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México atraviesa una crisis de desconfianza, en la que los mexicanos viven en un ambiente de temor constante que atenta contra la dignidad de las personas, infunde terror y genera más violencia, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En el estudio “Los desaparecidos nos faltan a todos” realizado por el Observatorio Nacional de la CEM, los 134 obispos del país señalaron que “las desapariciones forzadas son un grave problema que ni la autoridad, ni la Iglesia, ni la sociedad civil pueden ignorar, por lo que para atender esta problemática “no bastan las buenas voluntades”.
“La incertidumbre que acompaña a los familiares no desaparecerá de sus vidas, sino hasta que den con el paradero de sus desaparecidos. Y aquellos que están viviendo esta experiencia, esperan un pronunciamiento que los acompañe en su indignación”, expresó.
El documento firmado por Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, refirió que la fosa clandestina en Veracruz, la de Jojutla así como los 4 mil fragmentos óseos hallados en Torreón, Coahuila son muestras de la “delicada” situación de violencia por la que atraviesa el país que hacen “urgente la necesidad de un despertar hacia Dios; porque la violencia ha alcanzado a nuestras familias, y el pueblo de México no debe acostumbrarse, ni ser indiferente ante esta cruda realidad”.
Comentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 57 mil 861 casos de desaparecidos en 20 años, mientras que en los últimos 10 años las autoridades han encontrado al menos 855 fosas clandestinas con mil 548 cuerpos. Destacó que la lista de estados donde se han encontrado fosas clandestinas es “penosamente más amplia” que la de las entidades donde no las hay por lo que nos encontramos ante “una crisis de desconfianza y de temor constantes”.
El Episcopado Mexicano destacó que hasta hace algunos años los casos de desapariciones eran aislados pero actualmente “hay personas desaparecidas en casi todos los lugares y a todos los niveles” que van desde hijos de empresarios, profesionistas, migrantes, campesinos, deportistas, sacerdotes, policías, militares y funcionarios públicos; aunque son los más vulnerables son los primeros en ser “lacerados por la injusticia y la violencia”.
“Sabemos que las personas desaparecidas son víctimas de la trata de personas, del tráfico de órganos, secuestros y por el narcotráfico. Y las fosas clandestinas representan un nuevo método para desaparecer abiertamente a personas en masa. Estos actos de violencia representan el más grande descaro y la mayor crisis de la legalidad”, indicó.
El estudio calificó como “grave” que el número de restos identificados es “admirablemente reducido” en comparación con el número de cuerpos encontrados, por lo que “la desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes que afectan a la sociedad por las violaciones múltiples a los derechos humanos”.
lsm
