La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó al Gobierno de la Ciudad de México a pagar 20 millones de pesos a una mujer por una negligencia que derivó en el fallecimiento de su hija de tres años de edad en 2004.
La sentencia emitida por la Primera Sala de la Corte concluye a once años del litigio iniciado por la madre de la víctima quien demandó una responsabilidad civil contra el personal del Albergue para Mujeres que Viven Violencia Familiar, un médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya y el Gobierno de la Ciudad de México.
Esto, debido a que acudió al Instituto de la Mujer del Distrito Federal junto con sus dos hijos, de siete meses y tres años de edad, a solicitar ayuda por ser víctimas de violencia familiar.
Allí le ofrecieron trasladarla al albergue y fue informada de que en el mismo había un brote de varicela pero tampoco le ofrecieron más opciones ni medidas preventivas.
Ante esto, la mujer aceptó quedarse en el albergue donde su hijo de siete meses de edad se contagió, por lo que la familia fue trasladada al área de personas que habían contraído la enfermedad donde su niña de tres años también se contagió.
A pesar de ello, la familia permaneció en el albergue durante 10 días al término de los cuales la menor tuvo que ser trasladada al Hospital Pediátrico de Tacubaya donde por primera vez le fue prescrito un tratamiento para la enfermedad con atibióticos.
Horas después de regresar al albergue, la niña falleció por una varicela que se complicó con sepsis.
Por ello, en 2006 la señora demandó y de inicio le fue asignada una indemnización de menos de un millón de pesos porque la señora obtenía ingresos menores a mil 800 pesos mensuales como vendedora de helados.
Sin embargo, en 2014 la misma Corte determinó que su situación económica no era argumento suficiente para limitar la indemnización.
A pesar de ello, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX le asignó 15 millones de pesos como indemnización, razón por la que el asunto volvió a ser atraído por el Máximo Tribunal.
En consecuencia, los ministros indicaron que la indemnización debía incrementarse a 20 millones de pesos no sólo por la muerte de la menor sino porque el Gobierno local obstaculizó el proceso de recuperación por el que debía pasar la mujer en su carácter de víctima de violencia familiar e incluso durante las primeras etapas del proceso pretendió responsabilizarla parcialmente de lo ocurrido.
