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Claudia Ramírez, subjefa de información del diario La Prensa Gráfica, en El Salvador, afirma que el ataque a un periodista es también un peligro directo a la libertad que tiene un país para conocer y entender su dinámica social.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ramírez señala que los gobiernos están obligados a tomar acciones concretas y duras para detener los actos violentos contra la prensa, “pero da la impresión de que en México no ocurre eso”, dice.
Para la periodista, un dicho de Ryszard Kapuścinski ejemplifica la magnitud del problema. La violencia contra periodistas “es una manera clara de querer silenciar su trabajo”, porque ocurre después de publicaciones que, como decía el corresponsal de guerra, “ponen la luz donde están las cucarachas”.
Cualquier intento de silenciar la información golpea al gremio periodístico, pero sobre todo “mina los caminos para conocer la verdad y hacer crecer a cada país”, sentencia.
¿Qué tanto preocupa la situación de México a los países de América Latina?
—Todos estamos bastante alarmados por el nivel de violencia que vive México. El caso de Javier Valdez Cárdenas terminó de poner en rojo esta alarma que nos tenía ya con los ojos puestos en México, por cómo se está moviendo el tema de violencia, los asesinatos, el acoso y que termina siendo casi siempre por una publicación que pone o deja en mal a fuentes que ya conocemos que están cometiendo actos ilícitos.
Muchos de los delitos contra periodistas que se cometen en México los compartimos como región, ya que Guatemala, Honduras y El Salvador tienen un tema de pandillas y de narcotráfico fuertes, que no ha querido ser reconocido del todo por las autoridades, y eso nos preocupa. La Prensa Gráfica se unió al “¡Basta ya!” porque es un momento para estar unidos y denunciar lo que está ocurriendo.
¿Qué tipo de repercusiones tiene esta situación?
—Creo que es importante establecer que cuando se ataca a un periodista se está atacando también la libertad que tiene un país para conocer y entender su dinámica social. Entonces, es importante entender que defender el trabajo periodístico es defender la democracia misma y que los gobiernos están obligados a tomar acciones concretas y duras contra estos hechos.
Da la impresión de que en México no ocurre eso, tras la muerte de Javier hablaban de que aproximadamente 98% de casos que no se han resuelto, y eso es gravísimo, sería gravísimo en cualquier delito que ese porcentaje quede impune.
Cualquier acto para callar o tratar de silenciar le hace daño a la sociedad en general, al gremio por supuesto que nos golpea, pero a la sociedad en sí misma le hace mucho daño, porque se están minando los caminos para conocer la verdad y hacer crecer a cada país. Nosotros no ofrecemos ninguna seguridad más que nuestras palabras y sobre eso construimos nuestras vidas y la vida de nuestros pueblos, eso debe ser respetado.
Con el problema de las pandillas, ¿cómo viven ustedes el ejercicio periodístico?
—Es bastante diferente a lo que ocurre en México, el tema de las pandillas es algo que nos atraviesa a todo el país y nos afecta en general, no sólo a periodistas, pero claro que nos ha limitado, más en el sentido en que hay zonas a donde no es fácil accesar sin llevar seguridad policial. No nos hemos visto afectados directamente, es decir, no ha habido atentados ni nada por el estilo, algunos colegas han sufrido amenazas, pero no tenemos alguna muerte que lamentar por esos casos, afortunadamente.
¿Estas amenazas han sido de parte de grupos criminales o del gobierno?
—No lo podría establecer claramente, porque no ha habido seguimientos muy precisos por parte de las autoridades. En El Salvador hay un problema con algunos grupos que tratan de eliminar a los pandilleros con medidas fuera de la ley y creemos que pueden venir de ellos, también por parte de la fuerza policial, digamos delegaciones o agentes, pero de una manera muy independiente a la corporación en sí misma.
Estos grupos dicen que estamos tratando de poner como víctimas a las pandillas, pero lo cierto es que en muchas ocasiones lo que documentamos es el abuso del poder que hay por parte de los cuerpos policiales, acciones que no cumplen los parámetros de derechos humanos y esa sí es nuestra responsabilidad, dar a conocer los abusos de parte de la autoridad; pero sus malestares han sido a un nivel muy pequeño todavía.
