de estos desechos a fin de evitar interpretaciones respecto a “favoritismos” entre unas y otras empresas y establecer un “piso parejo” entre los competidores. Algunas de las plantas inspeccionadas fueron Lavandería Industrial Maypa, Grupo Ambiental del Noroeste, Servicios Ambientales Mexicanos y Prodyservma.
Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, comentó que es común que estas denuncias sean realizadas por las empresas que compiten entre sí, sin embargo, destacó que la obligación de esa dependencia es atender toda clase de denuncias, incluso, las anónimas a fin de evitar daños al medio ambiente por el mal manejo de los residuos.
“No hay nada raro que un empresario denuncie a su competidor con la intención de distraerlo y de utilizar, por ejemplo, a la Profepa, como lo hacen también con otras autoridades, para generar algún tipo de torpeza o asegurarse que el competidor cumple con la ley”.
Después de haber dado cumplimiento a las medidas correctivas señaladas por la autoridad, se levantó la clausura a la empresa y en la resolución, la cual aún está en proceso, se impondrán las sanciones económicas que la ley establece.
Mientras que del 22 al 24 de febrero de 2017, la dependencia federal realizó una inspección a la Recicladora Temarry de México, debido a que esa autoridad recibió una denuncia promovida por Grupo Protector Ecológico de Baja California y México, Comunicación y Ambiente, por la presunta importación ilegal de aproximadamente 9 mil 800 toneladas de residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos.
La Profepa destacó que al revisar las bitácoras de almacenamiento y de operación del proceso de reciclaje no se encontró algún incumplimiento a la legislación ambiental por parte de la empresa.
“Estamos trabajando para que la inspección industrial sirva para establecer un piso parejo de competencia y que no se utilice el incumplimiento de la ley como una ventaja para alguna de estas empresas. Lo que estamos haciendo en Tijuana es precisamente visitar a todas las empresas tratadoras de residuos peligrosos con la intención de valorarlas de la misma manera”, enfatizó.
Blancafort explicó que por su ubicación en la franja norte del país, Tijuana se considera como el punto de cruce transfronterizo de residuos peligrosos más importante, no sólo para México, sino también para Estados Unidos, debido a la actividad industrial desarrollada ahí.
Se aseguran de cumplir
Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, propietaria de Recicladora Temarry de México, aseguró que las tres empresas que conforman su corporativo cumplen con la normatividad ambiental para el reciclaje, acopio y transporte de residuos peligrosos.
Acusó que las inspecciones de las autoridades de la Profepa son “disparejas”, puesto que a unas empresas las revisan más que a otras; en seis meses, sus empresas han sido inspeccionadas tres veces.
“En algunas hay más inspecciones, en otras menos, lo importante es que la Profepa tenga los suficientes inspectores para que tengan oportunidad y el tiempo para revisar las instalaciones y corroborar que las actividades realizadas cumplen con las autorizaciones de la Semarnat. Nosotros estamos en un predio de 10 mil metros cuadrados, y a mí se me hace muy extraño que haya empresas que tienen cinco o 10 permisos con menor capacidad de extensión”, dijo.
Detalló que al año sus empresas manejan 30 mil toneladas de residuos peligrosos tanto industriales como biológicos infecciosos, estos últimos procedentes de los hospitales y clínicas; exhortó a todo aquel que tenga una inquietud sobre el funcionamiento de sus empresas a que se informen bien antes de lanzar alguna acusación.
Marcelo Hinojosa Ornelas, director de Lavandería Industrial Maypa, comentó que las acusaciones sobre un presunto manejo irregular de los residuos peligrosos provienen de la competencia y aseguró que todos los procesos que se realizan en la empresa que dirige, y en Prodyservma, cumplen con la normatividad ambiental.
“Es una manera que tiene la competencia de desacreditarnos, el problema es que somos la única empresa local familiar. Todas las demás son empresas transnacionales, tienen mucho capital, mucha influencia con autoridades y nos mandan auditorías, ese ha sido parte de nuestro éxito, tenemos un proceso de mejora constante”, subrayó.
Mayor control a inspecciones
Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, señaló que la vigilancia a los residuos peligrosos es insuficiente desde que se generan, su transportación, manejo hasta su disposición final.
Advirtió que con los recortes presupuestales que han tenido, tanto la Semarnat como la Profepa, en los últimos años, estas instituciones quedan “rebasadas” para la vigilancia de todo el sector ambiental, en especial, el de los residuos peligrosos.
El activista señaló que se requiere de un control más estricto a toda la cadena de los residuos peligrosos, puesto que hay “varios vacíos” en su supervisión que pueden representar un riesgo para el medio ambiente y la salud de los pobladores.
“No hay una certeza de que estas empresas den un adecuado tratamiento a los desechos, ya sea quitándoles su peligrosidad mediante productos químicos y que no los tiren en basureros a cielo abierto. Necesitamos un mejor sistema para supervisar estos procesos”.
Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, señaló que en dos de cada tres inspecciones a empresas de todo el país que manejan residuos peligrosos, se han encontrado irregularidades como la falta de autorizaciones para el tratamiento y almacenamiento de estos desechos, lo que puede generar un daño al medio ambiente y a la salud de la población.
Desde el 1 de enero de 2013 a la fecha, la Profepa ha realizado a nivel nacional 19 mil 500 visitas de inspección a las 2 mil 579 empresas involucradas en los residuos peligrosos, se han impuesto multas por más de 250 millones de pesos; mientras que 230 han sido clausuradas, de las cuales 108 han sido clausuras parciales —una parte de la instalación— y 122 totales.
De las 2 mil 579 empresas que forman parte de la cadena del manejo de estos desechos, mil 622 están autorizadas para la recolección y transporte de los residuos peligrosos, 682 para su almacenamiento, 212 para su reciclaje, 51 para su tratamiento, nueve para su incineración y tres para su confinamiento final.
Estas plantas se concentran en las zonas donde hay una mayor actividad industrial como es la región centro del país, el Bajío, en la zona norte en estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, así como en la franja fronteriza ubicada en Baja California.
“Las plantas que hemos clausurado es porque no cuentan con las autorizaciones con las que deben contar, otorgadas y ofrecidas por la Semarnat, particularmente se requieren autorizaciones para el tratamiento de los residuos peligrosos para cada proceso de tratamiento; en el caso de los generadores se requiere contar con un registro de generación y uno de las irregularidades más comunes tiene que ver con los almacenes temporales de residuos peligrosos con los que deben contar”, dijo.
