La exigencia de justicia, cero impunidad y mayor protección para periodistas fue llevada hasta las puertas de la Procuraduría General de la República (PGR) en un documento dirigido al procurador Raúl Cervantes Andrade; la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, y al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez.
A menos de una semana de haber sido designado como fiscal, Sánchez Pérez enfrenta la responsabilidad de responder por el asesinato de Javier Valdez, cofundador de RíoDoce y colaborador de La Jornada, en Sinaloa, y la agresión contra Sonia Córdova, del Semanario El Costeño de Autlán, en Jalisco.
Integrantes de la Casa de los Derechos de los Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de La Jornada exigieron justicia para los periodistas ejecutados en este año: Cecilio Pineda, director de La Voz de la Tierra Caliente en Guerrero, asesinado el 2 de marzo; Ricardo Monlui, director de El Político y colaborador de El Sol de Veracruz, asesinado el 19 de marzo; Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora de El Norte, el 23 de marzo; Maximino Rodríguez Palacios, del portal La Noticia y del blog Colectivo Pericú, el 14 de abril; y Gilberto Álvarez Landeros, locutor de Morelos, el 29 de abril.
También condenaron la agresión contra un grupo de reporteros retenidos en Tierra Caliente, Guerrero, por alrededor de 100 sujetos armados, quienes los despojaron de sus pertenencias.
Judith Calderón Gómez, presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, hizo un llamado para que se tomen medidas de seguridad de parte de las autoridades y de los directores de los medios de comunicación.
Jorge de la Vega, secretario general de la Casa de los Derechos de los Periodistas, lamentó el asesinato de Javier y dijo que representa un agravio a la libertad de expresión.
"Pedimos garantías al ejercicio a la libertad de expresión. Estamos indignados, hasta la madre de un país en el que todos los días amanecemos con noticias de muerte y asesinatos. Exigimos garantías al Estado mexicano para el trabajo periodístico", expresó De la Vega.